Amnistía Internacional identifica riesgos que sufren cientos de niños migrantes desprotegidos en Ceuta

Ceuta/ Amnistía Internacional denuncia tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros de las Fuerzas Armadas españolas que, según la organización, parecen responder a un patrón, en particular por unidades de Regulares y de la Legión, contra personas migrantes, que permanecen en Ceuta en una situación de desprotección y son objeto de abusos, desde la entrada de más de 80.000 personas el pasado 30 de julio. La información de la nota de prensa que denuncia la situación está acompañada de vídeos con entrevistas y de fotografías.

Amnistía Internacional pudo hablar con más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo, y muchos de los testimonios han señalado la violencia y los tratos vejatorios que sufren por parte de militares, incluyendo también a mujeres y niños no acompañados, que en algunos casos, por su severidad, pueden constituir tortura – un crimen de derecho internacional.

La organización realizó una visita a Ceuta del 10 al 15 de septiembre, en la que recorrió la mayoría de los emplazamientos de calle donde malviven a la intemperie miles de personas migrantes y solicitantes de asilo, y se reunió con periodistas y ONG desplegadas en el terreno, así como con la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.

Durante la visita recogió 22 testimonios directos, que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género. Se realizaron más de 65 entrevistas, entre ellas a 31 menores, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, y a 26 mujeres, dos de ellas embarazadas, en las que pudo documentar los riesgos específicos a los que están expuestas mujeres, niños y niñas, y solicitantes de asilo. La organización también se entrevistó con 12 personas que indicaron que habían pedido asilo o tenían intención de hacerlo. Todas eran personas racializadas provenientes de Marruecos, Argelia, Somalia, y Yemen.

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Ceuta para compartirles las conclusiones de esta visita, y para pedirles un plan urgente que proporcione ayuda humanitaria adecuada y una acogida digna, con atención especializada a mujeres, niñas y niños, y a personas en riesgo ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península.

Asimismo, pide a las Comunidades Autónomas que cumplan con la legislación vigente y, lejos de obstaculizar la llegada de personas migrantes a su territorio, faciliten la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta, aliviando así la saturación de Ceuta y garantizando un trato digno a todas las personas migrantes.

La organización es consciente de la complicada situación en Ceuta, tras la entrada de más de 80.000 personas -prácticamente el equivalente a la población de la ciudad- en un solo día, y de la permanencia todavía hoy, dos meses después, de miles de personas en situación de desprotección total en la calle. Amnistía Internacional quiere enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a la ciudadanía de Ceuta.

Amnistía Internacional también reconoce la dificultad de la labor de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer frente a una situación compleja, que ha incluido también la detención de más de 30 personas migrantes por agresiones a militares, pero recuerda que los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado están obligados a hacer frente a estas situaciones respetando la legislación nacional e internacional y los derechos humanos de todas las personas.

Testimonios, lesiones y videos que indican tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de militares a personas migrantes

La organización ha documentado, gráfica y audiovisualmente, cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas -porras reglamentarias-. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban estas lesiones en la cabeza, una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales, afirmando uno de ellos que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado. Otro chico marroquí contó a la organización llevar 25 días sin poder caminar, tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares, mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio. Otro chico marroquí y otro argelino relataron haber sido golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización: “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de estos jóvenes a Amnistía Internacional.

Entre las prácticas denunciadas por las personas entrevistadas figuran insultos y amenazas constantes para que abandonen Ceuta, impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas, y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden. Esta violencia es también ejercida contra las mujeres marroquíes incluyendo insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual. Una joven marroquí relató que un militar se mofó de ella con comentarios de carácter sexual relativos a “cómo había podido abrir las piernas” refiriéndose a su situación de embarazo.

