El Defensor del Pueblo reclama a las administraciones información sobre las medidas adoptadas para atacar la crisis

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas y pendientes de adopción, por parte de las diferentes administraciones, para dar respuesta, de manera coordinada, a la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras el cruce irregular de la frontera de El Tarajal de 80.000 personas los pasados 30 y 31 de julio, según los últimos datos facilitados por el Gobierno central. La institución que dirige Ángel Gabilondo se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la Ciudad Autónoma, a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Así, ha solicitado información a la Secretaria de Estado de Migraciones sobre la situación humanitaria de las personas que permanecen en Ceuta – muchas de ellas menores- y que pernoctan a la intemperie como consecuencia de la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la ausencia de otros espacios de acogida. También le ha dado traslado del contenido de algunas de las quejas recibidas sobre las condiciones de gran precariedad que afrontan estas personas, por carencias en el agua potable, duchas y elementos de aseo e higiene, ropa limpia, atención sanitaria insuficiente y escasez de alimentos.

El Defensor del Pueblo se ha interesado por la situación de los menores extranjeros no acompañados. Muchos están todavía pendientes de identificar y escondidos en varias zonas de la ciudad autónoma. Preocupa especialmente el estado de las niñas que aún no se encuentran acogidas en el sistema de protección de menores, ya que alguna habría sido agredida sexualmente, según han publicado varios medios de comunicación en los últimos días. Por ello, ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado y a la ciudad autónoma de Ceuta sobre las actuaciones que han emprendido para proteger a los menores no acompañados.

Además, el Defensor ha requerido información a la Delegación de Gobierno sobre el número de personas con necesidades de protección internacional que accedieron a Ceuta y que permanecen en la ciudad autónoma, sobre el número de personas que han solicitado asilo desde el pasado 30 de julio, y sobre el número de personas sometidas al triaje previsto por la legislación europea para nacionales de terceros países.

Tras producirse el cruce irregular de la frontera, el Defensor del Pueblo mantuvo conversaciones con las principales autoridades de la ciudad autónoma y trasladó el pésame por los fallecidos. Asimismo, manifestó su solidaridad con el pueblo ceutí y señaló la necesidad de proceder a la acogida de los menores con la colaboración de las comunidades autónomas.

Ángel Gabilondo ha reiterado su solidaridad con el pueblo ceutí, que vive “días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis”. Según expresó en un comunicado hecho público la semana pasada, “lo ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta implica la necesidad de abordar la situación de cientos de personas, muchas de ellas menores, que esperan alguna respuesta a su situación. Es imprescindible hablar con ellos, escucharlos y no limitarse a contemplar su deambular, porque escuchar y decir forman parte del hacer. Es cuestión de aplicar la legalidad, que incluye la ayuda de intérpretes y de abogados para determinar su condición y obrar en consecuencia”.