Ceuta no estuvo encima de la mesa en los debates sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo

Ceuta y Melilla no estuvieron “nunca” encima de la mesa durante los debates sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, según confirman a este diario fuentes presentes en Bruselas por aquel entonces. La situación extraordinaria de las dos ciudades autónomas, únicas fronteras de la UE con África, ni siquiera se planteó a pesar de la grave presión migratoria -sobre todo a este lado- que llevan soportando ambos territorios años. “Habría requerido un plan especial de implementación de la nueva iniciativa. ¿Te suena? No, porque no lo hay. Y sería necesario”, subrayan. 

A mediados del mes de noviembre, la Comisión Europea activó el “primer ciclo anual de gestión de la migración en el marco del Pacto Migratorio Europeo y de Asilo”, aprobado en junio de 2024 y que entrará en vigor, salvo imprevisto, a principios del próximo verano. Este paso obligará a una mayor solidaridad entre los Estados miembros, que podrán optar por ayudar a los países con mayor presión mediante apoyo económico o acogiendo a migrantes. 

El Estado recibió buenas noticias el pasado 12 de noviembre. La Comisión Europea declaró a España, Italia, Grecia y Chipre como países “bajo presión migratoria”, por lo que podrán activar los mecanismos previstos en el Pacto Migratorio que supuestamente entrará se pondrá en marcha en junio de 2026. 

Este hecho impactará de lleno y positivamente en Ceuta, saturada desde el año pasado de menores extranjeros no acompañados y con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) también muy por encima de su ocupación ideal. 

El Pacto Europeo unido a la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que obliga a la solidaridad a la hora de acoger niños solos procedentes de territorios tensionados -y que ya está aliviando, lentamente, a la ciudad autónoma- parecen dibujar un horizonte nuevo a corto plazo, aunque las fuentes consultadas transmiten serias dudas acerca de la previsión que se está llevando a cabo en España para la implementación del acuerdo. 

El pacto obliga a llevar a cabo aspectos concretos: por ejemplo, un centro de “screening” fronterizo, instalaciones Eurodac para reconocimiento biométrico, centros ampliados para extranjeros o espacios donde alojar a las personas mientras se realizan los controles. 

“No es lo mismo gestionar esto en Madrid o Barcelona que en una ciudad de unos 18 km² como Ceuta, donde las avalanchas de entradas requieren capacidad inmediata de alojamiento, registro biométrico y tramitación”, subrayan las mismas fuentes. 

El pacto introduce obligaciones necesarias: el “screening” de todo el que entra irregularmente, la toma de datos biométricos y su inclusión en bases de datos compartidas. Si posteriormente esa persona aparece, por ejemplo, en Suecia, se sabe que ya pidió asilo en España y se le denegó, por lo que no puede volver a iniciar el procedimiento desde cero.

También prevé el nuevo pacto procedimientos acelerados en frontera: si alguien viene de un país con una tasa de reconocimiento de asilo baja (por debajo del 20%), en principio no podría pedirlo y sería retornado, según las fuentes conocedoras del acuerdo. 

“Para eso necesitas instalaciones, personal y recursos suficientes. Más allá de la parte política y de solidaridad -cuotas de reparto o pagos de compensación a los países receptores-, hay una dimensión muy material: centros, aparatos, infraestructuras. En lugares como Ceuta y Melilla eso es especialmente importante porque hablamos de zonas calientes, con fronteras complejas y cerradas o semicerradas, controladas por un país emisor que pone muchos problemas al retorno”, sostienen.

Las fuentes conocedoras de la situación lo tienen claro: en el debate se tendría que haber tenido en cuenta la particularidad de Ceuta y Melilla y se debería de haber diseñado un plan específico. 

“Hemos visto cómo 10.000 personas pueden entrar en un día. No recordamos que esa singularidad estuviera realmente encima de la mesa. A nivel de fronteras aeroportuarias, por ejemplo, sí hemos visto obras. En el aeropuerto de Barcelona o en el de Madrid se están adaptando infraestructuras. Pero en Ceuta no nos consta nada y la Ciudad Autónoma es frontera terrestre con Marruecos”, recuerdan.

Seis meses

Advierten las fuentes consultadas de que la cuenta atrás ya ha empezado y que Ceuta debería exigir respuestas claras. El Pacto Europeo de Migración y Asilo impondrá obligaciones muy concretas a partir de junio de 2026, especialmente en materia de control fronterizo. 

El procedimiento que prevé la normativa es exigente: ante una entrada masiva, “debería activarse todo el sistema: toma de datos biométricos, procedimientos acelerados…”. La cuestión, resaltan, es si Ceuta está preparada para ello. 

“¿Hay recursos suficientes, personal suficiente e infraestructuras suficientes para implementar el pacto desde el minuto uno en una de las zonas más calientes de la frontera exterior de la UE?”, plantean.

Menores

La aplicación del Pacto Europeo en el caso de los menores migrantes no acompañados -algo no del todo claro de momento- plantea uno de los dilemas más serios. El sistema de “no entrada” y los procedimientos acelerados “chocan directamente con la legislación española y con la Convención de los Derechos del Niño”, que obligan a la protección inmediata. 

“La migración de menores no acompañados es un fenómeno reciente y muy focalizado; muchos proceden de Marruecos y Argelia”.

Mientras que el pacto prevé mantener en zonas de frontera a quienes entran irregularmente hasta resolver su situación, con un menor esto no es posible: en el momento en que pasa a régimen de tutela, obtiene derechos que contradicen la propia figura de la “no entrada”. El resultado, advierten las fuentes consultadas, es “un dilema jurídico complejo que no está resuelto del todo”.

A ese problema se suman los retornos: la Ley de Extranjería establece que quien entra de forma irregular y no tiene derecho a asilo debe ser devuelto a su país, pero para ello el Estado de origen debe aceptarlo, algo que en muchos casos no sucede. Marruecos, comentan, es el ejemplo “más evidente”. El pacto introduce la llamada condicionalidad -vincular acuerdos y ayudas al cumplimiento de las readmisiones-, pero queda por ver hasta qué punto se aplicará de forma efectiva.