La Ciudad advierte que subarrendar viviendas de protección puede suponer la pérdida de las mismas

Ya lo advertía la pasada semana el consejero portavoz del Gobierno y responsable de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez: la Ciudad no estaba dispuesta a permitir posibles realojos a cambio de un alquiler a inmigrantes marroquíes en algunas Viviendas de Protección Oficial. De hecho, el propio Gobierno autonómico admitía tener constancia de la ocupación por parte de algunos de los inmigrantes que llegaron en el asalto de los días 29 y 30 de julio de algunas viviendas públicas.

Pues bien. Algunas cartas firmadas electrónicamente por el propio Ramírez han comenzado ya a llegar a los beneficiarios de estas viviendas. Según uno de estos documentos, al que ha tenido acceso El Pueblo de Ceuta, se ha enviado un requerimiento informativo en el que se recuerda que "Las viviendas protegidas de promoción públicas deben destinarse exclusivamente a domicilio habitual y permanente de la persona adjudicataria y de la unidad de convivencia autorizada. Está prohibido ceder, prestar o subarrendar la vivienda, habitaciones, garaje o trastero, así como permitir la ocupación por personas no autorizadas o cualquier explotación económica. El incumplimiento dará lugar al inicio de un expediente sancionador, con multa de hasta 6.000 €, así como el incremento de la sanción si existe beneficio económico. Así mismo, procederá el inicio de expediente para la resolución del contrato y pérdida de la vivienda, y el correspondiente desahucio y la recuperación de la posesión, así como otras responsabilidades que procedan".

Además "van a iniciarse actuaciones de inspección e identificación de los moradores de dichas viviendas y anejos vinculados, y que cualquier uso indebido detectado será objeto de las actuaciones administrativas y legales correspondientes, con pleno respeto al procedimiento y al derecho de audiencia. Es por ello que se pone en conocimiento de los titulares de dichos contratos, que durante los próximos días se intensificarán las actuaciones de inspección en las promociones públicas de vivienda protegida, con acompañamiento de la Policía Local, con el objetivo de detectar y actuar ante posibles incumplimientos del régimen de vivienda pública", dice el escrito.

El documento remitido a los adjudicatarios de estas VPO'S concluye señalando que "El incumplimiento puede suponer la pérdida de la vivienda pública".