El Gobierno da por cerrada la investigación a Bautista y defiende que aplicó protocolos

Ceuta/ La secretaría de Estado de Migraciones aseguró el 2 de octubre a este diario que la investigación sobre una supuesta mala praxis del director del CETI, Antonio Bautista, tras la agresión de un guineano a una enfermera a finales de julio “no era una prioridad” y que preferían no confirmar si continuaba abierta o cerrada. Argumentaron que estaban centrados en la sobreocupación del centro y que ese asunto pasaba a un segundo plano. Un día antes, el 1, el Gobierno respondía por escrito a una pregunta del Partido Popular en relación a los hechos. La contestación: el dirigente actuó “desde el primer momento”, “lo puso en conocimiento de la dirección” y “se ofreció a la sanitaria que denunciara”, según afirma el escrito del Ejecutivo más de un mes después de abrir el procedimiento.

Con el escrito el Gobierno da carpetazo a la investigación abierta sobre un incidente que causó un gran revuelo en Ceuta a finales de julio. Firmado por la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales, el texto niega la información adelantada por este diario de que Bautista minimizó el suceso y no activó los protocolos correspondientes. Desmiente a la propia enfermera, que en declaraciones recogidas por el sindicato SATSE aseguró que el director intentó disuadirla de presentar la denuncia.

Aquel día de finales de julio un residente guineano agredió a una enfermera que trataba de suministrarle una inyección en el centro. El joven se bajó los pantalones y la agarró con fuerza del brazo, causándole contusiones. La sanitaria pudo zafarse de él, huir y pedir ayuda. El africano fue detenido por una presunta agresión sexual, aunque posteriormente fue condenado por un delito de lesiones y por coacciones. Varias fuentes de diferentes áreas del CETI confirmaron que Bautista no activó los protocolos correspondientes y quitó hierro al asunto. Después de un mes de silencio y un aluvión de informaciones poniendo en duda la actuación del director, el Ejecutivo envió la respuesta presentada por el Partido Popular el 28 de agosto. 

“Ante los hechos mencionados en la presente iniciativa, hay que señalar que la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es responsable del Programa de Atención Humanitaria y tuvo conocimiento de los hechos mencionados de forma inmediata a través del director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Desde el primer momento se habló con la enfermera y se le informó de que, si así era su deseo, denunciara al agresor, ofreciéndole acompañamiento a comisaría”, argumentan desde el Gobierno. 

Desde finales de julio, cuando ocurrió el incidente, el Gobierno no se había pronunciado al respecto de todas las informaciones periodísticas publicadas a pesar de las reiteradas preguntas formuladas por este diario. Solo sugirió apenas dos días después que abriría una investigación para saber si se aplicaron los protocolos que corresponden en sus centros. Ni la enfermera, que se tuvo que dar de baja tras el suceso y ya está de vuelta, ni el Ejecutivo desmintieron unos hechos que denunciaron sindicatos como SATSE, UGT Sanidad, Vox y hasta el PSOE de Ceuta.

Fuentes de la secretaría de Estado de Migraciones atendieron a este diario el pasado 2 de octubre, un día después de la respuesta dada por el Gobierno al Partido Popular, e insistieron en que la actuación del director del CETI -centro del que poseen las competencias- “no era su prioridad” debido a la sobreocupación a la que estaban teniendo que hacer en el recinto, donde se vieron imágenes de migrantes acampando por los alrededores al carecer de espacio las instalaciones. “Llámanos en dos semanas, a lo mejor ha mejorado la situación y podemos daros otra información”, aseguraron. 

Argumentaron también desde la secretaría de Estado de Migraciones que el verano y el aumento de las entradas en Ceuta complicaban alcanzar una conclusión sobre el procedimiento iniciado sobre Bautista. Nunca declararon desde ese área que el director del CETI los advirtió y les puso en conocimiento de todo lo acontecido a raíz de que un residente agrediera a una enfermera como obligan los protocolos. Por ese motivo, precisamente, se abrió una investigación. El Gobierno en su escrito sí confirma que desde el primer minuto el dirigente actuó como debía y así lo trasladó a sus superiores en el Ejecutivo. 

Sobre el alojamiento

El alojamiento del agresor en un hostal en Benítez frente a la playa después del incidente también dio que hablar en Ceuta. Sobre este punto, el Ejecutivo no aclara quién pagó esos primeros -al menos dos- días del guineano en ese establecimiento, ya que en su respuesta solo se refiere a uno, al segundo.

Fue desde el momento en el que se conoció su estancia en aquella habitación los primeros días, cuando desde el Gobierno se cambió su ubicación a una pensión en el barrio de las Latas. Ambas informaciones fueron publicadas por este diario. De hecho, desde el hostal en Benítez confirmaron que el agresor estaba en sus instalaciones, pero pidieron retirar la foto de la publicación en la que se apreciaba la fachada del establecimiento por el revuelo que había causado.

En su respuesta, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales refleja que desde la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional se le comunicó al agresor ya condenado que debía salir del centro. “A partir de ese momento, la cobertura de las necesidades básicas (alojamiento y manutención) se hace en un alojamiento externo financiado por la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”, subrayan. 

La razón por la que se le ofreció cobertura de las necesidades básicas, expresan, era porque el migrante se encontraba en una situación de vulnerabilidad sanitaria, con politraumatismo, falta de movilidad y necesidad de muletas como consecuencia de haberse caído del vallado fronterizo al intentar franquearlo. 

“Con el procedimiento sancionador, y a la espera de resolución, esta persona está siendo atendida hoy en día por una ONG en la misma ciudad de Ceuta, limitándose la atención de la Dirección General mencionada a tan solo los desplazamientos motivados por temas sanitarios. En relación con lo anterior, se señala que la resolución judicial acredita la posible comisión de una infracción muy grave por vulneración de los derechos de otras personas residentes o del personal encargado del centro, llevando a cabo actuaciones que supongan un daño o perjuicio para su derecho a la integridad física, psíquica, intimidad o seguridad de estos”, aseguran en su respuesta al PP el pasado 1 de octubre. Para concluir, subrayan que por todo lo anterior, se puede proceder a sancionar con una baja humanitaria del Programa de Atención Humanitaria tras la resolución del expediente disciplinario.

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