Berges acusa a Europa de cerrar la puerta a la mano de obra que dice necesitar

La polémica sobre el recientemente aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo sigue su curso. Desde su entrada en vigor el pasado 12 de junio, han sido muchas las organizaciones, asociaciones, sindicatos, juristas y colectivos especializados los que han puesto el grito en el cielo sobre un acuerdo que, coinciden, atenta contra los derechos de las personas migrantes que quieren acceder a territorio de la Unión Europea. Rosa Berges, secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO Andalucía, asegura que están “totalmente en contra” de una nueva normativa que, a su juicio, establece situaciones discriminatorias para las personas que quieren llegar a territorio Schengen y acceder al mercado laboral.

“Europa necesita mano de obra, pero no abre vías legales para quienes vienen a trabajar”, explica Berges durante una entrevista con este diario. La sindicalista se muestra especialmente crítica con el Pacto Europeo de Migración y Asilo en la mayoría de sus puntos, pero resalta especialmente uno que le parece especialmente discriminatorio. 

Berges está convencida de que la nueva normativa no mejora la situación general que afecta a las personas trabajadoras. “No resuelve el problema básico, que es cómo entra la gente de forma regularizada”, expresa. Para la sindicalista hay dos aspectos básicos. 

Considera la sindicalista especialmente discriminatoria la división que introduce el nuevo marco entre trabajadores cualificados y no cualificados. Según explica, quienes cuentan con una titulación o una formación media o alta tendrán más facilidades para acceder al mercado laboral europeo, incluso mediante mecanismos en los países de origen donde podrán inscribirse o presentar su currículum. 

En cambio, para las personas sin titulación formal, pese a que son necesarias en numerosos sectores, no se habilita una vía razonable de entrada regular. A su juicio, Europa reconoce que necesita mano de obra, pero mantiene cerrados los cauces legales para buena parte de quienes vienen precisamente a trabajar.

“Se facilita la entrada de personas cualificadas o con formación media y alta, pero esas son precisamente las que más pueden competir con la mano de obra europea. Sin embargo, para quienes no tienen una titulación formal, que probablemente son los trabajadores que más falta hacen en muchos sectores, no se crea ninguna vía razonable de entrada regular. Por eso el problema persiste”, resume Berges.

La consecuencia, advierte, es que la necesidad real de trabajadores no desaparece, pero se desplaza hacia circuitos más precarios. Si Europa no habilita vías ordenadas para cubrir sectores donde falta personal, muchas personas seguirán llegando por cauces irregulares y quedarán más expuestas a la economía sumergida, a la explotación laboral o a largos procesos administrativos para intentar regularizar su situación una vez dentro.

“No se puede tener a una persona inmigrante trabajando por la mañana y luego pretender que desaparezca”, resume Berges, que rechaza una política migratoria pensada solo desde la necesidad puntual de mano de obra. “Esas personas no son un input”, insiste, en referencia a una visión que, a su juicio, reduce la migración a una cuestión productiva sin garantizar derechos, estabilidad ni integración.

“Totalmente en contra”

El acuerdo endurece los controles en frontera, acelera los procedimientos de asilo y retorno, refuerza la cooperación con terceros países y establece mecanismos de solidaridad entre socios europeos. Sus defensores lo presentan como una herramienta para dar una respuesta más coordinada a la migración irregular, mientras que organizaciones sociales, juristas y sindicatos alertan de que puede dificultar el acceso a la protección internacional, aumentar las expulsiones y consolidar una política migratoria más centrada en el control que en los derechos. Para Berges no hay debate. 

“Estamos totalmente en contra. Rompe con los derechos fundamentales de las personas”, sostiene. 

Uno de los elementos que más polémica ha generado del nuevo marco europeo es la posibilidad de derivar parte de la gestión migratoria a instalaciones situadas fuera del territorio comunitario. Berges recuerda que el uso de esos espacios no es obligatorio para los Estados, pero advierte de que el pacto abre la puerta a una externalización del control de fronteras que puede acabar condicionando la política migratoria de la Unión. 

La preocupación, sostiene, no está solo en la existencia de esos recursos, sino en la falta de claridad sobre su naturaleza: si serían lugares de acogida, de retención o directamente de detención, cuánto tiempo permanecerían allí las personas afectadas y bajo qué garantías jurídicas.

La sindicalista sitúa a Marruecos como uno de los países que podría encajar en ese esquema, especialmente por su papel fronterizo y por la relación que mantiene con España y la UE en materia migratoria. Sin embargo, alerta de que no se trata precisamente de un Estado con plenas garantías en derechos humanos, una objeción que extiende a otros posibles destinos del norte de África, como Argelia o Libia. 

Para Berges, el riesgo es que Europa termine financiando estructuras fuera de sus fronteras para apartar a personas migrantes del espacio comunitario, en lugar de invertir esos recursos en vías regulares, acogida, protección internacional o cooperación real con los países de origen.

Berges resume esa deriva como una política de doble mirada: “policial y mercantilista”. Policial, porque refuerza controles, registros, retornos y posibles espacios de retención fuera de la UE; y mercantilista, porque selecciona a las personas migrantes en función de su utilidad laboral, “sin resolver de fondo cómo garantizar entradas regulares, protección efectiva y condiciones dignas para quienes ya sostienen parte del mercado de trabajo europeo”.