Según testimonios, confirmados por videos a los que ha tenido acceso la organización, algunos militares han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes -para evitar ser reconocidos- propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Amnistía Internacional también ha tenido acceso a información recabada por el colectivo Border Resistance, que ha llevado a cabo una documentación exhaustiva de alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, Policía Nacional y Guardia Civil. Esta investigación es plenamente consistente con los casos documentados de forma directa por Amnistía Internacional, destacando vídeos que muestran golpes con defensas y patadas a migrantes tendidos en el suelo, y partes médicos que acreditan lesiones, como fracturas en extremidades y traumatismos craneales, que los migrantes refieren han sido causadas por agresiones de soldados.

Cientos de mujeres y niños y niñas viviendo en la calle, en una situación de desprotección y riesgo de sufrir violencia

Dos meses después de la entrada en Ceuta de miles de personas, todavía cientos de niños y niñas, algunos de tan solo 12 o 13 años, siguen esperando un recurso de emergencia viviendo en la calle en total desprotección. Carecen de acceso alimentación adecuada, y siguen expuestos a la violencia tanto de las fuerzas militares como de particulares. La dimensión del problema se refleja en las cifras institucionales.

Recientemente, el responsable del mando único en Ceuta cifró en 2.383 los menores migrantes no acompañados que han sido identificados. Entre 500 y 700 permanecen en la calle hoy sin ninguna cobertura, en el marco de una disputa política sobre la negativa de algunas comunidades autónomas a acogerlos y el rechazo del propio Gobierno ceutí a designar representantes legales. El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado que 54 menores han sido reagrupados con familiares en la península. Unas 800 mujeres, algunas con sus hijos e hijas, estarían viviendo en la calle.

Amnistía Internacional ha identificado familias con niños y niñas, y mujeres que llevan semanas durmiendo a la intemperie en los asentamientos mencionados.

Familias monomarentales, mujeres y niños y niñas no acompañados enfrentan riesgos aún más elevados

Cientos de mujeres siguen sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, muchas de ellas se encuentran con sus hijos e hijas durmiendo en la calle.

Como consecuencia de esta grave desprotección han surgido iniciativas por parte de algunas personas en Ceuta para dar una respuesta a esta situación, como en el caso de unas 20 familias monomarentales formadas por mujeres con sus hijos e hijas que se encuentran alojadas en una carpa próxima a la mezquita de Sidi Embarek, para evitar que estuviesen en la calle. Sin embargo, dicho lugar no reúne unas mínimas condiciones para una estancia prolongada, ya que las mujeres, sus hijos e hijas duermen en el suelo, y no tienen acceso ni a duchas ni a aseos.

Además, se han reportado casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes. Según información del Consejo General del Poder Judicial, se iniciaron 37 investigaciones, de las cuales 28 continúan abiertas, tras haber sido archivadas provisionalmente ocho. El total de víctimas es 39: 38 mujeres y un hombre, de las cuales 14 son menores de edad.

Amnistía Internacional recogió testimonios de niños no acompañados que acuden casi a diario a los cuerpos policiales a solicitar protección y son rechazados de manera constante, vulnerándose así las obligaciones y los procedimientos que las autoridades españolas deben adoptar, cuando están ante una persona menor de edad sin un adulto responsable, tal y como establece la legislación vigente, delegando esta responsabilidad a organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales de ámbito local, están al límite de su capacidad.

Grupos en riesgo y personas solicitantes de asilo sin identificar

Conforme a las normas europeas vigentes desde mediados de junio, España debe realizar un triaje a todas las personas para identificar a personas solicitantes de asilo, incluidos controles de salud y seguridad y un control preliminar de vulnerabilidad para identificar a supervivientes de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes y a personas con necesidades especiales.

La organización ha podido entrevistarse con solicitantes de asilo que habían entrado antes del 30 de julio, procedentes en lugares en conflicto como Somalia y Yemen, cuyos expedientes de asilo no habían sido iniciados, no se les había realizado ningún tipo de entrevista para detección de vulnerabilidades ni se les había facilitado información sobre los procedimientos, o incluso siendo objeto de expulsiones ilegales como el caso de tres ciudadanos yemeníes con los que habló Amnistía Internacional.

Un hombre de 34 años solicitante de asilo de Yemen que entró en Ceuta el día 29 de junio cuenta cómo fue expulsado sin procedimiento seis días después de haber entrado. Tras ser rescatado por Cruz Roja, miembros de la policía le trasladaron al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes); sin embargo, no le dejaron entrar por falta de plazas. Junto con otros compañeros tuvo que dormir en el bosque, seis días después, cuando bajó a buscar comida fue objeto de una redada por parte de los militares: “Nos cogieron a unos 70, había principalmente marroquíes, nos sentaron a todos en filas, yo levanté el brazo para enseñar mi pasaporte, pero un militar lo tiró al suelo dándome con la porra en la mano, nos metieron en vehículos militares y nos llevaron a la frontera donde nos entregaron a la policía marroquí. Conseguí volver a entrar porque quiero pedir protección internacional.” Amnistía Internacional ha tenido acceso a documentación que corrobora su versión.

Perfilamiento racial y hostigamiento racista, xenófobo e islamófobo

La organización también ha documentado el hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba, que parece perseguir el desgaste de las personas migrantes y afecta también a personas racializadas de Ceuta, al ver impedido el paso al centro de la ciudad y a tiendas o supermercados por parte de militares que, mediante la presencia amenazante en las puertas de acceso o calles aledañas, deciden arbitrariamente, en función del color de la piel o la indumentaria -en el caso de las mujeres si llevan velo-, si pueden o no pasar, realizando identificaciones agresivas. El perfilamiento racial afecta no solo a personas migrantes, sino también a ceutíes de origen marroquí o percibidos así.

El equipo de Amnistía Internacional presenció cómo un grupo de militares se dirigía a personas racializadas que hablaban entre ellas sentadas en un banco público cerca del centro de la ciudad preguntándoles si “eran de aquí” y obligándolas a marcharse del lugar. Al preguntar por el motivo de esa pregunta, la respuesta que recibieron fue: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.

Amnistía Internacional ha declarado: "Miles de personas llevan desde el 30 de julio en Ceuta sin que se hayan adoptado medidas urgentes para evitar la crisis humanitaria que se está provocando; miles de personas permanecen sin apenas comida, sin recursos de emergencia ni instalaciones sanitarias y, en el caso de las mujeres, expuestas a discriminación y violencia sexual. Por si fuera poco, reciben el hostigamiento y la violencia por parte de militares desplegados en la zona y son ignoradas por las autoridades".

Falta de asistencia humanitaria y sanitaria          

Las personas migrantes en Ceuta no tienen acceso a una asistencia humanitaria y sanitaria adecuada, lo que intensifica el trato cruel e inhumano. Muchas pasan hambre y sed y viven en condiciones indignas en la calle, pernoctando en tiendas de campaña, bajo lonas de plástico o directamente a la intemperie, debido a la falta de lugares adecuados para su acogida, y a que el reparto de comida a cargo de Cruz Roja y otras ONG resulta insuficiente.

Cada tarde, y solamente una vez al día, en un extremo de la playa del Trampolín, Cruz Roja entrega una bolsa con una barra de pan, una botella de agua, una lata de atún, un bote de zumo y un paquete de galletas, custodiados por al menos siete furgonetas de la Policía Nacional. Para acceder a esta comida insuficiente, las personas migrantes, incluidas mujeres con sus hijos que se encuentran refugiadas en otras zonas que consideran más seguras que la playa del Trampolín, deben caminar durante horas tanto a la ida como a la vuelta: “Si no acudimos con nuestros hijos no nos dan su ración, que es exactamente la misma que para el resto”.

Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, no hay ningún tipo de medida para garantizar que los niños y niñas, incluyendo algunos de muy corta edad que se encuentran junto a sus progenitores viviendo en la calle, puedan tener acceso a una alimentación adecuada, teniendo acceso a esa ración de comida fría solo una vez al día: “Antes venía la organización Luna Blanca y nos traía comida caliente, pero ya no pueden venir más, algunas personas vienen algunas noches a traernos algo de comida”. En el caso de los varones adultos, están obligados a hacer colas de más de tres horas al sol, sentados en el suelo y custodiados por la Policía Nacional, que de forma arbitraria puede expulsar de la fila y dejar sin comida a quien considere.

La asistencia sanitaria de Cruz Roja se presta en la misma playa, a la misma hora y en el extremo opuesto, por lo que muchas personas tienen que elegir entre comer o ser atendidas de heridas y enfermedades, algunas de ellas provocadas por las condiciones de insalubridad en las que viven.

En general, Amnistía Internacional ha podido comprobar que hay carencias de agua potable, duchas, elementos de aseo e higiene, ropa limpia y atención sanitaria en los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín, las Naves del Tarajal, las afueras del CETI, el Centro ecuestre de La Hípica de Ceuta, el terreno anexo a la mezquita de Sidi Embarek y otras zonas, como el bosque que rodea la ciudad o barrios periféricos como Loma Colmenar y afueras de el barrio de El Príncipe.

Las familias, compuestas fundamentalmente por mujeres y menores a su cargo viviendo en la calle forman un grupo muy expuesto al riesgo. Sin embargo se está dando prioridad al alojamiento de hombres adultos sobre otros colectivos en lo que parece responder más a medidas para evita que deambulen por la calle. Las propias mujeres han denunciado a Amnistía Internacional la falta de respuesta de las autoridades lo que las expone a mayores riesgos de seguridad y enfermedades como consecuencia de tener que vivir en situaciones indignas.

La organización también ha recibido testimonios que señalan discriminación y comentarios racistas y xenófobos al acudir al hospital. por parte de algunos miembros del personal sanitario, dirigiéndose a ellos como invasores, y obligándolas a permanecer en la calle en vez de en la sala de espera de urgencias antes de recibir asistencia sanitaria, incluidas menores de edad. Una mujer marroquí contó: “Acudí al hospital a las doce de la noche con mi hija de 16 años porque tiene molestias urinarias, a ella le dijeron que se tenía que sentar en unos bancos fuera del hospital y a mí no me dejaron estar con ella, tuve que esperar en la carretera. A las cuatro de la mañana, decidimos irnos porque ya ella ya no podía estar más allí, salió alguien y le cortó la pulsera que le habían puesto y nos fuimos, en la farmacia nos han dado algo para el dolor”.

Amnistía Internacional ha recogido testimonios de personas con heridas abiertas en la cabeza que denunciaban muchas horas de espera en la calle para ser atendidas por parte del personal sanitario, así como hostigamiento por parte de los militares que patrullan alrededor del hospital. Amnistía Internacional también recogió el testimonio de un hombre en silla de ruedas y con lesiones severas en tobillos, brazos y torso después de ser empujado por militares desde una altura de más de seis metros a quien, según sus declaraciones, no le habían hecho ni una sola radiografía, únicamente un vendaje de emergencia.

El odio se extiende por la ciudad por los bulos y la desinformación y una retórica que deshumaniza

La situación en Ceuta se produce en un contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y de intensificación de la retórica de odio por parte de determinadas autoridades y representantes políticos Los datos de monitorización recogidos por Amnistía Internacional confirman esta tendencia que apuntan informes oficiales como el de OBERAXE, que asegura que los mensajes de odio en redes sociales aumentaron un 76% a raíz de la crisis migratoria de Ceuta durante el mes de agosto. Estos mensajes se emplearon para reforzar narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad y la convivencia.

