El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta pese al rechazo de la Autoridad Portuaria

INVASIÓN CEUTA

Transportes autoriza la instalación de carpas para migrantes en el muelle de Poniente y deja en evidencia las dudas sobre la planificación ante la creciente presión migratoria

El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta pese al rechazo de la Autoridad Portuaria
El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta pese al rechazo de la Autoridad Portuaria | E.P.

Ceuta/ El Gobierno de España ha decidido intervenir directamente en la gestión de una parte del puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal destinado a la acogida de migrantes. La decisión, adoptada mediante una orden firmada este sábado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llega después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara el proyecto.

La medida permitirá utilizar alrededor de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en la zona de Poniente, donde el Ejecutivo prevé levantar carpas y habilitar diferentes servicios para atender a más de un millar de personas.

El movimiento del Gobierno supone, en la práctica, imponer una solución desde Madrid después de que los responsables de la gestión portuaria expresaran formalmente su oposición. La Autoridad Portuaria consideró que la instalación podía resultar incompatible con el funcionamiento ordinario del recinto, una advertencia que finalmente no ha impedido al Ministerio seguir adelante con sus planes.

Transportes ha recurrido al artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para justificar la autorización. Puertos del Estado reconoció en su informe que la ocupación temporal podría incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras sensibles y con la operatividad del puerto, aunque concluyó que existen razones de interés general suficientes para autorizarla.

La resolución contempla la instalación provisional de zonas de descanso, servicios sanitarios, enfermería, espacios de atención social, oficinas para el personal encargado del dispositivo y medidas específicas de seguridad.

Sin embargo, la decisión vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central. Después de semanas de una fuerte presión sobre Ceuta y de la saturación de los recursos disponibles, el Ejecutivo ha terminado recurriendo a una infraestructura estratégica como el puerto para dar respuesta a una situación que continúa sin una solución estable.

La elección del recinto portuario genera además interrogantes sobre la planificación previa del Gobierno. El propio informe favorable de Puertos del Estado advierte de posibles problemas de seguridad y de compatibilidad con la actividad portuaria, lo que evidencia que la solución adoptada está lejos de ser inocua para una infraestructura esencial para Ceuta.

Desde el Ejecutivo se defiende que la situación excepcional obliga a adoptar medidas urgentes. No obstante, la decisión de asumir el control del espacio tras el rechazo de la Autoridad Portuaria puede interpretarse también como una muestra de la falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la gestión de la crisis.

Mientras se habilita el espacio en el puerto, continúan igualmente los trabajos para levantar nueve carpas en la zona de Los Rosales, con capacidad aproximada para 900 personas.

La acumulación de instalaciones provisionales en distintos puntos de la ciudad refleja la magnitud de una emergencia que sigue recayendo de forma directa sobre Ceuta. La pregunta que permanece abierta es si estas medidas constituyen una respuesta planificada para resolver la crisis o si, por el contrario, representan una sucesión de soluciones improvisadas ante una situación que el Gobierno no ha conseguido controlar con suficiente anticipación.

La intervención en el puerto supone así un nuevo capítulo en una crisis cuya gestión continúa provocando tensión política, preocupación social y un creciente debate sobre la capacidad del Estado para proteger simultáneamente la seguridad, el funcionamiento de la ciudad y la atención digna de las personas migrantes.

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