La crisis migratoria de julio deja una factura de 45,3 millones a Ceuta que aún puede ser mucho mayor
INVASIÓN
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, remite a la Audiencia Nacional un informe que detalla los gastos extraordinarios que ha tenido que afrontar la Ciudad tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio. La valoración no incluye la atención a los menores ni las pérdidas económicas del Puerto, las empresas y el empleo
Ceuta/ La Ciudad Autónoma de Ceuta ha cuantificado en 45.320.000 euros el coste económico extraordinario derivado de los acontecimientos migratorios registrados los días 30 y 31 de julio, una cifra que refleja la repercusión de la crisis sobre los servicios públicos municipales y que podría quedarse considerablemente corta respecto al impacto económico global, al no incluir los gastos de atención a los menores extranjeros ni las pérdidas sufridas por la Autoridad Portuaria, el tejido empresarial y el conjunto de la economía local.
Así se desprende del informe elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, firmado digitalmente el pasado miércoles 21 de octubre por su titular, Kissy Chandiramani, y remitido en cumplimiento de un requerimiento judicial relacionado con la investigación de los acontecimientos que desencadenaron la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.
El documento, de cuatro páginas, se incorpora a las diligencias previas 64/2026 y responde concretamente al acuerdo cuarto, apartado a), del auto judicial dictado el 16 de octubre. Su finalidad es identificar los servicios públicos afectados, determinar las actuaciones extraordinarias que ha tenido que acometer la Administración ceutí y cuantificar las necesidades económicas que estas intervenciones representan para las arcas municipales.
La valoración comprende un período de cinco meses, desde la crisis de finales de julio hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, por lo que incluye tanto necesidades de gasto ya surgidas como previsiones correspondientes a los meses que restan para finalizar el ejercicio. Esta circunstancia resulta especialmente relevante, puesto que los 45,32 millones no representan necesariamente dinero que ya haya sido desembolsado en su totalidad, sino la estimación económica de las actuaciones contempladas para ese período.
El informe pone de manifiesto que las consecuencias de la crisis han obligado a la Ciudad a intervenir de manera extraordinaria en ámbitos tan diversos como la limpieza urbana, la recuperación de playas y montes, la gestión de residuos, la alimentación, la prevención sanitaria, los servicios funerarios, la seguridad de los colegios y el funcionamiento de los dispositivos municipales de emergencias.
La Administración local advierte de que todas estas necesidades se han añadido a las obligaciones habituales de los servicios públicos, generando una presión adicional sobre sus recursos económicos, materiales y humanos.
La limpieza y la recuperación medioambiental concentran casi 32 millones
La partida más importante corresponde al área de medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas, para la que se han calculado 31,7 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 70 % del importe total recogido en el informe.
Dentro de este capítulo, el gasto más elevado corresponde a los trabajos extraordinarios de limpieza, valorados en 13,5 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 3,5 millones destinados a labores de limpieza mediante encargos a medios propios de la Administración.
En conjunto, las dos partidas relacionadas directamente con la limpieza alcanzan los 17 millones de euros, una cantidad que evidencia la magnitud de las necesidades de mantenimiento y recuperación de los espacios públicos surgidas después de los acontecimientos de julio.
La recuperación medioambiental de playas y montes constituye otro de los capítulos más relevantes, con una asignación de siete millones de euros. Esta cantidad se destina a atender las consecuencias ambientales de la emergencia y las necesidades de restauración de los espacios naturales afectados.
Por su parte, la gestión extraordinaria de residuos representa otros cuatro millones de euros, mientras que el refuerzo de la seguridad en las playas supone 200.000 euros adicionales.
El mismo apartado contempla 650.000 euros para actuaciones en el cementerio y una inversión de 2,85 millones destinada a obras de emergencia y medidas de seguridad en instalaciones consideradas críticas.