Esta retórica estigmatizante en las redes sociales también se se ha instalado en el debate público. Expresiones como "invasores" o "hay que cazarlos" se han repetido de forma reiterada por parte de autoridades y partidos políticos, que han tenido un enorme eco en medios de comunicación y redes sociales, algo que el equipo de Amnistía Internacional pudo comprobar en diversas manifestaciones que tuvieron lugar durante su visita a Ceuta y situaciones cotidianas en la misma ciudad. El propio secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar públicamente que había que "cazar uno por uno" a las personas migrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo publicó un tuit afirmando: “No son migrantes. Son soldados. Usan a las mujeres y los niños de atrezo”. La retórica estigmatizante y abusiva no se limita a enfrentar a "los españoles" con "los inmigrantes", sino que extiende la hostilidad también hacia quienes defienden los derechos humanos, ayudan a las personas migrantes o cuestionan estos discursos, hay ejemplos no solo de hostigamiento verbal sino físico también.

Periodistas y ONG son objeto de estigmatización, ataques y de hostigamiento tanto por autoridades como por particulares   

Además de los ataques denunciados por periodistas de La Sexta, RTVE y eldiario.es —ante los que Amnistía Internacional ha reclamado que se proteja su integridad y su derecho a informar—, se suman incidentes recientes. Organizaciones y colectivos están recibiendo este hostigamiento, especialmente aquellos sobre el terreno intentando proporcionar ayuda humanitaria a las personas migrantes.

Una activista de Brigadas contó que las fuerzas de seguridad obstaculizan su labor incluso cuando intentan repartir compresas y otros productos de higiene a las mujeres. Otras organizaciones locales como Luna Blanca también están siendo objeto de insultos y acoso por su labor, que consiste principalmente en proporcionar comida caliente a las personas migrantes.

Otro ejemplo flagrante es el de No Name Kitchen, que presta ayuda directa a las personas migrantes desde el inicio de la crisis. Entre varios episodios de hostigamiento, el 12 de septiembre, su sede en Ceuta permaneció bloqueada por un vehículo militar, lo que dificultó el reparto de comida, y sus activistas fueron objeto de insultos sexistas y seguimiento, algo que la delegación de Amnistía Internacional también pudo comprobar in situ. Además, el 25 de agosto dos activistas de esta organización fueron detenidas y están a la espera de juicio por resistencia a la autoridad, tras haber grabado una actuación policial contra un migrante. La Fiscalía sostiene que se negaron a ser registradas, e incluso el Ministro del Interior Grande-Marlaska llegó a afirmar que la detención se produjo por haber “alentado a grupos violentos” que respondieron con agresividad a la policía.

Amnistía Internacional no ha constatado, tras verificar la información disponible, ninguna actuación violenta por parte de migrantes -pese a lo cual algunos sí recibieron golpes con porras-, ni tampoco por parte de los activistas, una de las cuales se deja esposar mientras pide un abogado, misma reclamación que hace el otro activista antes de ser inmovilizado y detenido. Otro episodio grave es el relativo a la circulación de fotografías de los documentos de identidad de activistas de No Name Kitchen por grupos de WhatsApp y redes sociales, atribuyéndoles falsamente haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes.

El caso más reciente, también grave, fue la agresión sufrida por Rafa Borrego, activista, Sofía Cánovas, abogada internacional de derechos humanos, y la diputada ceutí Julia Ferreras el domingo 20 de septiembre, en el marco de una movilización contra la llegada de la ONG navarra Negu Gorriak. Rafa Borrego, que estaba tomando imágenes de la movilización, fue increpado y señalado por uno de los participantes como miembro de dicha ONG: “¡Este es uno de ellos!” Esto motivó que numerosas personas se giraran a gritar a Rafa: ”Es uno de los etarras”. Pese al clima de tensión, ningún agente policial actuó para abordar la situación, y Rafa Borrego se encaminó con Sofía Cánovas al coche que conducía Julia Ferreras. Dentro del vehículo fueron objeto de numerosos lanzamientos de huevos y de piedras. Un hombre fue capaz de llegar al coche, pasando entre los policías, y propinó dos puñetazos al cristal del copiloto, donde estaba Borrego. Otra mujer también consiguió llegar al coche e incluso llegó a abrir la puerta trasera izquierda, cerrándola Sofía Cánovas desde dentro. Con la luna trasera del coche ya reventada por los impactos, un hombre arrojó un objeto ante la mirada e inacción de un agente de la policía.

