Gaitán desvía al Estado las exigencias de Vox sobre expulsiones y retorno de inmigrantes en Ceuta

Ceuta/ El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha rechazado este viernes las acusaciones y exigencias planteadas por el portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, al subrayar que la Ciudad Autónoma no tiene competencias en materia de expulsión o retorno de inmigrantes adultos en situación irregular. Durante la sesión de control en la Asamblea, Gaitán insistió en que las cuestiones formuladas por Vox corresponden en exclusiva al Gobierno de la Nación y escapan por completo al ámbito autonómico.

El diputado de Vox solicitaba información detallada sobre órdenes de expulsión, plazos de ejecución, protocolos con países de origen y medidas para agilizar retornos. Sin embargo, el consejero contestó que ninguno de esos procedimientos depende de la administración ceutí y que, por tanto, la Ciudad “no puede dar respuesta a preguntas que exceden sus competencias”.

Gaitán recordó que la única responsabilidad directa del Ejecutivo ceutí en materia migratoria se limita a la atención y tutela de menores extranjeros no acompañados (MENA). En este ámbito, apuntó, los retornos son “prácticamente imposibles” si no concurren los requisitos estrictos marcados por la legislación nacional e internacional y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Entre esos requisitos, destacó dos: la voluntad expresa del menor de regresar a su país y la remisión, por parte del Estado de origen, de la documentación necesaria para formalizar su devolución. “Esa documentación nunca llega”, lamentó, lo que bloquea de facto cualquier expediente.

Sobre los adultos en situación irregular, el consejero insistió en que la Ciudad carece de cualquier capacidad ejecutiva. Aseguró que el retorno es un proceso “voluntario” en España y que existen programas específicos a los que pueden acogerse quienes deseen regresar a su país, pero recordó que la tramitación de expulsiones corresponde al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, Gaitán enfatizó que España es “el segundo país de la Unión Europea que más órdenes de expulsión impone”, aunque recordó que la normativa europea prohíbe establecer automatismos entre estancia irregular y expulsión. “Para que se dé la expulsión deben concurrir circunstancias agravadas que van mucho más allá de la mera irregularidad”, afirmó, señalando tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE como el propio Código Penal.

El consejero defendió que el Gobierno local trabaja de forma permanente con las instituciones estatales competentes: Delegación del Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión y Secretarías de Estado de Seguridad y Migraciones. En este sentido, aseguró que la comunicación es “constante” y que cualquier actuación en materia de inmigración de adultos debe coordinarse con esos organismos.

Gaitán también detalló que la Ciudad ha reforzado la vigilancia en el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) mediante Policía Local y Bomberos, una de las pocas áreas donde puede actuar directamente el Ejecutivo ceutí. No obstante, insistió en que la gestión del centro y la determinación del estatus de los inmigrantes corresponden al Estado.

En respuesta indirecta a las críticas sobre el aumento del 41,3 % en las entradas irregulares registradas este año, el consejero reiteró la posición “histórica” del Gobierno local en favor de una migración “legal, segura y ordenada”. En este marco, volvió a defender la cooperación con Marruecos como elemento clave para la contención de salidas marítimas, la vigilancia del perímetro y la efectividad en devoluciones.

Gaitán aprovechó su intervención para reclamar nuevamente al Estado una mayor dotación de medios humanos y materiales para reforzar el control de la frontera y el litoral. “Es imprescindible garantizar la seguridad e integridad de nuestra ciudad”, afirmó, subrayando que se trata de una demanda “constante” del Ejecutivo ceutí.

Para finalizar, el consejero reprochó a Vox que sus preguntas no encajaran en el objetivo de la sesión de control: fiscalizar competencias propias de la Ciudad Autónoma. “El Gobierno de la Nación es quien debe dar respuesta a estas cuestiones”, concluyó, recordando a Redondo que dispone de los canales parlamentarios adecuados para plantearlas ante la Administración competente.