El Defensor del Pueblo abre la vía para que las transfronterizas en Marruecos crucen a Ceuta sin visado

El drama de muchas trabajadoras transfronterizas que perdieron sus derechos y empleos en Ceuta al quedar varadas en Marruecos tras la pandemia entró en una siguiente fase el pasado 11 de febrero. El Defensor del Pueblo, que pidió “información urgente” sobre la situación de estas mujeres -mayoritarias, aunque también hay hombres- a la Dirección General del Magreb, el Mediterráneo y Oriente Próximo, órgano directivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió la respuesta y se la hizo llegar a la Asociación de Consumidores Halal (ACOHA), entidad volcada a través de su secretaria, Marian Aretio, con esta problemática surgida desde que se empezaron a exigir visados Schengen para acceder a la ciudad desde el país vecino. Según el texto al que ha tenido acceso este diario, la Institución de Alto Nivel abre una vía para que cualquier afectada, con su documentación y tras realizar los trámites requeridos en el consulado, cruce la frontera para regularizarse y así poder decidir si retoma su vida de antes o si aplica a las ayudas que le corresponden por los años cotizados en territorio español.

El principio del documento firmado por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso este diario, confirma que desde el Alto Comisionado se ha obtenido respuesta de la Dirección para El Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, en la que se da cuenta de que los nacionales marroquíes residentes en las provincias de Tetuán y Nador se beneficiaron hasta la pandemia de un régimen de acceso sin visado a Ceuta y Melilla.

Dicho régimen, subrayan, quedó suspendido mediante resolución por la Secretaría de Estado de Seguridad el 13 de diciembre de 2022, quedando constancia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, continúa el texto, las trabajadoras transfronterizas de Ceuta han podido entrar y salir de la Ciudad Autónoma sin necesidad de visado a través de un permiso administrativo para cruzar la frontera que se renueva periódicamente. Hasta este punto, el documento explica el contexto de la situación, pero a continuación va más allá.

“Cuestión más compleja es la referida a aquellas trabajadoras transfronterizas que hayan perdido su documentación o cuyo permiso administrativo ha caducado o que desean tramitar su autorización por primera vez, para lo que deberían realizar los trámites correspondientes ante la Oficina de Extranjería. Igualmente, se han detectado problemas en el caso de las ciudadanas marroquíes que se encuentren en su país y deban realizar trámites ante las autoridades españolas, para las que deben obtener el correspondiente visado para acceder a territorio nacional”. 

A la vista de lo anterior, reza la respuesta del órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores, en caso de encontrar dificultades para realizar dichos trámites o para obtener un visado ante el consulado español correspondiente, “es preciso que se dirija de nuevo a esta institución manifestando los casos concretos y acompañando la copia de la correspondiente documentación”.

La contestación de la Dirección General para El Magreb, Mediterráneo y Oriente Medio ‘pasa la pelota’ directamente a la Delegación del Gobierno en Ceuta, que cuenta con una nueva cara desde hace solo unos días: Miguel Ángel Pérez Triano, también líder del PSOE de Ceuta. Según lo expuesto por el Defensor del Pueblo en la respuesta facilitada a ACOHA, las transfronterizas que están en Marruecos y que perdieron sus empleos a raíz de la pandemia tienen derecho a pasar después de llevar a cabo los trámites correspondientes.

“El Defensor está diciendo que esas mujeres, aquellas que puedan justificar que han estado trabajando en Ceuta, tienen derecho a pasar. Que no necesitan visado, eso es lo que está diciendo el Defensor, y lo dice en base al escrito, a la contestación o a la respuesta que ha recibido de la delegación del Ministerio de Exteriores”, expresan desde ACOHA a este medio.

Para la entidad, la respuesta recibida supone un “logro” total, ya que esperan solucionar situaciones dramáticas por las que están pasando centenares de personas transfronterizas, muchas de ellas en edad avanzada. ACOHA ha recogido firmas y documentación de más de 600 afectadas en el país vecino que pueden demostrar los años trabajados en territorio español. “El Defensor defiende la idea de que tienen derecho a volver”, insisten. 

Regularización y cita con Triano

Desde ACOHA trasladan a este diario que pedirán una cita con Triano para abordar la situación después de la respuesta recibida por el Defensor del Pueblo a través del órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Entendemos que no solo por razones humanitarias, sino porque tienen derecho a recuperar sus cotizaciones”, subrayan.

Además, desde la entidad pedirán que las transfronterizas afectadas puedan optar al proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular aprobado por el Gobierno a finales de enero de 2026, que prevé que más de medio millón de personas arreglen su documentación para residir en España de forma legal. 

“Vamos a pedir que se les incluya en esa regularización. Esto puede ser una oportunidad para abrir un proceso paralelo para ellas. Tenemos expedientes de unas 600 personas. Queremos que al menos a esas afectadas que llevaban muchísimos años trabajando en Ceuta se les ampare legalmente”.

Sentencia favorable

El pasado mes de julio, este diario adelantó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada a finales de abril. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla dio la razón a una empleada marroquí en España para que pudiera solicitar su residencia por motivos de arraigo laboral por haber podido demostrar que estuvo trabajando -y dada de alta en la Seguridad Social- 4 años y 10 meses. 

La decisión, aseguraron desde ACOHA, puede respaldar a las damnificadas que se quedaron atrapadas en Marruecos y que, después de años cotizando, quedaron varadas en el país vecino tras la pandemia. Al aplicarse una nueva norma que exigía el visado Schengen para cruzar a Ceuta, muchas de ellas perdieron sus empleos y derechos a pesar de haberse llevado toda una vida trabajando. A este ‘clavo’ también se aferró la entidad para tratar de solucionar la problemática que llevan años sufriendo centenares de personas.