Díaz logra sacar adelante en el Senado la comisión de investigación sobre RTVE

La senadora por Ceuta del Partido Popular, Cristina Díaz, ha defendido en el Senado la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de RTVE, así como sobre el cumplimiento de su misión de servicio público, en una iniciativa que ha salido adelante en la Cámara Alta.

Durante su intervención, Cristina Díaz dejó claro que esta propuesta no nace de una discrepancia puntual ni de una polémica pasajera, sino de una obligación institucional ante una acumulación de hechos graves que afectan a la credibilidad de RTVE, a su gestión y al mandato legal que debe cumplir como medio público.

La senadora por Ceuta defendió con firmeza que RTVE no pertenece ni al Gobierno ni al partido que gobierna, sino a todos los españoles, porque se financia con dinero público y está obligada por ley a actuar con neutralidad, objetividad y pluralismo. Precisamente por eso, sostuvo que cuando se acumulan dudas sobre contenidos, decisiones directivas, contratación, procesos internos y uso de fondos públicos, el Senado no puede mirar hacia otro lado. Tiene la obligación de investigar.

Cristina Díaz subrayó que el deterioro de RTVE no es una percepción subjetiva del Partido Popular, sino una realidad respaldada por hechos documentados. Entre ellos, las advertencias del propio Consejo de Informativos, que abrió una investigación sobre los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas tras recibir más de cien quejas y concluir que ambos espacios incumplen de forma habitual y reiterada normas fundamentales de elaboración informativa en RTVE.

La senadora popular también puso sobre la mesa el tratamiento dado al bulo de la supuesta “bomba lapa” contra el presidente del Gobierno, señalando que, según el contenido defendido en la iniciativa, mientras esos espacios se hicieron eco de esa información, otros servicios informativos de la propia RTVE no la emitieron por no estar acreditada y Verifica RTVE terminó desmintiéndola. Para el Partido Popular, este hecho retrata hasta qué punto se han relajado los criterios informativos cuando el relato beneficia políticamente al Gobierno.

Junto a ello, Cristina Díaz denunció la degradación del lenguaje en una televisión pública pagada con el dinero de todos, recordando que el propio documento recoge expresiones insultantes pronunciadas en antena. Para el PP, lo que está ocurriendo en RTVE ya no puede despacharse como una simple falta de equilibrio editorial. Se está utilizando una corporación pública para atacar, señalar e insultar en una sola dirección ideológica.

En su defensa de la comisión, la senadora por Ceuta incidió además en que el problema no se limita a los contenidos. También afecta a la forma de dirigir RTVE, al papel que se da a sus profesionales y a la utilización de determinados formatos que se presentan como entretenimiento o magacín, pero que en la práctica intervienen directamente en la agenda política diaria. Según lo expuesto en la iniciativa, no se puede jugar con las etiquetas según convenga: informativo cuando interesa mantenerlo y entretenimiento cuando interesa externalizarlo o rebajar controles.

Cristina Díaz reclamó igualmente que la comisión sirva para esclarecer todo lo relativo a contratos, expedientes, externalizaciones, proveedores, fichajes, fórmulas contractuales y fondos públicos, incluidas las subvenciones millonarias procedentes de fondos europeos que, según el texto defendido, terminaron devolviéndose con intereses de demora. El Partido Popular considera que, cuando aparecen dudas de esta gravedad sobre la gestión de una corporación pública, investigar no es una opción política: es una obligación democrática.

La iniciativa impulsada por el Partido Popular y defendida por Cristina Díaz ha salido adelante en el Senado, abriendo la puerta a que se ordene documentación, se reconstruyan decisiones, se exijan explicaciones y se aclare si RTVE sigue respondiendo al interés general o si se ha convertido en una estructura cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función de servicio público.

Con esta defensa en la Cámara Alta, la senadora por Ceuta ha situado el foco en una cuestión de fondo: la radiotelevisión pública no puede estar al servicio del Gobierno de España, ni funcionar como refugio de propaganda, ni gestionar sin transparencia recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Lo que está en juego no es una discusión televisiva, sino el respeto a la verdad, al pluralismo y al dinero público.