El Gobierno descarta intervenir el alquiler y apuesta por construir vivienda

CEUTA/ El debate sobre la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado en Ceuta volvió este martes al Pleno de la Asamblea a raíz de una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que planteaba realizar un estudio de precios y rentas por distritos para valorar la aplicación de la Ley estatal de Vivienda. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, fijó la posición del Gobierno desde el inicio del debate, rechazando la intervención del mercado del alquiler y defendiendo que la única vía eficaz pasa por incrementar la oferta mediante la construcción de nuevas viviendas.

Ramírez recordó que esta medida ya ha sido debatida con anterioridad y subrayó que la postura del Gobierno de la Ciudad es coincidente con la de la mayoría de comunidades autónomas. Según expuso, solo Cataluña y el País Vasco han aplicado la declaración de zonas tensionadas y, a su juicio, los resultados no han sido positivos. 

“Allí el alquiler no ha bajado, ha subido más. Es una medida claramente intervencionista que no resuelve el problema de fondo”, afirmó, insistiendo en que el déficit de vivienda es la causa principal del encarecimiento de los precios.

El consejero detalló las actuaciones que, según explicó, el Ejecutivo local tiene en marcha para abordar el problema de forma estructural. Entre ellas, citó la disponibilidad de 71.000 metros cuadrados de suelo, seis promociones previstas y la gestión de terrenos procedentes del Ministerio de Defensa. 

Añadió que el número de licencias de obra se ha incrementado en torno a un 30%, con el objetivo de estimular también la oferta privada. “La única opción real es construir vivienda”, defendió, apuntando además a la reducción de costes mediante rebajas fiscales y de tasas.

Ramírez cifró en 76,6 millones de euros el esfuerzo inversor de la Ciudad en materia de vivienda, a los que se sumarían más de 60 millones procedentes del Estado. Enumeró las promociones con financiación comprometida, como Pozo Rayo, Monte Hacho, Huerta Téllez y Huerta Molino, y señaló que otras dos se encuentran pendientes de cerrar su financiación.

También destacó la rebaja de impuestos en el ámbito de la construcción, con tipos reducidos al 0,5% y bonificaciones de hasta el 90% en tasas, medidas que calificó como “las más ambiciosas del territorio nacional”.

Desde el PSOE, Sebastián Guerrero defendió la necesidad de estudiar la declaración de zonas tensionadas ante el elevado esfuerzo económico que supone el alquiler para los jóvenes y criticó que, a su juicio, las políticas del Gobierno no se estén traduciendo en construcciones reales. Nadia Mohamed, del MDyC, anunció el voto favorable de su grupo, aunque expresó dudas sobre la efectividad de la medida en un contexto de escasa oferta de vivienda. 

Por su parte, Juan Sergio Redondo, de Vox, reiteró su rechazo a cualquier iniciativa derivada de la Ley estatal de Vivienda, mientras que Ramírez cerró el debate insistiendo en que “intervenir el mercado no es la solución” y que el objetivo del Gobierno es disponer de más suelo, construir casas públicas y reducir costes.

La propuesta socialista fue finalmente rechazada con 15 votos en contra y seis a favor, manteniéndose así la línea del Ejecutivo de centrar su estrategia en la promoción de nueva vivienda y no en la aplicación de zonas tensionadas.