El informe jurídico marcará el rumbo de las oposiciones de Obimasa

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta continúa dando los pasos oportunos para resolver la situación derivada del proceso selectivo convocado por Obimasa, actuando con la máxima responsabilidad, transparencia y respeto al ordenamiento jurídico.

El objetivo prioritario es garantizar la seguridad jurídica del procedimiento y salvaguardar los derechos de todas las personas que han participado en las pruebas.

En este sentido, el presidente del Consejo de Administración de Obimasa y consejero del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha explicado que, una vez reunida toda la documentación relativa al expediente y analizada la información disponible, se ha encargado un informe jurídico externo que permitirá determinar el alcance de las distintas alternativas legales y establecer cuál es la vía más adecuada para resolver la situación con todas las garantías.

Ramírez ha señalado que cualquier decisión que pueda adoptarse debe estar debidamente fundamentada desde el punto de vista jurídico, ya que se trata de un procedimiento administrativo que afecta a un proceso selectivo en el que concurren derechos e intereses de numerosas personas aspirantes.

Por ello, ha insistido en que la actuación del Consejo de Administración debe sustentarse en un criterio técnico y legal que evite cualquier incertidumbre y garantice la plena validez de las decisiones que finalmente se adopten.

Entre las distintas posibilidades que deberá valorar el informe jurídico figuran la repetición del examen, la eventual anulación del procedimiento y el inicio de una nueva convocatoria, la repetición de las pruebas únicamente por parte de las personas ya inscritas o cualquier otra alternativa que resulte conforme a Derecho. Será precisamente el contenido de ese informe el que determine el margen de actuación del Consejo de Administración.

Convocatoria Consejo de Administración

Ramírez ha avanzado que el informe podría estar concluido en este inicio de semana. Una vez recibido, convocará con carácter urgente al Consejo de Administración de la sociedad municipal para elevar la correspondiente propuesta y abordar la toma de decisiones, conforme a las competencias atribuidas a este órgano.

El Gobierno de la Ciudad recuerda que el Consejo de Administración es el órgano competente para adoptar la decisión definitiva sobre el procedimiento, por lo que resulta imprescindible que sus acuerdos cuenten con un respaldo jurídico sólido.

En este sentido, Ramírez ha subrayado que la prioridad es actuar con rigor y dentro de la legalidad, evitando decisiones precipitadas que pudieran comprometer la validez del proceso o derivar en futuras impugnaciones.

Asimismo, desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que, aunque existe una lógica preocupación por conocer cuanto antes el desenlace del procedimiento, la responsabilidad institucional obliga a respetar los tiempos administrativos y las garantías legales que exige un proceso de estas características. La defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad, junto con la protección de los derechos de todos los aspirantes, constituyen la base sobre la que debe sustentarse cualquier resolución.

El Gobierno de la Ciudad reitera, por tanto, su compromiso con la transparencia y con la correcta gestión de este expediente, manteniendo una actuación basada en criterios exclusivamente técnicos y jurídicos. Una vez que el Consejo de Administración adopte la decisión que corresponda, esta será comunicada públicamente con total claridad, ofreciendo toda la información necesaria a las personas afectadas y a la ciudadanía.

De este modo, el Ejecutivo reafirma que se están dando todos los pasos oportunos para resolver este procedimiento con la mayor diligencia posible, pero sin renunciar al rigor jurídico que exige un asunto de especial trascendencia para las personas participantes y para el correcto funcionamiento de la Administración.