"Se avisó, pero no hubo respuesta política": Giraldo apunta a Interior

La crisis migratoria que comenzó en Ceuta el pasado 30 de julio no fue únicamente consecuencia de una entrada masiva de personas, sino también de un grave fallo en la seguridad fronteriza y de una respuesta política que, según el inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo, no estuvo a la altura de las circunstancias. El portavoz de H50 Digital Policial y secretario general de la UFP sostiene que las autoridades españolas fueron advertidas de lo que podía suceder y considera que las responsabilidades deben buscarse en los niveles superiores de la estructura del Ministerio del Interior.

En una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta, Giraldo ofrece un diagnóstico especialmente crítico sobre lo sucedido y sus consecuencias. Habla de una frontera vulnerable, de la insuficiencia de recursos policiales, de la dependencia de Marruecos y de una legislación que, a su juicio, dificulta la recuperación de la normalidad. Su valoración sobre los acontecimientos de finales de julio es contundente: "Yo lo que creo es que ha sido una invasión y un grave fallo de seguridad fronteriza".

"Se avisó, pero no hubo respuesta política"

Una de las cuestiones sobre las que Giraldo se muestra más firme es la responsabilidad de las autoridades ante la entrada masiva. El inspector jefe considera que el problema no estuvo en la ausencia de información previa, sino en la falta de una reacción adecuada por parte de quienes tenían capacidad para adoptar decisiones.

"El aviso, eso es indiscutible que se avisó. El problema es que no hubo una respuesta política", afirma. En este sentido, sostiene que tanto los cuerpos policiales como los servicios de información habían trasladado advertencias, por lo que rechaza que las responsabilidades puedan limitarse a los escalones inferiores de la Administración.

Giraldo considera insuficientes las responsabilidades políticas asumidas hasta ahora y recuerda que un delegado del Gobierno ocupa una posición intermedia dentro de la estructura de mando del Estado. "Quien tiene que dar y quien tiene que poner los medios es por encima del delegado de Gobierno", señala, antes de apuntar directamente hacia la Secretaría de Estado y el Ministerio del Interior.

Su razonamiento parte de una cuestión que considera esencial: “si existían advertencias y no se adoptaron las medidas necesarias, debe esclarecerse quién tenía la competencia para ordenar los refuerzos y por qué no se produjo una respuesta proporcionada al riesgo”.

Marruecos, en el centro de sus críticas

El papel de Marruecos constituye otro de los puntos más controvertidos de la entrevista. Giraldo considera que España continúa dependiendo excesivamente de las decisiones adoptadas al otro lado de la frontera y sostiene que esa situación compromete la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta.

"Estamos a expensas de las decisiones de Marruecos", advierte.

El inspector jefe va más allá y atribuye a las autoridades marroquíes una responsabilidad directa en los acontecimientos de julio. A su juicio, una movilización de semejante magnitud no puede explicarse exclusivamente por la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico irregular de personas.

"Una mafia no tiene capacidad para organizar lo que ha pasado", afirma, convencido de que la dimensión de la entrada masiva exigía una infraestructura y una capacidad de movilización superiores a las habituales en estas redes.

Giraldo llega a sostener que Marruecos habría favorecido lo sucedido, aunque reconoce que espera que las pruebas terminen confirmando su interpretación. Se trata, por tanto, de una acusación formulada por el entrevistado, no de una responsabilidad acreditada en la propia entrevista.

Su crítica también se dirige hacia España. Considera que el Estado debería disponer de recursos suficientes para responder ante cualquier debilitamiento de la cooperación marroquí y no confiar la seguridad fronteriza a la voluntad de un país vecino.

"En 2021 hubo una invasión. Estamos en 2026 y hay otra. El Tarajal es el mismo", resume.

Una frontera que sigue siendo vulnerable

Para Giraldo, la crisis ha puesto de manifiesto tres grandes deficiencias: la vulnerabilidad de las infraestructuras, la insuficiencia de efectivos y la ausencia de protocolos operativos suficientemente desarrollados.

El inspector jefe señala especialmente al espigón del Tarajal, cuya configuración considera inadecuada para impedir entradas masivas por vía marítima. También cuestiona que las medidas de seguridad retiradas durante los últimos años no hayan sido sustituidas, a su juicio, por otras alternativas con una eficacia disuasoria equivalente.

Recuerda, en este sentido, la retirada de las concertinas, una decisión con la que asegura estar de acuerdo por el riesgo de lesiones que suponían, pero critica que no se acompañara de un refuerzo suficiente de las infraestructuras y los recursos humanos.

Su preocupación se extiende a la seguridad jurídica de los propios agentes. Giraldo considera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan instrucciones claras sobre cómo actuar ante intentos masivos de entrada, especialmente cuando deben adoptar decisiones en situaciones de enorme tensión.

