La crisis migratoria de Ceuta obliga a Bruselas a activar la solidaridad europea con España
INVASIÓN DE CEUTA
La Comisión Europea considera determinantes las entradas masivas de julio para mantener a España entre los cuatro países sometidos a mayor presión migratoria. España podrá solicitar a sus socios comunitarios el traslado de migrantes a otros Estados miembros o recibir apoyo económico y material para afrontar la situación
Ceuta/ La crisis migratoria que comenzó en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha resultado determinante para que la Comisión Europea mantenga a España entre los cuatro países de la Unión Europea sometidos a una mayor presión migratoria, una consideración que permitirá al Gobierno español solicitar la reubicación de migrantes en otros Estados miembros y acceder a las medidas de solidaridad previstas en la normativa comunitaria.
Así lo ha anunciado este viernes en Bruselas el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la presentación del segundo informe anual sobre gestión migratoria, en el que España vuelve a compartir esta clasificación con Italia, Grecia y Chipre.
La decisión del Ejecutivo comunitario tiene una especial vinculación con los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron irregularmente la frontera desde Marruecos, provocando una situación extraordinaria que obligó a desplegar importantes recursos humanos, policiales y asistenciales.
De hecho, Bruselas ha reconocido que, de no haberse producido aquella crisis, España habría quedado encuadrada únicamente entre los países en riesgo de sufrir presión migratoria, una categoría que contempla determinados instrumentos de apoyo, pero que no ofrece las mismas posibilidades de acogerse al mecanismo europeo de reparto de responsabilidades.
Aunque las entradas registradas en Ceuta se produjeron fuera del periodo analizado en el informe, comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la Comisión Europea ha decidido incorporarlas a su evaluación por su relevancia y por las consecuencias que han tenido sobre la situación migratoria española.
El propio Brunner ha explicado que España concentró aproximadamente el 20 % de los cruces irregulares de fronteras contabilizados en la Unión Europea durante el periodo de referencia, situándose además como el tercer país comunitario con mayor número de llegadas procedentes de operaciones de búsqueda y rescate. Estas cifras no incluyen las entradas extraordinarias de Ceuta.
El informe también recoge que, pese a la reducción del 22 % en las solicitudes de protección internacional, España continúa ocupando el cuarto puesto europeo en número absoluto de peticiones de asilo y el tercero cuando estas se relacionan con su población y producto interior bruto.
Reubicaciones y ayudas económicas
La clasificación otorgada por Bruselas permitirá a España acogerse al mecanismo de solidaridad establecido en el nuevo Pacto de Migración y Asilo, mediante el cual los países que soportan una mayor presión pueden reclamar la colaboración del resto de socios comunitarios.
Este sistema contempla la posibilidad de trasladar a solicitantes de protección internacional a otros Estados miembros, aunque también establece fórmulas alternativas para aquellos gobiernos que prefieran no participar directamente en las reubicaciones.
Entre esas opciones figuran las contribuciones económicas, calculadas con una referencia de 20.000 euros por cada reubicación no asumida, así como la aportación de personal, medios materiales y otras medidas de asistencia.
El mecanismo europeo establece como referencia anual un mínimo de 30.000 reubicaciones, aunque su aplicación concreta dependerá de los compromisos adquiridos por los distintos países y de las decisiones que adopte el Consejo de la Unión Europea.
Por el momento, Bruselas no ha comunicado cuántos migrantes podrían ser trasladados desde España ni la cuantía de los recursos económicos que corresponderían al país, ya que ambas cuestiones deberán concretarse en las próximas negociaciones comunitarias.
Además de los cuatro Estados considerados bajo presión migratoria, la Comisión ha identificado a otros quince países en situación de riesgo, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Polonia, que podrán acceder a otros instrumentos de asistencia y seguimiento previstos por la Unión Europea.
En el anterior ciclo de solidaridad, los gobiernos comunitarios acordaron para 2026 unas 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros en asistencia financiera, por debajo de las cifras inicialmente propuestas por la Comisión Europea.
