La Audiencia Nacional encara una semana clave con las declaraciones de Vivas y Sanz
INVASIÓN DE CEUTA
Juan Vivas declarará el miércoles ante María Tardón y Gonzalo Sanz lo hará un día después junto al jefe de la Policía Local. La jueza quiere reconstruir qué alertas existían y quién conocía el riesgo antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio
La investigación judicial sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio entra esta semana en una fase relevante con las declaraciones de varios responsables que tuvieron conocimiento directo de la situación. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón escuchará como testigos al presidente de la Ciudad, Juan Vivas; al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz; y al jefe de la Policía Local.
Vivas comparecerá el miércoles 30 de septiembre, mientras que Sanz y el responsable de la Policía Local lo harán al día siguiente. Ninguno está siendo investigado: sus declaraciones forman parte de las diligencias acordadas para reconstruir qué información manejaban las distintas administraciones antes de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos y cómo fueron transmitidas las alertas existentes.
Uno de los puntos sobre los que pretende avanzar la instrucción es precisamente el recorrido de esos avisos. Tardón ha reclamado a organismos policiales, militares y de inteligencia los análisis de riesgo y comunicaciones relacionados con la crisis, incluyendo cuándo fueron elaborados, quién los recibió y por qué vía se distribuyeron. La investigación trata así de establecer una cronología precisa de las horas anteriores al colapso fronterizo.
La declaración de Gonzalo Sanz cobra especial interés por la controversia surgida en torno a los avisos del Centro Nacional de Inteligencia. El antiguo jefe de gabinete dejó su cargo después de hacerse públicas las discrepancias sobre la información recibida antes de los acontecimientos y sobre si ésta fue trasladada al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
La investigación judicial va, no obstante, mucho más allá de determinar qué conocían las autoridades españolas. Entre las diligencias acordadas figuran análisis biométricos y de reconocimiento facial de personas señaladas como posibles dinamizadores de las convocatorias difundidas a través de redes sociales, así como la identificación de efectivos marroquíes que aparecen en imágenes incorporadas al procedimiento.
La magistrada también busca esclarecer qué ocurrió al otro lado de la frontera. La investigación analiza el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes y trata de determinar si existió algún tipo de organización o coordinación previa que facilitara el desplazamiento de miles de personas hacia Ceuta. Para ello se han requerido imágenes, comunicaciones y documentación procedente de distintos organismos.
La causa incluye además una vertiente tecnológica bajo secreto destinada a rastrear la actividad desarrollada en redes sociales y plataformas digitales durante las semanas anteriores y posteriores a los acontecimientos. El objetivo es identificar las cuentas, dispositivos y canales que pudieron participar en la difusión y organización de las convocatorias.
La comparecencia de Vivas permitirá incorporar al procedimiento judicial su conocimiento de aquellos días y de las comunicaciones mantenidas antes y durante la crisis. El presidente ceutí ha defendido públicamente la necesidad de esclarecer cómo pudo producirse una movilización de semejante magnitud y qué papel desempeñó Marruecos en los acontecimientos.
Las declaraciones previstas esta semana no determinarán por sí solas responsabilidades, pero sí permitirán a la Audiencia Nacional completar la cronología sobre las alertas disponibles y contrastar las versiones de quienes ocupaban puestos clave en Ceuta. A partir de esos testimonios y de la abundante documentación solicitada, la magistrada podrá decidir si resulta necesario abrir nuevas líneas de investigación o acordar más comparecencias.