Para ilustrarlo, recuerda la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014 en el Tarajal, cuando 15 migrantes subsaharianos murieron ahogados mientras intentaban acceder a Ceuta bordeando a nado el espigón fronterizo. Durante aquel operativo, agentes de la Guardia Civil emplearon pelotas de goma y botes de humo con finalidad disuasoria, una actuación que dio lugar a una investigación judicial contra 16 miembros del Instituto Armado por presuntos delitos relacionados con las muertes y la denegación de auxilio. El procedimiento atravesó distintas fases de archivo y reapertura hasta que la Audiencia Provincial de Cádiz acordó en 2020 el sobreseimiento libre de la causa, al considerar que no existían indicios suficientes para atribuir responsabilidad penal a los agentes y que el empleo del material antidisturbios había sido adecuado y proporcional.

Más allá de aquel caso, su crítica se centra en la falta de protocolos específicos. "Hay una misión genérica. La misión genérica lo dispone la Ley de Extranjería: proteger nuestras fronteras. Pero no hay ningún protocolo que nos diga cómo tenemos que protegerlas", sostiene.

"No sabemos quiénes son"

Otro de los aspectos que más preocupa al inspector jefe es la identificación de las personas que accedieron a Ceuta durante la crisis. Giraldo considera que conocer la identidad y situación administrativa de quienes permanecen en el territorio constituye una condición imprescindible para recuperar la seguridad y gestionar adecuadamente los procedimientos de extranjería.

"La base para garantizar la seguridad de un país es identificar, saber quiénes son las personas que están en ese país", afirma.

El portavoz de H50 sostiene que todavía existen numerosas personas pendientes de completar estos procedimientos y advierte de que la falta de información dificulta tanto las actuaciones policiales como las decisiones administrativas posteriores.

Durante la entrevista maneja estimaciones que oscilan entre varios miles de personas, aunque reconoce expresamente que desconoce la cifra exacta. Su preocupación, más que establecer un número definitivo, se centra en la necesidad de acelerar las tareas de filiación y documentación.

Giraldo reclama un despliegue extraordinario de profesionales de Extranjería y Policía Científica, dos áreas que considera fundamentales para superar el bloqueo actual. Recuerda que la identificación exige tomar huellas, fotografías y otros datos necesarios para determinar la identidad y situación de cada persona.

"Para garantizar la seguridad en Ceuta hacen falta recursos. No solo de seguridad ciudadana, sino casi más importantes de Extranjería y de Científica", señala.

El inspector jefe insiste en que su planteamiento no pretende criminalizar a los migrantes, sino asegurar que las administraciones puedan conocer la situación individual de cada uno y aplicar los procedimientos que legalmente correspondan, ya sea la permanencia, la protección internacional o el retorno.

El riesgo de que lo provisional se convierta en permanente

La prolongación de la crisis y la creación de instalaciones temporales de acogida constituyen otro motivo de preocupación para Giraldo. El mando policial advierte de que no todas las personas que han accedido a Ceuta podrán ser expulsadas, incluso cuando concluyan los procedimientos administrativos.

Explica que las expulsiones pueden depender de la aceptación de los países de destino y que existen situaciones particulares, como las de personas procedentes de territorios en conflicto, que pueden impedir legalmente su retorno.

Por ello, teme que una parte de la población migrante permanezca durante un periodo prolongado en la ciudad y que los recursos concebidos inicialmente para una emergencia tengan que seguir funcionando mucho más tiempo del previsto.

"El riesgo es alto, muy alto", responde cuando se le pregunta por la posibilidad de que la situación provisional termine adquiriendo carácter permanente.

Giraldo vincula este escenario con los plazos administrativos que establece la legislación actual y vuelve a reclamar mecanismos excepcionales que permitan agilizar los expedientes sin renunciar a las garantías individuales.

Al menos seis meses para recuperar la normalidad

El pronóstico del inspector jefe sobre el futuro inmediato de Ceuta tampoco invita al optimismo. Preguntado por el tiempo que necesitará la ciudad para recuperar una situación de normalidad, Giraldo calcula que serán necesarios, como mínimo, seis meses.

"La normalidad no se recuperará hasta dentro mínimo de seis meses", afirma, condicionando ese plazo a que se complete la identificación de las personas afectadas y se determine su situación administrativa.

El portavoz policial precisa que no está hablando de regularizar automáticamente la permanencia de los migrantes, sino de resolver sus expedientes y conocer quién tiene derecho a permanecer en España y quién debe abandonar el territorio conforme a la legislación vigente.

A su juicio, los procedimientos actuales prolongarán inevitablemente la crisis si no se introducen cambios legislativos y se refuerzan los equipos encargados de tramitar los expedientes.

Giraldo concluye con una advertencia que resume buena parte de sus críticas: Ceuta no podrá recuperar plenamente la normalidad mientras persistan las deficiencias de seguridad fronteriza, no se completen las identificaciones y continúen pendientes miles de decisiones administrativas. Una situación que, según sostiene, podría haberse evitado con una respuesta más rápida y una planificación adecuada.