La crisis congela, si ya no lo estaba, la negociación colectiva en Ceuta

“Nosotros nunca nos hemos quejado de que los salarios suban”. Con esta afirmación, pronunciada en Ceuta el pasado miércoles, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, resumía la posición de la patronal ante el debate salarial y reclamaba, al mismo tiempo, un escenario de mayor estabilidad y seguridad jurídica para avanzar en nuevos acuerdos. Un planteamiento que cobra especial relevancia en una ciudad donde la negociación colectiva atraviesa un momento de especial dificultad debido a la crisis migratoria, que ha añadido nuevas incertidumbres a unas relaciones entre empresarios y sindicatos que ya llegaban deterioradas al verano.

La crisis ha golpeado especialmente a sectores como el comercio y la hostelería. La caída de actividad y las pérdidas sufridas por numerosas empresas dificultan todavía más el equilibrio entre las reivindicaciones salariales de los trabajadores y la capacidad económica de los negocios para asumir nuevos costes.

Las dificultades son particularmente notorias en el sector del comercio, cuyo convenio colectivo continúa sin renovarse desde hace años. El texto sectorial vigente procede del periodo 2015-2017 y la negociación para actualizarlo se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto laboral de Ceuta. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ya anunció en junio su intención de congelar su participación en las conversaciones hasta que se aclare el futuro del plus de residencia y su relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El bloqueo contrasta con los acuerdos alcanzados recientemente en otros sectores. Hostelería cuenta con un convenio renovado hasta 2029, firmado por CECE, UGT y CCOO, que contempla incrementos salariales del 3,6 % en 2026 y 2027 y del 2,25 % en 2028 y 2029. El pacto mantiene, además, el plus de residencia del 25 % sobre el salario base y establece otros complementos vinculados a las bonificaciones de la Seguridad Social y a determinados centros de acogida de inmigrantes.

También el sector de la limpieza de edificios y locales consiguió desbloquear su negociación después de meses de conflicto. CCOO, UGT, CECE y ASPEL alcanzaron el acuerdo el pasado 2 de junio, tras movilizaciones, una convocatoria de huelga y la mediación de la Inspección de Trabajo. El nuevo convenio, con vigencia hasta finales de 2029 y publicado en agosto, afecta a más de un millar de trabajadores.

Estos acuerdos evidencian que la negociación colectiva no estaba antes de julio completamente paralizada en la ciudad, pero también ponen de manifiesto la diferencia existente entre sectores. Mientras hostelería y limpieza han logrado alcanzar consensos, el comercio permanece como la gran asignatura pendiente, con unas condiciones laborales que llevan años esperando una actualización.

Controversia en torno al plus de residencia

En el centro de la controversia entre patronal y sindicatos se encuentra el plus de residencia, un complemento destinado a compensar las particularidades económicas y geográficas de Ceuta. La discusión gira en torno a la posibilidad de que este complemento pueda ser absorbido o computado a la hora de alcanzar la cuantía mínima establecida por el SMI, una cuestión que el Gobierno central pretende modificar para garantizar su protección.

Los sindicatos defienden que el plus debe quedar blindado frente a las subidas del salario mínimo, de forma que los incrementos del SMI no terminen neutralizando el complemento que perciben los trabajadores. La patronal mantiene una posición diferente y reclama que cualquier modificación se concrete con garantías jurídicas antes de cerrar nuevos acuerdos.

La CECE ha advertido de que el cambio tendría un “impacto demoledor” sobre las empresas locales y ha calculado que afectaría a unos 3.100 trabajadores del sector privado, con un sobrecoste superior a los 12 millones de euros anuales para el tejido empresarial. “Queremos garantías jurídicas suficientes para que la negociación del convenio no quede desvirtuada”, ha defendido el secretario general de la CECE, Juan Manuel Parrado.

Contexto nacional

El escenario local coincide, además, con un contexto nacional marcado por la ausencia de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El pacto anterior terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2025 y, a septiembre de 2026, empresarios y sindicatos todavía no han alcanzado un nuevo marco estatal que sirva de referencia para las negociaciones salariales.

UGT y CCOO reclaman incrementos salariales de al menos un 4% anual, con mayores aumentos en aquellos sectores con salarios más bajos y cláusulas de garantía frente a la evolución de los precios. Una reivindicación que adquiere especial relevancia en Ceuta, donde el debate salarial está estrechamente ligado al plus de residencia y a las particularidades del mercado laboral local.

Antonio Garamendi defendía esta semana en Ceuta que la patronal no se opone a las subidas salariales, pero considera que deben estar vinculadas también a la productividad y la competitividad. “Es difícil que podamos llegar a acuerdos cuando no haya un espacio también seguro de saber cómo son las cosas”, afirmó en referencia a la necesidad de que las empresas conozcan de antemano las reglas que determinarán sus costes laborales.

El presidente de la CEOE también reclamó que el diálogo sobre salarios se acompañe de otros asuntos como el absentismo, los permisos laborales, las cotizaciones sociales y los efectos que tendrán la inteligencia artificial y las nuevas formas de organización del trabajo. Su planteamiento pasa por abordar todos estos elementos dentro de una negociación global y no limitar el debate a los incrementos retributivos.

Frente a estos argumentos, los sindicatos insisten en subrayar que el debate debe plantearse en términos equilibrados, de modo que incluya también garantías para unas condiciones laborales dignas, con reivindicaciones como la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la jornada y la protección de la salud de los trabajadores.