Esta agresión ha supuesto un paso más en la escalada de violencia contra el activismo de derechos humanos en Ceuta, con la preocupación añadida ante una actuación policial que no abordó de forma decidida la situación de hostigamiento, primero, y violencia física, después, contra estas personas, a excepción del policía que condujo el coche fuera del tumulto. La organización vuelve a pedir a las autoridades que proporcione seguridad a las organizaciones que prestan asistencia humanitaria.

La propia delegación de Amnistía Internacional fue identificada por miembros de la Policía Nacional durante su trabajo de investigación, tras ser avisados por militares y miembros de seguridad del hospital al cuestionar que estuvieran expulsando de la zona a personas a las que consideraban migrantes. También recibió hostigamiento, desprecio e insultos por parte de un grupo de militares que patrullaba junto a la puerta principal del Hospital Universitario de Ceuta el 11 de septiembre a las 17.30 de la tarde: "Perroflautas. ¡A chuparla!", espetó uno de los militares.

Ocho recomendaciones de Amnistía Internacional para abordar la grave situación de derechos humanos en Ceuta

A la luz de estos hallazgos, Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas:

1. Asegurar de manera inmediata la asistencia humanitaria adecuada y condiciones dignas de acogida, incluyendo asistencia alimentaria y sanitaria acceso a agua potable, alimentación suficiente, atención sanitaria y condiciones de higiene dignas, a las personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta.
2. Asegurar la pronta y adecuada identificación de vulnerabilidades, y una atención humanitaria que considere los impactos diferenciadores de genero y edad.
3. Identificar, proteger y acoger de manera digna de todos los niños y niñas no acompañados presentes en Ceuta, así como considerar el traslado a otras comunidades autónomas, para su acogida solidaria y corresponsable.
4. Proceder al traslado de personas en riesgo a la península, así como de solicitantes de asilo.
5. Ordenar a las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad el cese inmediato de todo ataque u hostigamiento contra personas migrantes, incluyendo palizas, humillaciones y vejaciones, así como las iniciativas de perfilamiento racial.
6. Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva las alegaciones de abusos contra personas migrantes, incluyendo los que pueden constituir actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, apartando cautelarmente a los militares implicados en agresiones a migrantes, y la determinación imparcial de responsabilidades penales y disciplinarias correspondientes. Toda investigación requiere abordar la posibilidad de motivación racista de estos ataques.
7. Respetar de manera absoluta el principio de no devolución a países donde personas puedan correr riesgo y la prohibición, sin excepción, de las expulsiones colectivas, garantizando el acceso efectivo al procedimiento de asilo a todas las personas que lo soliciten. Condenar pública y explícitamente, por parte de autoridades y representantes políticos, los discursos racistas, xenófobos e islamófobos, que deshumanizan a las personas migrantes, y adoptar medidas para abordar la difusión de discurso de odio en redes sociales y en el debate público. Estas medidas deben consistir, en los casos graves de incitación al odio, en investigaciones de oficio de la Fiscalía, y en los casos en que estos mensajes no alcancen los umbrales establecidos por el derecho internacional para ser prohibidos y perseguidos, mediante distintas vías que busquen atender las raíces que generan tal división social, tales como campañas de sensibilización y educación .
8. Garantizar que periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos pueden ejercer su labor en Ceuta sin ser objeto de agresiones, amenazas ni obstáculos por particulares o personas con cargos públicos e investigar, por parte de la Fiscalía, los ataques y agresiones que han sufrido actuando de oficio cuando corresponda.