Ceuta sigue atrapada en la crisis mientras el Gobierno central intenta pasar página

Ceuta ha cambiado de aspecto en las últimas semanas, pero no ha recuperado la normalidad. Las tiendas de campaña y los asentamientos improvisados que durante más de dos meses ocuparon las playas de Benítez y el Trampolín han desaparecido tras las intervenciones policiales. Sin embargo, detrás de esa imagen de aparente recuperación permanece una realidad bastante más complicada: miles de inmigrantes siguen en la ciudad, los centros de acogida continúan funcionando, los procedimientos de devolución avanzan entre dificultades y la Administración local sigue reclamando recursos económicos para afrontar una emergencia que comenzó el pasado 30 de julio.

La comparecencia de este jueves del portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha vuelto a poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que impiden dar por superada la crisis. Sus explicaciones sobre las devoluciones a Marruecos, los expedientes tramitados y la financiación pendiente del Estado refuerzan una conclusión que el Ejecutivo autonómico viene trasladando desde hace semanas: la retirada de los asentamientos no equivale a la resolución del problema migratorio.

El Gobierno central ha defendido que las medidas adoptadas han permitido alcanzar un punto de inflexión. Los datos oficiales apuntan a unos 11.000 retornos a Marruecos desde el comienzo de la emergencia, con más de 2.500 salidas durante la última semana. Pero esa cifra necesita una precisión importante: buena parte de esos movimientos corresponden a retornos voluntarios, no necesariamente a expulsiones administrativas ejecutadas tras los procedimientos correspondientes.

Y es precisamente ahí donde se encuentra uno de los principales puntos de fricción entre ambas administraciones. Porque una cosa es que miles de personas hayan abandonado Ceuta y otra muy distinta que se haya conseguido poner en marcha un mecanismo de devoluciones suficientemente ágil para resolver la situación de quienes continúan en territorio español.

Las cifras tampoco ayudan a transmitir tranquilidad. Mientras las estimaciones del Gobierno central sitúan en torno a 9.000 las personas que todavía permanecen en la ciudad, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha elevado esa cantidad hasta las 15.000. Una diferencia de 6.000 personas que evidencia la falta de una fotografía compartida sobre la verdadera dimensión de la emergencia.

Actualmente, alrededor de 6.000 inmigrantes se encuentran alojados en instalaciones temporales, dentro de un dispositivo que dispone de unas 7.400 plazas. A ellos se suman quienes permanecen fuera de los recursos habilitados, bien porque no han completado los procedimientos de identificación, bien porque no desean incorporarse a los centros.

La desaparición de los campamentos de Benítez y el Trampolín ha permitido recuperar dos espacios públicos, pero también ha supuesto concentrar a miles de personas en instalaciones que inicialmente fueron concebidas como una respuesta extraordinaria. La explanada de la Guano sigue siendo otro de los puntos que recuerdan que la emergencia no ha terminado.

El problema, por tanto, no ha desaparecido. Ha cambiado de ubicación. Donde antes había asentamientos visibles en las playas, ahora existen grandes dispositivos de acogida cuya continuidad plantea interrogantes sobre los plazos, los costes, la seguridad y el futuro de las personas alojadas.

Casi 4.000 expedientes, pero las devoluciones siguen siendo el gran problema

Durante su intervención, Alejandro Ramírez ha vuelto a llamar la atención sobre la distancia que existe entre el trabajo administrativo realizado y las devoluciones efectivas a Marruecos. El portavoz ha hecho referencia a los cerca de 4.000 triajes o procedimientos de clasificación practicados, una actividad que, según ha lamentado, todavía no se traduce en el volumen de devoluciones que considera necesario.

La cuestión no es menor. Cada procedimiento exige actuaciones administrativas y garantías legales, pero el Gobierno ceutí considera que una emergencia de esta magnitud requiere una respuesta extraordinaria que permita acelerar los trámites. De lo contrario, advierte, la ciudad corre el riesgo de prolongar durante meses una situación que nació como una emergencia y que amenaza con convertirse en un problema estructural.

El propio Ramírez ya había advertido anteriormente de que los mecanismos ordinarios no bastaban para afrontar una entrada de personas de semejantes dimensiones. Su posición contrasta con la del Ejecutivo central, que insiste en la necesidad de respetar los procedimientos individualizados y las garantías jurídicas aplicables a cada caso, especialmente cuando se trata de menores de edad o solicitantes de protección internacional.

