España no prevé crear centros de internamiento en terceros países

Tras dos años de debate, ayer viernes entró en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Una novedad que llega tras una votación celebrada recientemente en el Parlamento Europeo, en relación a la posibilidad de crear centros de internamiento en terceros países.

Algo que no es obligatorio para los Estados miembros. En resumidas cuentas, Bruselas autoriza, pero no obliga. Si un Estado quiere ‘externalizar’ la gestión de los inmigrantes con un tercer país ajeno a la U.E., puede hacerlo pero mediante convenio bilateral.

No será el caso de España. Desde el primer momento, nuestro país ha mostrado su oposición a la medida, al considerar que podría conculcar los derechos humanos. El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE ceutí, Miguel Ángel Pérez Triano, se muestra claro al respecto: “la posición del Gobierno es clara: nos oponemos por completo a la creación de centros de retorno e internamiento en terceros países, fuera de la Unión Europea, ya que consideramos que este modelo plantea serias dudas de legalidad y proporcionalidad, y que no ofrece garantías reales para los derechos de los migrantes”, dijo en declaraciones a El Pueblo de Ceuta.

Por otro lado, para el dirigente socialista es un problema no solo de gestión de flujos migratorios, sino de credibilidad a la hora de la lucha en origen contra la inmigración irregular. “Creemos que apostar por ese modelo terminaría perjudicando la credibilidad y la eficacia de nuestras relaciones con los países de origen y tránsito, que es donde realmente está la clave para una política migratoria eficaz.

En definitiva, nuestra línea dentro del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo sigue siendo la misma: priorizar el respeto estricto de los derechos humanos y un equilibrio justo entre la solidaridad de los Estados miembros y la responsabilidad en la gestión de las fronteras”.

Asilo más garantista

Respecto a esto, hay que insistir en que hablamos de una parte del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El todo si va a ser aplicado por nuestro país. Y al respecto Pérez Triano también se pronuncia. “Es más garantista con el asilo, ya que tienen que resolver en 12 semanas”.

El delegado también recuerda que este Pacto “ofrece más medios personales y materiales así como un mecanismo de solidaridad para los países que recibimos más presión migratoria”.

En ese sentido, la propia Comisión Europea aclara en su web que “un elemento clave del Pacto es que los Estados miembros que se enfrentan a una presión migratoria repentina no se queden solos. A través de las reubicaciones de migrantes, las transferencias, las contribuciones financieras o el despliegue de personal de apoyo, los países sometidos a presión podrán solicitarayuda a la UE y a otros Estados miembros. El Pacto aumentará la eficiencia de los procedimientos: desde una gestión más eficiente de las fronteras con el control de las personas que llegan de forma irregular hasta una tramitación simplificada de las solicitudes de asilo”.

Esto “estará respaldado por procedimientos efectivos de retorno y fronteras: tras una decisión de asilo negativa, las personas sin derecho legal de estancia recibirán una decisión de retorno inmediato”, señala la Comisión Europea.

Celaya: “Mientras Sánchez gobierne, España será la excepción al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo”

Sobre la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo también se pronuncia el diputado por Ceuta, Javier Celaya.

En declaraciones a este medio, el representante ceutí en la Cámara Baja considera que “mientras Pedro Sánchez siga gobernando, España será la excepción en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y que me temo que sus políticas buenistas hacia la inmigración irregular nos conviertan, más aún si cabe, en el punto de mira de las mafias que se dedican al tráfico de inmigrantes”.

En cuanto a los centros en terceros países, el parlamentario recalca que “no es obligación global, sino una posibilidad que tienen los distintos miembros de la Unión Europea tras la votación del otro día en el Parlamento Europeo”.

Al respecto, ironiza: “Los centros de deportación en terceros países los negocia cada país. No veo yo a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ni a Pedro Sánchez especialmente interesados en tal cuestión”.

En ese sentido, ¿un hipotético Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo contemplaría los centros de deportación?. No parece algo que aseguren, aunque no puede darse ni mucho menos por descartado por parte de los ‘populares’, al menos a tenor de las palabras de su diputado por Ceuta. Para el parlamentario nacional, esta medida “no parece mala idea. No podemos descartarla a priori. Sólo el efecto disuasión que provoca ya es interesante”, reflexiona Javier Celaya.

La solicitud de asilo deberá tramitarse en el país de primera entrada

La normativa europea es vasta casi por definición sobre cualquier materia. En el caso del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, no estamos ante una excepción, aunque hay detalles interesantes en el texto sobre cuestiones como, por ejemplo, el asilo.

Y es que el reglamento es taxativo al respecto: “los solicitantes de asilo deben presentar la solicitud de protección internacional en el países de la UE de primera entrada, y permanecer allí hasta que se determine qué país es responsable de tramitar su solicitud”. Dicho de otra manera: si un senegalés -por ejemplo- entra a través de la frontera de Ceuta y muestra su disposición de asilarse políticamente en Francia, esta persona tendría que permanecer en territorio español hasta que se resolviese su situación.

Al respecto, hay que destacar también que el Pacto contempla una base de datos común -llamada EuroDac- para que todos los países compartan información tanto sobre las entradas como sobre las demandas de asilo, que deberán resolverse en un máximo de doce meses. En el caso de los centros de deportación, cabe la posibilidad de la reagrupación familiar en dichas instalaciones.

Entidades asistenciales, en contra del Pacto Europeo

Varias entidades sociales, como la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado, Médicos sin Fronteras, Cáritas o Amnistía Internacional, han emitido un comunicado en el que muestran su disconformidad con el Pacto Europeo. “Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados. Entre ellos, el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad”