El CGPJ desautoriza a Marlaska y respalda a Tardón

Varapalo del poder judicial al que fuera uno de sus principales jueces en tiempos. Y no es la primera vez que ocurre: Fernando Grande-Malaska, ministro de Interior, ha vuelto a tropezar en la piedra que supuso la declaración del ex coronel Pérez de los Cobos. Recordarán que, en 2021, la Audiencia Nacional abrió diligencias para investigar si se había producido algún tipo de irregularidad en los primeros meses de la pandemia, abroncando Marlaska a Pérez de los Cobos cuando se conoció que este había sido un agente de los que había prestado declaración ante la Justicia. El coronel sostenía, entonces, que tenía la orden estricta de responder solo ante la jueza, en un caso sobre cuyas actuaciones estaba, además, dictado el secreto sumarial.

Cinco años después, no es un virus surgido en un confín de China, sino una invasión de Ceuta lo que pone otra vez a Grande-Marlaska en un brete. Con cambio de protagonistas, en este caso. No es un agente de la Guardia Civil, sino una compañera de carrera judicial. María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, que ha llamado a declarar a varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía por el escándalo de los informes policiales que, supuestamente, habrían advertido al Gobierno de que se pergeñaba una invasión en la frontera sur de España y Europa.

Grande-Marlaska remitió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quejándose de la actitud de la jueza. Y esta no ha tardado más que unas horas en responder, y de paso desautorizar, a su compañero en excedencia.

En su escrito, Isabel Perelló señala "al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 LOPJ", explica el Tribunal Supremo.

También recuerda que la Constitución Española "establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (art. 118 CE) y especial para la policía judicial (art. 126 CE); y que los artículos 283 LECrim, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".

“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, concluye la carta. Es decir: el Poder Judicial respalda a Tardón ante Grande-Marlaska. Vuelve a tropezar, pues, en la misma piedra. El ministro, seguro, ha tenido veranos mejores...