El Gobierno aprueba 80 millones para ayudas a empresas y trabajadores de Ceuta

Ceuta/ El Gobierno ha aprobado este martes destinar más de 309 millones de euros a Ceuta en los próximos cuatro meses, una cifra equivalente al 16% de su producto interior bruto (PIB). El paquete, diseñado tras la crisis migratoria que vive la ciudad autonóma desde el pasado 30 de julio cuando 72.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma, combina ayudas directas, alivio fiscal, bonificaciones a las cotizaciones, financiación y refuerzos en servicios públicos, seguridad y acogida. A esa movilización se añadirán otros 50 millones de euros en avales del Estado para facilitar el acceso al crédito.

El paquete se articula en cuatro grandes bloques: 21 millones para servicios esenciales, más de 90 millones para seguridad, 118 millones destinados a acogida y atención humanitaria y 80 millones para empresas, autónomos y trabajadores. De esa cantidad, 36,6 millones se destinarán a ayudas directas a empresas y autónomos. Cada trabajador por cuenta propia podrá recibir 5.000 euros, mientras que las empresas tendrán acceso a subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de facturación. El Gobierno calcula que el programa alcanzará a unos 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Las ayudas podrán solicitarse desde el próximo lunes 14 a través de la página web de la Agencia Tributaria y el Ejecutivo prevé comenzar a realizar los primeros pagos a principios de octubre.

A ellas se añaden otros 14 millones a medidas de apoyo al comercio y al turismo y 12 millones a alivio fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF. El Gobierno calcula, además, un impacto de 12,2 millones en 2026 por la subida de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social hasta el 75%. El programa se completa con dos millones para actuaciones de ICEX y Turespaña y 650.000 euros para formación de trabajadores a través del SEPE.

Bonificaciones permanentes del 75%

La principal novedad laboral, adelantada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es precisamente el aumento del 50% al 75% de la bonificación de las cotizaciones empresariales vinculadas a la contratación. La medida no se limitará a Ceuta, sino que se extenderá también a Melilla y tendrá carácter permanente. A partir de 2027, el Ejecutivo cifra su coste en 36,6 millones de euros al año por cada ciudad autónoma.

El decreto incorporará además un mecanismo extraordinario para empresas que necesiten recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En esos casos, las compañías podrán acogerse a una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y los trabajadores tendrán acceso íntegro a la prestación por desempleo sin consumir los derechos acumulados, según adelantó el Ministerio de Trabajo. El esquema de protección incluye también la prestación por cese de actividad para autónomos y la posibilidad de aplazar cuotas con un interés del 0,5%.

Junto al gasto directo, el Ejecutivo quiere ampliar la capacidad de financiación de las empresas ceutíes. Para ello habilitará una línea de 50 millones de euros en avales del Estado a través del ICO y reservará otros dos millones para implantar una sociedad de garantía recíproca (SGR).

118 millones para acción humanitaria

La respuesta estatal va, sin embargo, más allá de las medidas económicas. Según la presentación del real decreto-ley, en apenas cuatro meses se habrán movilizado más de 309 millones de euros en Ceuta. De ellos, 118 millones se vinculan a acogida, atención humanitaria y menores; más de 90 millones a seguridad, incluyendo Defensa, Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil; 21 millones a servicios esenciales como sanidad, educación, justicia y agua; y 80 millones al apoyo a empresas y trabajadores.

El plan aprobado ahora amplía la respuesta anunciada por Sánchez tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio. El presidente había avanzado este lunes una ampliación extraordinaria del programa económico para Ceuta dotada con 168 millones de euros, equivalente al 8% del PIB de la ciudad, con el objetivo de “reactivar y relanzar” su economía. La presentación conocida este martes sitúa el esfuerzo global del Estado durante 2026 en una cuantía mayor al incorporar también las partidas destinadas a seguridad, acogida y servicios esenciales.