Del callejero al expediente: el plan del Gobierno para la salida de migrantes que siguen en Ceuta

La respuesta del Gobierno a la crisis migratoria desencadenada en Ceuta entra en una nueva fase, aunque sus efectos no serán inmediatos. Después de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio y del retorno voluntario de la mayoría de ellas al país vecino, el objetivo pasa ahora por ordenar la situación de quienes todavía permanecen en la ciudad y acelerar los procedimientos que permitan determinar quién puede permanecer legalmente en España y quién debe regresar a Marruecos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el refuerzo de los efectivos destinados a Extranjería y Fronteras para agilizar los expedientes y las actuaciones de retorno. La operación se dirige especialmente a los migrantes adultos que continúan en Ceuta. El Gobierno maneja varios miles de personas en esta situación, aunque las cifras globales de quienes permanecen en la ciudad incluyen también a menores, que están sometidos a un régimen jurídico y de protección diferente.

La estrategia tiene varios pasos: sacar a estas personas de las calles, concentrarlas temporalmente en unos recursos controlados, identificarlas, estudiar individualmente su situación administrativa y, una vez concluido el procedimiento correspondiente, ejecutar el retorno cuando exista base legal para hacerlo.

El primer paso: concentrar a quienes siguen en las calles

Uno de los problemas que afronta ahora Ceuta es la dispersión de miles de personas que permanecen en distintos puntos de la ciudad. La situación ha generado asentamientos improvisados y episodios de conflictividad e inseguridad en distintos barrios. Se trabaja en la habilitación de espacios en varias naves del Tarajal para atender y gestionar parte de este colectivo.

La lógica del dispositivo es sencilla: en lugar de que los migrantes adultos permanezcan dispersos por las calles, el Estado pretende tenerlos localizados y bajo control administrativo y policial mientras se completa su identificación y se determina su situación.

Uno de estos espacios funcionaría como un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), destinado a las primeras actuaciones de identificación, documentación, asistencia y derivación. Pero hay un límite fundamental: la permanencia en un CATE no puede prolongarse indefinidamente. El tiempo máximo de estancia bajo responsabilidad policial es de 72 horas. Ese periodo está destinado principalmente a realizar la identificación y las primeras actuaciones administrativas. Una vez finalizado, la persona debe quedar en libertad o ser derivada al recurso que corresponda, o bien, si concurren los requisitos legales, pasar a otro procedimiento previsto por la legislación de extranjería.

Por tanto, el CATE no debe confundirse con un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). El CATE constituye una fase inicial y temporal de identificación y gestión policial. Si posteriormente se considera necesario un internamiento para ejecutar una expulsión, este requiere las garantías y la intervención judicial previstas para los CIE.

Segundo paso: identificar a cada persona

El traslado a una nave o a un CATE no significa por sí mismo que exista una orden automática de expulsión. El siguiente paso es determinar quién es cada persona y cuál es su situación. La Policía debe realizar las labores de filiación y documentación y comprobar cuestiones como la nacionalidad, la edad y los antecedentes administrativos, además de determinar si existe alguna circunstancia que impida o condicione el retorno.

En este punto resulta especialmente importante determinar que se trata de personas mayores de edad. Los menores de edad, y especialmente los menores extranjeros no acompañados, quedan fuera de este circuito y deben ser atendidos conforme al sistema de protección de menores. El volumen de la operación explica la decisión del Gobierno de reforzar los equipos de Extranjería y Fronteras.

Tercer paso: determinar quién puede solicitar protección internacional

Aquí se encuentra la parte esencial del procedimiento. No todos los migrantes adultos que permanecen en Ceuta tienen necesariamente la misma respuesta administrativa.

Por un lado están quienes no reúnen las condiciones para permanecer en España —como es el caso de la mayoría de marroquíes— y respecto de los cuales puede tramitarse un procedimiento de devolución o expulsión, según las circunstancias y la vía jurídica aplicable.

Por otro, están quienes manifiesten su voluntad de solicitar protección internacional. Su situación cambia sustancialmente, porque la formalización de una solicitud de protección internacional tiene consecuencias sobre la posibilidad de ejecutar el retorno.

El Ministerio del Interior establece que, cuando existe una resolución de devolución, su ejecución queda suspendida si se formaliza una solicitud de protección internacional, hasta que se resuelva sobre dicha solicitud o se determine que no es admitida a trámite. Si la solicitud es admitida a trámite, lleva aparejada la autorización de entrada y la permanencia provisional de la persona solicitante en España.

