Alerta ante un repunte de las redes de inmigración irregular y de tramas ligadas a la explotación

La Fiscalía General del Estado ha advertido de un “repunte sostenido” de la actividad delictiva asociada al favorecimiento de la inmigración irregular, con un incremento de los procedimientos judiciales y una evolución de las redes hacia estructuras cada vez más complejas, transnacionales y conectadas con delitos de trata y explotación.

La Memoria correspondiente al ejercicio 2025 señala que durante ese año se incoaron en España 830 procedimientos judiciales por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, frente a los 682 registrados en 2024. La Fiscalía considera que este aumento refleja no solo una mayor intensidad de las investigaciones, sino también un crecimiento de la actividad criminal vinculada al favorecimiento de la inmigración irregular.

El documento pone el foco en la transformación de las propias redes, que han ido abandonando algunas fórmulas tradicionales para adoptar métodos cada vez más sofisticados. Fiscalía menciona rutas marítimas procedentes principalmente del litoral argelino o marroquí, en las que se emplean embarcaciones de mayor capacidad, pesqueros o motores de gran potencia con el objetivo de transportar a un mayor número de personas en una sola travesía.

A estas vías se suman redes terrestres que ocultan migrantes en camiones o furgonetas, el uso fraudulento de documentación auténtica por terceras personas y estructuras criminales repartidas entre varios países, con parte de la organización asentada en España y los escalones superiores operando desde los lugares de origen.

La Fiscalía advierte de que estas organizaciones son cada vez más difíciles de encajar en los modelos clásicos de organización criminal, al presentar estructuras “dinámicas, transnacionales y poco estables”, con funciones cambiantes entre sus integrantes. Esa flexibilidad, señala el documento, complica la adopción temprana de medidas de investigación y dificulta la desarticulación de las redes.

Uno de los aspectos que más preocupa al Ministerio Fiscal es la proliferación de “tramas mixtas” en las que la entrada irregular en España constituye únicamente el primer eslabón de una cadena delictiva más amplia.

La Memoria apunta que numerosos casos de inmigración irregular están estrechamente conectados con posteriores situaciones de trata de seres humanos, fundamentalmente con fines de explotación sexual o laboral. Esta conexión, advierte la Fiscalía, obliga a investigar conjuntamente ambos fenómenos y a reforzar la coordinación entre las unidades policiales y judiciales especializadas.

La propia evolución de la trata refuerza esa preocupación. Aunque la Fiscalía cifra en 204 los procedimientos por trata de seres humanos ajustados a los registros reales durante 2025, frente a 181 en 2024, el número de potenciales víctimas detectadas ascendió a 1.246 personas, un 57,9 % más que el año anterior.

El Ministerio Fiscal sostiene que el fenómeno criminal crece, en parte, por la mayor capacidad de los autores para alcanzar a un número elevado de víctimas mediante nuevas tecnologías, redes sociales y plataformas digitales.

Junto al incremento de las investigaciones, la Memoria también pone de relieve los problemas existentes a la hora de ejecutar expulsiones y repatriaciones de ciudadanos extranjeros.

Las fiscalías territoriales vuelven a señalar como principales obstáculos la falta de documentación y la limitada colaboración consular. En este punto, el documento recoge que varias fiscalías consideran que los consulados de Marruecos y Argelia mantienen una posición “extremadamente restrictiva”.

Según la Fiscalía, Marruecos acepta la repatriación únicamente cuando el interesado presenta un pasaporte original en vigor, un requisito que dificulta la materialización de determinadas expulsiones cuando ese documento no existe o no está disponible. En el caso de Argelia, la Memoria llega a señalar que la documentación de expulsiones es tan limitada que en algunas provincias esta vía se considera “materialmente inviable”.

La Fiscalía añade que las dificultades no se limitan a la colaboración consular. También influyen el colapso de los órganos judiciales, la imposibilidad de localizar al investigado o penado, la existencia de otras responsabilidades penales pendientes o los retrasos en las comunicaciones entre los juzgados y la autoridad gubernativa.

Paralelamente, las solicitudes para sustituir penas de prisión por expulsiones del territorio nacional siguieron creciendo. En 2023 se registraron 4.144 peticiones, en 2024 fueron 4.656 y en 2025 ascendieron a 5.551, lo que supone un incremento del 19,2 % en un año y del 34 % respecto a 2023.

La fotografía que dibuja la Fiscalía es así la de un fenómeno cada vez más complejo: menos centrado únicamente en la entrada irregular de personas y más vinculado a redes criminales transnacionales, estructuras flexibles, explotación posterior de migrantes y dificultades administrativas y consulares para materializar las expulsiones.