Estas últimas intervenciones tienen como finalidad proteger infraestructuras esenciales y garantizar que puedan continuar prestando sus servicios, pese a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis.
El informe justifica este importante esfuerzo presupuestario por la necesidad de preservar las condiciones de salubridad, mantener los espacios públicos y responder a las consecuencias medioambientales de los acontecimientos.
La alimentación supone 7,5 millones y los servicios sanitarios y sociales rozan los diez
El segundo gran bloque económico corresponde a sanidad y servicios sociales, con una valoración conjunta de 9,9 millones de euros, aproximadamente el 21,8 % del total.
La mayor parte de esta cantidad se concentra en la alimentación, para la que se han previsto 7,5 millones de euros. Se trata de una de las partidas individuales más elevadas de todo el documento y refleja el esfuerzo extraordinario que ha tenido que asumir la Administración para atender las necesidades alimentarias generadas por la emergencia.
La protección de la salud pública también ha exigido recursos adicionales. En concreto, se han presupuestado 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, dentro de las medidas de vigilancia, prevención y respuesta sanitaria contempladas por la Ciudad.
El informe incorpora igualmente una inversión de 1,15 millones de euros destinada a obras de emergencia para la ampliación del cementerio y a la adquisición de material relacionado con estas actuaciones.
A ello se añaden 200.000 euros para la atención a fallecidos y otros 600.000 euros para reforzar la seguridad en los cementerios.
En conjunto, las actuaciones vinculadas específicamente a instalaciones funerarias, atención a fallecidos y seguridad de cementerios alcanzan los 2,6 millones de euros si se suman también los 650.000 euros consignados en el capítulo medioambiental.
La Consejería explica que las circunstancias excepcionales han obligado a prever recursos adicionales para la protección sanitaria y a ampliar y asegurar las instalaciones destinadas a los servicios funerarios.
Los colegios también se han visto afectados: 1,48 millones para seguridad y traslados
La repercusión de la crisis se extiende al ámbito educativo, donde el documento identifica necesidades extraordinarias por importe de 1.480.000 euros.
La mayor partida corresponde a la seguridad de los colegios, con una previsión de 1,3 millones de euros destinada a reforzar la protección de los centros educativos.
A esta cantidad se suman 50.000 euros para cámaras de seguridad, dentro de las medidas previstas para mejorar la vigilancia de las instalaciones.
El tercer concepto de este capítulo es el traslado de una escuela infantil, actuación para la que se han calculado 130.000 euros.
Según explica el informe, estas intervenciones responden a la necesidad de proteger las instalaciones educativas y garantizar la continuidad de la actividad docente ante las circunstancias extraordinarias derivadas de los acontecimientos de julio.
De esta manera, el impacto de la crisis no se ha limitado a los servicios directamente relacionados con la atención a la población migrante, sino que también ha obligado a adoptar medidas específicas en centros educativos.
La suspensión de la Feria deja 690.000 euros en indemnizaciones
Entre las consecuencias económicas recogidas en el documento figura igualmente la suspensión de las actividades de la Feria, una decisión que ha generado una previsión de indemnizaciones de 690.000 euros.
La mayor cantidad corresponde a los feriantes, para quienes se contemplan compensaciones por importe de 300.000 euros.
Los titulares de las casetas figuran con una previsión de 240.000 euros, mientras que las indemnizaciones destinadas a las orquestas ascienden a 150.000 euros.
Estas cantidades representan las compensaciones económicas previstas para los participantes y actividades afectados por la suspensión de la celebración.
El informe incorpora así las consecuencias económicas de la cancelación de las actividades festivas entre los gastos extraordinarios vinculados a la crisis.
Policía Local, Bomberos y Parque Móvil: otros 1,55 millones
La respuesta municipal también ha exigido reforzar los dispositivos de seguridad, intervención y emergencias.
En este ámbito, la Consejería de Hacienda calcula un coste extraordinario de 1.550.000 euros para la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y el Parque Móvil.