Esto significa que solicitar asilo no implica permanecer encerrado en el CATE hasta que llegue la decisión de admisión a trámite. El CATE tiene un límite máximo de 72 horas. La solicitud de protección, en cambio, abre un procedimiento específico y, mientras se resuelve sobre su admisión, impide ejecutar la devolución en los términos establecidos por la normativa. La persona deberá quedar en libertad o ser derivada al recurso que corresponda conforme a su situación, es este caso algunos de los centros de estancia temporal que se habilitarán.

Cuarto paso: qué ocurre con quienes no solicitan protección

La ausencia de una solicitud de asilo o protección internacional no significa, por sí sola, que se produzca automáticamente una expulsión. Lo que sucede es que, si la persona se encuentra en situación irregular y no existe ninguna circunstancia que impida el retorno, las autoridades pueden tramitar la actuación de extranjería que corresponda. En función de las circunstancias concretas, puede tratarse de una devolución o de un procedimiento de expulsión.

En el caso de los marroquíes que hayan entrado irregularmente y respecto de los cuales proceda legalmente la devolución, el objetivo del Gobierno será ejecutar ese retorno a Marruecos

Quinto paso: acelerar los expedientes

El cuello de botella se encuentra ahora en la tramitación. El Gobierno ha anunciado la llegada de nuevos agentes de Extranjería y Fronteras para acelerar la documentación, los procedimientos de retorno y las repatriaciones.

La prioridad será resolver cuanto antes los expedientes de quienes no tienen derecho a permanecer en España y respecto de los cuales pueda ejecutarse legalmente el retorno. El refuerzo policial pretende evitar que la acumulación de expedientes termine convirtiéndose en otro problema: personas ya identificadas cuya situación administrativa sigue pendiente durante semanas porque no existe capacidad suficiente para completar los trámites.

Y el último paso: retornar a Marruecos a quien corresponda

Una vez completado el procedimiento, el Gobierno pretende ejecutar el retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España y respecto de las cuales exista una vía legal para hacerlo.

La colaboración de Marruecos es aquí determinante. Marlaska ha defendido que el funcionamiento de los mecanismos de retorno con el país vecino ha permitido que la inmensa mayoría de quienes entraron durante la avalancha ya hayan regresado. El Gobierno sitúa ese retorno en torno al 90% de las personas que accedieron a Ceuta.

El Ejecutivo pretende trasladar ahora esa capacidad de retorno al grupo que todavía permanece en la ciudad. No se trata, por tanto, de una operación de expulsión indiscriminada, sino de cerrar administrativamente la crisis: identificar a quienes quedan, determinar su situación jurídica, resolver los expedientes y ejecutar las decisiones correspondientes cuando legalmente proceda.

La operación tiene además un efecto paralelo: reducir la presencia de personas migrantes adultas en las calles de Ceuta mientras se resuelve su situación. El Gobierno pretende así recuperar progresivamente la normalidad en una ciudad que continúa afectada por las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio.

En este sentido, no es solo un dispositivo policial. La nueva fase de la respuesta del Gobierno combina seguridad, gestión migratoria y tramitación administrativa. El refuerzo de policías de Extranjería permitirá aumentar la capacidad para identificar y documentar a los migrantes; los recursos habilitados en el Tarajal permitirán concentrarlos temporalmente mientras se realizan esas actuaciones; y los expedientes determinarán finalmente quién puede permanecer en España y quién debe ser retornado. La gran mayoría de marroquíes se verán obligados a volver a Marruecos.

La cuestión decisiva será ahora la velocidad con la que puedan completarse esos procedimientos. Porque el problema que queda después de la avalancha ya no es únicamente cuántas personas entraron en Ceuta, sino qué situación jurídica tiene cada uno de los adultos que todavía permanecen en la ciudad y cuánto tiempo necesita el Estado para resolverla.

El Gobierno pretende que ese proceso deje de hacerse con miles de personas dispersas por las calles y pase a desarrollarse desde un dispositivo centralizado en el Tarajal. De ahí que la habilitación de las naves y el refuerzo de Extranjería sean dos piezas de una misma estrategia: concentrar temporalmente, identificar, tramitar y retornar cuando legalmente proceda.