Hacienda reclama al Estado un modelo estable para sostener la atención social

La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha defendido la necesidad de que la Ciudad Autónoma disponga de un marco de financiación “estable, suficiente y acorde a la realidad” para sostener los servicios sociales que presta y que, según recordó, “en cualquier otra parte del país forman parte de las competencias autonómicas”.

En una entrevista concedida a este medio, Chandiramani explicó que el Gobierno local afronta “una presión presupuestaria creciente” debido a la obligación de financiar programas esenciales vinculados a menores, dependencia y atención social, cuya demanda se mantiene elevada y, en algunos ámbitos, continúa al alza.

La titular de Hacienda subrayó que Ceuta asume estos servicios “en solitario”, sin disponer de la estructura autonómica que sí tienen otros territorios. Aun así, aseguró que la Ciudad cumple con todas sus responsabilidades gracias a lo que definió como “una gestión prudente y un esfuerzo constante por optimizar recursos”.

Chandiramani: “La eficiencia interna no puede compensar indefinidamente un déficit estructural”

La consejera reconoció que las partidas destinadas a políticas sociales constituyen uno de los bloques más relevantes del presupuesto anual, tanto por su cuantía como por su impacto directo en la ciudadanía.

Por ello, insistió en que la financiación estatal debe reflejar “la singularidad del territorio” y compensar adecuadamente la carga económica que supone asumir competencias superiores al nivel administrativo de una ciudad autónoma.

Chandiramani recalcó que el objetivo del Ejecutivo local no es incrementar el gasto, sino garantizar que los servicios esenciales dispongan de una cobertura adecuada y que las entidades del tercer sector puedan desarrollar su labor “con estabilidad y previsión”.

La responsable autonómica destaca el esfuerzo de gestión realizado, pero insiste en que es necesario un respaldo estatal acorde a las necesidades reales

La responsable de Hacienda explicó que en los últimos ejercicios se han realizado ajustes internos para mejorar la gestión de estas partidas, especialmente en lo relativo a la tramitación administrativa y a los tiempos de resolución.

Afirmó que se han introducido herramientas que permiten un mayor control del gasto y una monitorización más precisa del uso de los recursos destinados a programas sociales y a servicios concertados.

En este sentido, destacó que se trabaja de manera coordinada con las áreas implicadas para agilizar pagos, mejorar la comunicación con entidades colaboradoras y evitar retrasos en la prestación del servicio.

Chandiramani reiteró que la estabilidad es un factor clave, ya que las organizaciones que trabajan con la Ciudad necesitan poder planificar sus actividades con meses de antelación, especialmente en programas de atención directa.

La consejera consideró que la falta de un marco de financiación plurianual dificulta esta previsión y obliga a la Ciudad a enfrentarse cada año a escenarios inciertos. “La incertidumbre complica la toma de decisiones”, lamentó.

Por ello, abogó por un sistema estable que permita planificar inversiones, reforzar proyectos existentes y poner en marcha nuevas iniciativas sin depender de actualizaciones tardías.

La titular de Hacienda precisó que la Ciudad mantiene abiertos canales de diálogo con el Ministerio para trasladar estas particularidades y defender que el modelo de financiación tenga en cuenta la posición singular del territorio.

Chandiramani subraya que la falta de estabilidad financiera dificulta la planificación de servicios esenciales y el trabajo de las entidades del tercer sector

Subrayó que Ceuta ha cumplido históricamente sus obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria, pero advirtió que este esfuerzo debe ir acompañado de “unos ingresos acordes a las necesidades reales”.

La consejera explicó que la presión sobre los servicios sociales no responde únicamente al contexto económico, sino también a las características demográficas y sociales de la ciudad, que requieren respuestas ágiles y sostenidas en el tiempo.

Recordó, además, que la Ciudad afronta picos de demanda muy superiores a los de otros territorios con población similar, especialmente en servicios relacionados con menores y atención de emergencia.

Chandiramani defendió que la administración local ha hecho un “trabajo serio y responsable” para garantizar que ningún programa esencial quede desatendido, incluso en momentos de tensión presupuestaria.

Asimismo, destacó que la coordinación entre departamentos ha sido clave para evitar duplicidades, reforzar programas prioritarios y garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

En cualquier otra parte del país estos servicios forman parte de las competencias autonómicas”

La consejera señaló que, pese a las dificultades, el compromiso del Gobierno local con la política social es “inequívoco”, y recordó que estas partidas no solo representan un gasto, sino una inversión directa en cohesión y estabilidad.

También afirmó que la Ciudad continuará reclamando un trato justo en la financiación estatal, porque “la realidad de Ceuta no puede compararse con la de otros territorios y requiere mecanismos propios”.

Chandiramani defendió que la singularidad fiscal y administrativa de la ciudad debe traducirse en un reconocimiento específico dentro del modelo de financiación, especialmente para aquellos servicios que la Ciudad presta por obligación legal.

En su opinión, esta adaptación sería un paso importante para garantizar la sostenibilidad del gasto público en áreas que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

La responsable autonómica insistió en que el Gobierno local ha demostrado capacidad de gestión, pero alertó de que “la eficiencia interna no puede compensar indefinidamente un déficit estructural en la financiación de servicios obligatorios”.

Por ello, reiteró su petición de que el Estado actualice los criterios de reparto y atienda las demandas planteadas en materia de servicios sociales, menores y atención comunitaria.

La consejera concluyó señalando que el Ejecutivo ceutí seguirá defendiendo esta reivindicación “con diálogo, documentación y rigor técnico”, porque se trata de una cuestión que, según dijo, “no es política, sino de justicia y de responsabilidad con la ciudadanía”.