El Gobierno defiende hoy la gestión “rigurosa y responsable” de los fondos europeos

El portavoz del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, comparecerá en la mañana de hoy, lunes, en el Pleno extraordinario de la Asamblea para ofrecer una explicación detallada, técnica y cronológica sobre la situación del proyecto del Mercado de Terrones, ubicado en la barriada del Mixto, y sobre la decisión adoptada respecto a los fondos asociados a dicha actuación.

La comparecencia responde a la solicitud registrada por el Partido Socialista, respaldada por otros grupos de la Cámara, y tiene como objetivo trasladar a la Asamblea y a la ciudadanía toda la información relativa a un proyecto que, desde su concepción, ha estado condicionado por una elevada complejidad técnica, administrativa y temporal.

El proyecto del Mercado de Terrones se integraba dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en la línea de ayudas destinadas a la modernización de mercados y zonas comerciales urbanas. Se trataba de una actuación de nueva creación, que contemplaba la construcción y adecuación de un espacio comercial moderno, accesible y adaptado a las nuevas exigencias normativas y funcionales.

Desde el momento de su concesión, el proyecto quedó sometido a unos plazos de ejecución especialmente ajustados, fijados en el marco normativo del PRTR. Esa limitación temporal condicionó de forma determinante el desarrollo de todas las fases posteriores.

Complejidad técnica y administrativa

Durante su intervención, el portavoz detallará que los informes técnicos municipales han identificado una serie de factores que incidieron directamente en el ritmo de ejecución del proyecto.

En primer lugar, el carácter completamente nuevo de la actuación implicaba la redacción íntegra del proyecto técnico, la definición de las soluciones constructivas y la adaptación del diseño a la normativa vigente. Este proceso inicial ya exigía una planificación exhaustiva dentro de un calendario muy limitado.

En segundo lugar, la tramitación administrativa vinculada al PRTR requería la utilización de plataformas estatales específicas para la gestión, seguimiento y justificación de los fondos. Estas herramientas, de carácter obligatorio, añadieron carga administrativa y dilaciones en determinados momentos del procedimiento.

Asimismo, los expedientes de contratación pública, sometidos a los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, siguieron los plazos legalmente establecidos. La interposición de recursos administrativos dentro de estos procedimientos contribuyó igualmente a prolongar los tiempos inicialmente previstos.

Por si fuera poco, la complejidad administrativa se sumaron condicionantes propios del emplazamiento del proyecto, pues la actuación exigía la verificación de parámetros urbanísticos y la obtención de los informes sectoriales correspondientes. Además, la existencia de posibles afecciones arqueológicas obligó a incorporar estudios y actuaciones adicionales antes de avanzar en determinadas fases de obra.

Otro elemento relevante fue la necesidad de habilitar un mercado provisional que permitiera garantizar la continuidad de la actividad comercial durante el desarrollo de las obras. Esta circunstancia añadía fases técnicas y logísticas adicionales, incrementando la complejidad global de la actuación.

Requisitos de ejecución y riesgo de reintegro

Tal y como se expondrá en el Pleno, la subvención concedida establecía como condición alcanzar al menos un 60% de ejecución dentro del plazo fijado, y que las actuaciones realizadas constituyeran unidades funcionales completas. Es decir, no bastaba con ejecutar parcialmente obras o inversiones, sino que el resultado debía tener plena funcionalidad conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Los informes técnicos concluyeron que existía un riesgo elevado de no alcanzar el porcentaje mínimo exigido dentro del plazo disponible o de hacerlo sin cumplir estrictamente el requisito de funcionalidad. En ambos supuestos, la consecuencia habría sido la obligación de reintegrar la totalidad de la ayuda concedida.

Además del riesgo jurídico-administrativo, continuar en esas condiciones implicaba un riesgo económico relevante para las arcas públicas, al poder generar compromisos financieros sin la garantía de consolidar definitivamente la financiación.

Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad ha optado por proceder a la devolución de los fondos asociados al proyecto del Mercado de Terrones. Durante la comparecencia se aclarará que dicha devolución se realiza al Estado, como administración concedente y responsable ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, y no directamente a las instituciones europeas.

La decisión, según defenderá el portavoz, responde a criterios de responsabilidad financiera, prudencia en la gestión pública y protección del interés general. El objetivo prioritario ha sido evitar un eventual perjuicio económico mayor para la Ciudad y preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El Ejecutivo sostendrá que gobernar implica, en ocasiones, adoptar decisiones complejas cuando así lo aconsejan los informes técnicos y el análisis objetivo de riesgos, priorizando siempre la estabilidad financiera y la seguridad jurídica.

Transparencia

La comparecencia en el Pleno extraordinario tiene como finalidad ofrecer una explicación completa, detallada y transparente sobre todo el proceso seguido en relación con este proyecto. El Gobierno reafirmará su compromiso con la rendición de cuentas ante la Asamblea y ante la ciudadanía, facilitando toda la información necesaria para comprender el contexto, las dificultades encontradas y las razones que han motivado la decisión final.

El portavoz subrayará que la prioridad del Ejecutivo sigue siendo impulsar actuaciones que mejoren los equipamientos comerciales y urbanos de la Ciudad, pero siempre bajo criterios de viabilidad técnica, seguridad jurídica y responsabilidad financiera.

Con esta comparecencia, el Gobierno pretende aportar claridad institucional sobre el proyecto del Mercado de Terrones y trasladar un mensaje de rigor, prudencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.