CSIF y JUPOL reclaman medidas urgentes para acabar con la presión sobre los cuerpos policiales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL han reclamado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior la adopción de medidas de choque inmediatas para hacer frente a la presión que soportan los cuerpos policiales en Ceuta durante la actual crisis migratoria.

Ambas organizaciones han mantenido una reunión de urgencia para coordinar actuaciones ante lo que califican de situación de “abandono, colapso organizativo y de seguridad” en la ciudad. Los sindicatos consideran que la presión sobre los agentes ha superado “todos los límites de la capacidad humana” y reclaman refuerzos de personal, mejores condiciones laborales y mayor respaldo jurídico.

Uno de los principales motivos de preocupación es la falta de efectivos para atender el servicio ordinario. JUPOL asegura que la sala del 091 llega a recibir alrededor de 200 llamadas diarias, mientras las dotaciones disponibles deben hacer frente simultáneamente a las necesidades derivadas de la presión fronteriza y migratoria.

El sindicato policial cifra en unos 60 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por turno, con un total de 180 efectivos, una dotación que considera insuficiente para afrontar la situación actual.

En el caso de la Policía Local, CSIF señala que los agentes están desarrollando las actuaciones que les encomiendan sus mandos y la Jefatura, dentro de sus competencias y de las zonas de actuación determinadas por la Junta de Seguridad local. Ambas organizaciones dejan constancia de que la organización del trabajo de los cuerpos policiales está supeditada a las directrices que se adoptan en este órgano.

Alojamiento de policías

JUPOL ha calificado de “denigrantes” las condiciones en las que se encuentran algunos policías nacionales desplazados a Ceuta como refuerzo. Según el sindicato, los agentes están alojados en módulos militares con habitaciones de hasta ocho literas, ocupadas por siete u ocho profesionales.

La organización denuncia que estas estancias carecen de aire acondicionado y que, en pleno verano, disponen únicamente de un ventilador por módulo. A ello se suman, según su versión, problemas de ventilación y unas instalaciones de aseos y duchas que considera insuficientes.

CSIF y JUPOL reclaman por ello que se habiliten alojamientos adecuados y que se actualicen las dietas que perciben los empleados públicos desplazados a Ceuta, al considerar que las cuantías actuales están desfasadas respecto a la realidad socioeconómica de la ciudad. Los sindicatos sostienen que los agentes no pueden mantener una disponibilidad y un rendimiento máximos durante situaciones de emergencia sin contar con unas condiciones laborales que garanticen unos mínimos de dignidad y protección.

Otra de las reivindicaciones planteadas afecta al respaldo jurídico de los agentes que intervienen en la frontera y en las calles. CSIF y JUPOL aseguran que los policías afrontan intervenciones “extremadamente complejas y hostiles” y reclaman directrices operativas claras y una cobertura jurídica suficiente para evitar que los funcionarios queden desprotegidos después de cumplir con sus funciones.

Las organizaciones reclaman además que las personas que han accedido irregularmente a Ceuta sean trasladadas a espacios controlados, donde puedan concentrarse los servicios necesarios para su atención y gestión administrativa. Según su propuesta, estos espacios podrían contar con puntos de filiación, asistencia médica y servicios sociales, con el objetivo de facilitar la tramitación de los expedientes y, según sostienen, mejorar tanto el control de la situación como las condiciones de seguridad y salud pública.

CSIF y JUPOL vinculan esta medida también con la necesidad de responder a los riesgos sanitarios que, aseguran, han advertido profesionales de la sanidad.

Los sindicatos concluyen reclamando una respuesta inmediata de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior ante una situación que consideran incompatible con el mantenimiento de los servicios policiales en condiciones adecuadas de seguridad y eficacia.