Elín y Coordinadora de Barrios denuncian devoluciones ilegales a los residentes del CETI
CRISIS MIGRATORIA
Las entidades recuerdan que algunas de las personas devueltas habían recurrido la denegación de su asilo y contaban con medidas cautelarísimas de la Audiencia Nacional
Ceuta/ La Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes denuncian que, el pasado lunes 26 de octubre, decenas de agentes de la Policía Nacional, con material antidisturbios, accedieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para detener a personas residentes e iniciar su devolución a Marruecos sin las garantías debidas. Las entidades afirman que estas actuaciones continúan y que la del lunes fue extremadamente violenta.
Según las entidades, las devoluciones se están ejecutando a través de un paso no habilitado, en lugar del puesto fronterizo oficial, lo que impide el control y el registro oficial de la entrega, la asistencia letrada, las alegaciones individuales y la tutela judicial. Las personas afectadas pertenecen a los perfiles más vulnerables: mujeres, personas LGTBI y nacionales de países como Yemen, Senegal, Sudán o Bangladés, expuestas a violencia y malos tratos en Marruecos. Algunas habían recurrido la denegación de su asilo y contaban con medidas cautelarísimas de la Audiencia Nacional.
El viernes 23 de octubre, al menos 16 personas de distintas nacionalidades fueron devueltas y quedaron durante varios días en un "territorio de nadie", sin poder entrar en Marruecos ni volver a España, y tres días sin acceso a comida ni agua.
Las entidades han tenido conocimiento, a través de la abogada de dos ciudadanos yemeníes, uno de ellos Yaseen S. A., de que ambos fueron trasladados forzosamente a Youssoufia, despojados de su dinero y pertenencias, y detenidos por la policía marroquí por estancia irregular. La abogada y otros letrados de la Coordinadora de Barrios habían advertido por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI de que no podían ser devueltos por encontrarse en plazo y con recurso presentado. La denegación de su protección contaba además con el criterio en contra del ACNUR.
El Ministerio del Interior ha reconocido la devolución, pero niega haber desobedecido a la Audiencia Nacional: sostiene que el plazo terminó el viernes y que la respuesta al recurso llegó el lunes por la tarde, con el migrante ya en Marruecos. Posteriormente reconoció la vigencia de la medida cautelarísima y planteó que el afectado se personára en el paso fronterizo, algo que las entidades consideran imposible. Interior sostiene también que las 16 personas devueltas el viernes no habían presentado recurso, algo que los colectivos niegan.
Las entidades sostienen que estas devoluciones son manifiestamente ilegales: las personas con recursos pendientes tienen derecho a permanecer en España (Ley 12/2009, art. 19; Reglamento (UE) 2024/1348, art. 68), se vulnera el principio de no devolución (Convención de Ginebra, art. 33; CEDH, art. 3; Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, art. 19) y se incumple el deber de cumplir las resoluciones judiciales (art. 118 de la Constitución). Denuncian, además, que se encubre bajo la figura del retorno voluntario la expulsión de personas con recursos y medidas cautelares en vigor.
Qué exigen las entidades
Al Gobierno de España, y en particular al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta, exigen:
- El fin inmediato de las redadas en el CETI o en cualquier recurso de acogida de emergencia.
- El cese de toda devolución de personas con recursos pendientes o necesidades de protección.
- El fin de las devoluciones de nacionales de terceros países a Marruecos.
- El cese de las devoluciones por pasos no habilitados, que se hagan solo por el puesto fronterizo oficial, con garantías y constancia documental, y el fin del uso del retorno voluntario para encubrir expulsiones.
- Asistencia letrada, intérprete y acceso efectivo a la vía judicial antes de cualquier ejecución, y protección urgente para mujeres, personas LGTBI y quienes huyen de países en conflicto.
- Información pública sobre cuántas personas han sido detenidas y devueltas, y en qué condiciones.
- El abandono de un modelo de devoluciones que refuerza la externalización de fronteras y conduce a tragedias humanitarias como las del 30 y 31 de julio.