La CECE plantea a Economía un paquete de medidas para proteger al tejido empresarial
Crisis migratoria
Entre las principales propuestas presentadas figura el establecimiento temporal de moratorias y aplazamientos de determinadas obligaciones con las administraciones públicas, especialmente en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, obligaciones tributarias y otros pagos públicos
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha reclamado al Ministerio de Economía la puesta en marcha de un paquete de medidas extraordinarias para proteger a las empresas, los trabajadores, las entidades y las comunidades de propietarios ante las consecuencias económicas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad.
Las propuestas fueron trasladadas la pasada semana al Ministerio de Economía, dentro de las gestiones que la organización empresarial está llevando a cabo ante las distintas administraciones para reclamar una respuesta rápida y extraordinaria que permita preservar la actividad económica y el empleo en Ceuta.
La CECE considera que es necesario actuar de manera inmediata para evitar que una situación coyuntural derive en problemas estructurales de endeudamiento, cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo o nuevos costes permanentes para el tejido económico y social de la ciudad.
Entre las principales medidas planteadas figura el establecimiento temporal de moratorias y aplazamientos de determinadas obligaciones con las administraciones públicas, especialmente en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, obligaciones tributarias y otros pagos públicos sobre los que pueda actuarse legalmente. El objetivo es que las empresas puedan mantener liquidez durante el periodo de recuperación y destinar sus recursos prioritariamente al pago de nóminas, proveedores y otras obligaciones esenciales.
La organización empresarial también propone la creación de una línea extraordinaria de ayudas directas para compensar parcialmente la reducción de actividad y los perjuicios económicos ocasionados durante este periodo excepcional. Estas ayudas, según la propuesta, deberían cubrir parte de las pérdidas vinculadas a la menor actividad, los gastos fijos, los costes extraordinarios y las obligaciones económicas generadas durante este periodo.
Otro de los ejes planteados por la CECE es la reestructuración y refinanciación de la deuda existente. La Confederación advierte de que empresas que eran viables antes de la actual situación pueden ver comprometida su continuidad como consecuencia de una reducción sobrevenida de su actividad.
Para evitarlo, reclama facilitar medidas como la ampliación de los plazos de vencimiento, periodos de carencia, renovación de pólizas de crédito, refinanciación de préstamos y adaptación de los calendarios de amortización. La organización empresarial subraya que su propuesta no busca generar nuevo endeudamiento, sino hacer sostenible la deuda ya existente hasta que se recupere la normalidad económica.
Protección del empleo
El mantenimiento del empleo constituye otra de las prioridades para la CECE. La organización considera necesario impedir que una situación temporal termine provocando una pérdida permanente de puestos de trabajo y plantea estudiar bonificaciones o exoneraciones temporales de costes laborales, mecanismos extraordinarios de protección del empleo y, cuando sea necesario, fórmulas similares a los ERTE empleados en otras situaciones excepcionales.
Para la Confederación, preservar los puestos de trabajo no solo permite proteger a los trabajadores y sus familias, sino también mantener la capacidad productiva de las empresas, el consumo y la confianza económica.
A estas medidas se suma una petición específica relacionada con los gastos extraordinarios en seguridad privada. La CECE solicita una línea de ayudas destinada a compensar los costes que empresas, entidades y comunidades de propietarios están asumiendo para reforzar su protección ante la situación actual.
La propuesta contempla gastos derivados de la contratación o ampliación de servicios de vigilancia, el aumento extraordinario de horas, el refuerzo temporal de servicios ya existentes y la instalación de sistemas o medidas adicionales de protección. La organización sostiene que estos costes no deberían recaer exclusivamente sobre empresas, entidades y comunidades cuando responden a una situación extraordinaria que, según defiende, excede de su responsabilidad.
La CECE reclama además que las medidas se tramiten con máxima rapidez y mínima burocracia. A su juicio, la eficacia de cualquier ayuda dependerá en buena medida del tiempo que tarde en llegar a sus destinatarios.
Por ello, plantea recurrir a procedimientos ágiles basados en declaraciones responsables, anticipos, comprobaciones posteriores, intercambio de información entre administraciones y utilización de los datos fiscales y laborales que ya obren en poder de las instituciones. También solicita que estas actuaciones cuenten con una tramitación preferente. La Confederación advierte de que una ayuda que llega tarde pierde buena parte de su utilidad y considera que la simplificación administrativa debe formar parte del propio diseño de las medidas.
Plan extraordinario
Como marco para todas estas actuaciones, la CECE propone la creación de un Plan Extraordinario de Recuperación y Protección Económica de Ceuta, que permita articular una respuesta conjunta en materia de liquidez, solvencia, deuda, empleo y seguridad.
La organización empresarial defiende que las medidas tengan carácter temporal, coordinado y extraordinario y que puedan activarse con la máxima rapidez. Su finalidad, recalca, no es sustituir la actividad económica ni establecer mecanismos permanentes, sino proporcionar protección temporal a las empresas viables, preservar el empleo y evitar que los costes extraordinarios derivados de la actual situación terminen convirtiéndose en cargas estructurales para la ciudad.
La CECE resume su petición en tres objetivos prioritarios: evitar que empresas viables tengan que cerrar por problemas coyunturales de liquidez, impedir la pérdida de puestos de trabajo por una situación temporal y evitar que los costes extraordinarios de la crisis recaigan de forma permanente sobre empresas, trabajadores y ciudadanos de Ceuta.