Desalojados los asentamientos ilegales de los bajos del Baluarte de los Mallorquines
INVASIÓN CEUTA
La Policía Nacional y militares intervinieron en la mañana de este domingo en la plaza de Al-Idrisi, donde un grupo de migrantes habían instalado un asentamiento que había sido denunciado por los ciudadanos
La intervención llevada a cabo este domingo, pasadas las 8.30 horas, por efectivos de la Policía Nacional y militares en los bajos del Baluarte de los Mallorquines, concretamente en la plaza Al-Idrisi, vuelve a poner de manifiesto que Ceuta continúa arrastrando las consecuencias de la invasión sufrida a finales de julio.
En esta ocasión, los agentes localizaron a un grupo de aproximadamente veinte migrantes, entre menores y adultos, que habían establecido asentamientos improvisados en la zona. Todos fueron sorprendidos mientras dormían, después de que varios ciudadanos alertaran de la situación. Una intervención que evidencia que, pese a los dispositivos desplegados durante las últimas semanas, todavía existen personas que permanecen en diferentes puntos de la ciudad, ocupando espacios públicos y estableciendo campamentos improvisados.
Lo ocurrido en la plaza Al-Idrisi no es un episodio aislado. Es una muestra más de que la situación migratoria de Ceuta continúa sin estar resuelta y de que las actuaciones desarrolladas hasta ahora no han conseguido devolver a la ciudad la normalidad que reclaman sus vecinos.
Aunque hace varias semanas se procedió al desalojo de las playas del Trampolín y Benítez, y también se han desarrollado intervenciones en distintas barriadas especialmente afectadas por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, la realidad es que todavía son numerosos los migrantes que permanecen en territorio ceutí. Algunos se encuentran acogidos en los recursos habilitados por las administraciones, mientras que otros continúan deambulando por las calles, plazas y diferentes espacios públicos, sin que se conozca con exactitud su identidad o situación administrativa.
El Gobierno de España sigue sin ofrecer una solución definitiva
La principal cuestión que continúa generando malestar e incertidumbre es la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Gobierno de España en materia de retornos a Marruecos.
Pese al tiempo transcurrido desde los acontecimientos de finales de julio, miles de personas continúan pendientes de una solución. Mientras tanto, el Ejecutivo central no ha conseguido materializar un proceso efectivo de retornos forzosos que permita resolver la situación de quienes entraron irregularmente en Ceuta y cuya permanencia sigue condicionando la vida cotidiana de la ciudad.
Conviene recordar que los regresos que se han producido hasta el momento se han llevado a cabo de manera voluntaria. Es decir, no se ha desarrollado una operación generalizada de expulsiones que permita hablar de una respuesta definitiva a la entrada masiva de personas registrada durante aquellos días.
Esta circunstancia plantea una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuál es el plan del Gobierno de España para que Ceuta pueda superar definitivamente aquella crisis provocada por Marruecos?
La ciudadanía necesita explicaciones, pero, sobre todo, necesita soluciones. No basta con desplegar dispositivos policiales, realizar desalojos puntuales o trasladar personas entre diferentes recursos de acogida. Tampoco es suficiente con mantener a miles de migrantes en instalaciones habilitadas mientras otros continúan ocupando espacios públicos.
Es imprescindible que el Gobierno central explique qué actuaciones está llevando a cabo, cuáles son los resultados obtenidos y qué previsiones maneja para resolver una situación que se prolonga en el tiempo.
Ceuta no puede acostumbrarse a vivir en una situación de excepcionalidad
Los vecinos de Ceuta tienen derecho a recuperar la tranquilidad, la convivencia y el uso normal de sus espacios públicos. La presencia de asentamientos improvisados, la ocupación de determinadas zonas y la incertidumbre sobre la situación administrativa de las personas que permanecen en la ciudad son cuestiones que requieren una respuesta coordinada, constante y eficaz de todas las administraciones implicadas.
La ciudad no puede permanecer indefinidamente en una situación de excepcionalidad, ni sus ciudadanos pueden asumir como algo habitual las consecuencias de una crisis que necesita una solución política, administrativa y diplomática.
La responsabilidad del Gobierno de España es especialmente importante. Es el Ejecutivo central quien dispone de las competencias y de los instrumentos necesarios para abordar las relaciones con Marruecos, gestionar los procedimientos de extranjería y articular, dentro del marco legal, las medidas que correspondan en materia de retorno.
Por ello, resulta necesario que el Gobierno deje de transmitir la sensación de que la situación está controlada cuando los hechos que se siguen produciendo sobre el terreno demuestran que todavía quedan numerosos asuntos pendientes.
También es fundamental garantizar la protección de los menores, identificar adecuadamente a las personas que permanecen en Ceuta y ofrecer una respuesta individualizada conforme a la legislación vigente, sin confundir las situaciones de los adultos con las de los menores de edad.
Una solución que no puede seguir aplazándose
Ceuta necesita recuperar la normalidad. Y para conseguirlo no bastan las intervenciones puntuales ni los anuncios institucionales. Hace falta una estrategia clara, con plazos, coordinación entre administraciones y resultados verificables.
El Gobierno de España debe explicar qué mecanismos está utilizando para resolver la situación de las personas que entraron irregularmente durante los días 30 y 31 de julio, qué acuerdos mantiene con Marruecos y qué medidas contempla para aquellas personas que no reúnen los requisitos legales para permanecer en territorio español.
Los retornos que se produzcan deberán realizarse con todas las garantías legales, respetando los derechos fundamentales y las obligaciones de protección internacional y de protección de menores. Pero ese respeto a la legalidad no puede convertirse en una excusa para la inacción ni para prolongar indefinidamente una situación que exige respuestas.
La intervención de este domingo en la plaza Al-Idrisi vuelve a demostrar que la crisis no ha desaparecido. Simplemente, en algunos casos, ha cambiado de escenario.
Mientras sigan existiendo personas sin una situación administrativa resuelta, asentamientos improvisados y miles de migrantes pendientes de una respuesta definitiva, Ceuta continuará sin haber cerrado uno de los episodios más difíciles de su historia reciente.
La ciudad necesita certezas, soluciones y compromisos concretos. Y, sobre todo, necesita que el Gobierno de España asuma su responsabilidad y deje de aplazar una respuesta que los ceutíes llevan meses reclamando.