Ceuta continúa acogiendo a miles de personas sin que exista un calendario público y preciso que permita conocer cuándo podrán desactivarse los recursos extraordinarios.

Los 40 millones que Ceuta sigue esperando

A la dimensión migratoria se añade una factura económica que continúa creciendo. Alejandro Ramírez ha vuelto a poner el foco en los aproximadamente 40 millones de euros comprometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para compensar los gastos extraordinarios derivados de la crisis.

El anuncio de una partida de 40,3 millones de euros, realizado por el ministro Ángel Víctor Torres, había abierto la puerta a que la Ciudad recuperase parte del dinero destinado a seguridad, limpieza y otros servicios esenciales. Sin embargo, en su comparecencia de este jueves, Ramírez ha insistido en que Ceuta sigue esperando que esa financiación comprometida se materialice.

Y mientras se suceden los anuncios, la Administración autonómica ha tenido que mantener servicios, reforzar dispositivos y asumir gastos que no estaban previstos en sus presupuestos ordinarios. La situación también afecta a una economía local que ya había sufrido pérdidas millonarias durante las primeras semanas de la emergencia, con consecuencias para el comercio, la hostelería y otras actividades.

No se trata únicamente de compensar el dinero gastado. Ceuta necesita recuperar la actividad económica, la confianza y la estabilidad que tenía antes del 30 de julio. Y para ello, según viene defendiendo el Gobierno de Juan Vivas, resulta imprescindible que la respuesta estatal vaya más allá de las ayudas puntuales y contemple un verdadero plan de recuperación.

La crisis de los menores tampoco ha terminado

Otro de los asuntos que sigue abierto es el de los menores extranjeros no acompañados. Su acogida ha obligado a habilitar instalaciones, movilizar profesionales y ampliar unos recursos de protección que no estaban preparados para absorber una llegada de semejante magnitud.

El Gobierno de Ceuta sostiene que ha asumido la atención de los menores puestos a su disposición, mientras reclama al Estado que impulse los procedimientos que le corresponden en materia de extranjería, retorno y coordinación con otras administraciones. La protección de los menores exige, además, valorar individualmente cada situación y respetar su interés superior.

A diferencia de los adultos, su eventual retorno no puede resolverse mediante una decisión colectiva. La legislación obliga a examinar las circunstancias familiares y personales, las condiciones de acogida en el país de origen y las garantías necesarias para cualquier repatriación. Esta complejidad, sin embargo, no elimina la presión que soportan los servicios autonómicos mientras los procedimientos permanecen abiertos.

Una ciudad que necesita soluciones, no solo una imagen de normalidad

La seguridad, la convivencia y el uso de los espacios públicos también forman parte de las preocupaciones que siguen presentes en Ceuta. Aunque la retirada de los grandes asentamientos ha reducido la ocupación visible de determinadas playas, todavía existen personas dispersas por otros puntos de la ciudad y zonas naturales, una circunstancia que dificulta su seguimiento y la intervención de los servicios públicos.

El Gobierno central puede presentar los desalojos y los retornos registrados como avances en la gestión de la emergencia, y esos resultados forman parte de la respuesta desplegada. Pero también es cierto que los propios datos disponibles, las diferencias entre administraciones y las reclamaciones formuladas este jueves por Alejandro Ramírez impiden hablar de una crisis completamente superada.

La cuestión de fondo es qué ocurrirá en las próximas semanas. Cuántas personas seguirán alojadas en los centros temporales, qué ritmo alcanzarán las devoluciones legalmente procedentes, cuándo recibirá la Ciudad las compensaciones económicas anunciadas y qué medidas permanentes se adoptarán para impedir que una situación semejante vuelva a desbordar sus servicios.

Ceuta necesita respuestas a todas esas preguntas. Porque recuperar una playa es un avance, pero recuperar la normalidad exige bastante más. Exige reducir la presión sobre los servicios públicos, resolver los procedimientos pendientes, atender a quienes tienen derecho a protección, garantizar la seguridad y reparar las consecuencias económicas de una emergencia que lleva más de dos meses condicionando la vida de la ciudad.

El verdadero final de la crisis no llegará cuando desaparezca la última tienda de campaña de una playa, sino cuando Ceuta deje de necesitar una red extraordinaria de centros, dispositivos y recursos para afrontar las consecuencias del 30 y 31 de julio. Hasta entonces, la normalidad seguirá siendo un objetivo pendiente, por mucho que haya cambiado la imagen de la ciudad.