El importe se clasifica íntegramente como gasto corriente y responde a las necesidades adicionales de intervención, disponibilidad de efectivos y apoyo operativo durante el período considerado.
A diferencia de otros capítulos, el documento no establece un desglose individualizado de esta cantidad entre los tres servicios, sino que presenta una valoración conjunta.
La Administración considera que este refuerzo ha resultado necesario para atender tanto los acontecimientos iniciales como sus consecuencias posteriores.
Más de 40 millones para gastos corrientes y 4,65 millones para inversiones
El informe distingue entre los gastos corrientes, vinculados al funcionamiento y refuerzo de los servicios, y las inversiones extraordinarias destinadas principalmente a obras e infraestructuras.
De los 45,32 millones contabilizados, 40,67 millones corresponden a gasto corriente, mientras que los 4,65 millones restantes se clasifican como inversiones.
Esto significa que casi el 90 % de las necesidades económicas previstas se concentra en gastos relacionados con la prestación de servicios, actuaciones de mantenimiento, alimentación, seguridad, prevención sanitaria y otras intervenciones necesarias para afrontar la emergencia.
Las inversiones, por su parte, se destinan a actuaciones en cementerios y obras de emergencia y seguridad en instalaciones críticas.
Una factura que no incluye a los menores ni las pérdidas del Puerto
Uno de los aspectos más significativos del informe aparece en el apartado dedicado al alcance de la valoración económica, donde la propia Consejería advierte expresamente de que los 45,32 millones de euros no representan la totalidad de los daños y gastos ocasionados por la crisis.
En primer lugar, el cálculo no incorpora los costes derivados de la atención a los menores extranjeros, pese a constituir uno de los principales desafíos asistenciales y presupuestarios que afronta la ciudad autónoma.
Tampoco se han incluido las pérdidas económicas de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que quedan fuera del cuadro utilizado para elaborar la estimación.
La exclusión se extiende a las consecuencias sufridas por el conjunto de la economía ceutí, el sector empresarial y el empleo, ámbitos para los que el documento no establece una valoración económica general.
Por tanto, los 45,32 millones reflejan exclusivamente las necesidades extraordinarias de los servicios y actuaciones expresamente identificados por la Administración local, sin que pueda considerarse una cifra definitiva del impacto económico de los acontecimientos.
Esta precisión resulta fundamental para interpretar correctamente el documento, ya que la incorporación de los conceptos excluidos podría elevar el balance económico global, aunque el informe no permite determinar en qué cuantía.
Una carga extraordinaria para las arcas municipales
En sus conclusiones, la Consejería de Hacienda sostiene que los acontecimientos del 30 y 31 de julio y sus consecuencias posteriores han exigido una respuesta excepcional de la Ciudad Autónoma para preservar la salubridad, garantizar la asistencia, proteger la salud pública, reforzar la seguridad y mantener en funcionamiento los servicios esenciales.
El documento insiste en que estas actuaciones representan necesidades económicas adicionales a las que habitualmente debe afrontar la Administración, lo que supone una mayor carga sobre el presupuesto municipal.
También deja constancia de que la estimación comprende el horizonte temporal hasta el 31 de diciembre y que, por consiguiente, no puede interpretarse como una relación de pagos completamente ejecutados en el momento de la firma.
La valoración remitida a la autoridad judicial permite así poner cifras a una parte de las consecuencias económicas de la crisis migratoria, al tiempo que identifica los servicios públicos que han soportado un mayor esfuerzo extraordinario.
El balance que traslada Kissy Chandiramani es de 45,32 millones de euros únicamente en los conceptos analizados, con la limpieza y la recuperación medioambiental a la cabeza, seguidas de la alimentación y los servicios sanitarios y sociales.
Una cantidad que, según las propias limitaciones reconocidas en el informe, todavía no refleja la dimensión económica completa de lo ocurrido en Ceuta desde finales de julio.
