CCOO, tras la publicación del BOE, insiste en su rechazo al uso de instalaciones deportivas como centros de acogida

CCOO ha vuelto a expresar su rechazo a la posibilidad de que varias instalaciones deportivas de la ciudad sean utilizadas como alojamientos temporales para personas migrantes, después de que el Gobierno haya incluido estos espacios entre los medios materiales disponibles para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada en la ciudad autónoma. El sindicato lamenta que el Real Decreto 681/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, incorpore a esa relación el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo, así como los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz-Flor.

CCOO considera que la eventual utilización de estas instalaciones tendría consecuencias tanto para las plantillas que trabajan en ellas como para sus miles de usuarios. Monitores deportivos, trabajadores de control de acceso y personal de limpieza, entre otros empleados, podrían verse afectados por una decisión que, a juicio del sindicato, debe abordarse previamente con los representantes de los trabajadores. La organización sindical recuerda que ya trasladó sus reivindicaciones al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, durante la jornada del martes. En ese encuentro, CCOO defendió que Ceuta no debe convertirse en un centro permanente de acogida de personas migrantes y advirtió de que destinar instalaciones deportivas a este fin supondría, en su opinión, avanzar en esa dirección.

El sindicato sostiene que la atención a las personas migrantes debe garantizarse en condiciones dignas, pero considera que esta obligación debe ser compatible con el mantenimiento de los servicios públicos y la protección de los derechos y espacios destinados a los ciudadanos de Ceuta. Por ello, reclama al Ejecutivo que abra un proceso de diálogo con las administraciones, agentes sociales y representantes vecinales antes de determinar los espacios que puedan destinarse al alojamiento de migrantes. CCOO advierte de que las decisiones tendrán efectos laborales, económicos y sociales que deben ser evaluados previamente.

Consecuencias laborales

CCOO alerta del impacto que la aplicación del real decreto puede tener sobre los empleados públicos y las distintas plantillas implicadas. El artículo 9 del real decreto establece la obligación de colaboración de las administraciones y organismos públicos, incluyendo la aportación de los medios humanos que sean requeridos. Sin embargo, según el sindicato, los anexos de la norma concretan las funciones que deberán asumir los ministerios y la Ciudad Autónoma, pero no determinan qué recursos humanos se verán afectados. Ante esta falta de concreción, CCOO exige que cualquier medida que pueda modificar las condiciones de trabajo o afectar a las plantillas sea negociada previamente con la representación sindical correspondiente. La organización considera que la declaración de interés para la Seguridad Nacional no debe interpretarse como una autorización para alterar unilateralmente las condiciones laborales de los trabajadores.

CCOO considera positiva, aunque tardía, la creación de un mando único para gestionar la situación, pero cuestiona la forma en la que el real decreto describe los acontecimientos del 30 de julio. El sindicato reclama mayor precisión en la definición de la crisis y sostiene que el texto legal no explica con suficiente detalle las circunstancias que llevaron al Gobierno a declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional. En particular, cuestiona que la norma se limite a describir una «afluencia masiva y simultánea» de personas migrantes y una posterior permanencia temporal en Ceuta, sin precisar la dimensión de los acontecimientos ni las circunstancias en las que se produjo la entrada irregular.

Para CCOO, la gravedad de lo ocurrido exige una explicación más detallada que permita comprender el alcance de la crisis incluso años después, sin necesidad de acudir a fuentes externas para reconstruir los hechos.

Otro de los puntos que preocupa a CCOO es la duración prevista de la declaración. El real decreto establece que la situación de interés para la Seguridad Nacional se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque contempla la posibilidad de ponerle fin antes o prorrogarla. El sindicato reclama que se trabaje para recuperar cuanto antes la normalidad en Ceuta y que la situación excepcional pueda quedar resuelta antes de que termine el año.

CCOO insiste, en este sentido, en que la ciudad no debe transformarse de facto en un gran centro de estancia temporal y reclama al Gobierno una rectificación inmediata de la inclusión de los polideportivos en el listado de recursos disponibles. La organización sindical pide además la convocatoria urgente de una mesa de diálogo con los agentes sociales y vecinales para buscar alternativas que permitan atender la situación migratoria sin afectar a los servicios públicos, las instalaciones deportivas ni las condiciones laborales de sus trabajadores.