La Fiscalía ya alertaba del colapso en Ceuta por la llegada masiva de menores

La Fiscalía General del Estado ya advertía en 2025 de una situación de “sobresaturación del sistema de protección” de menores en Ceuta como consecuencia de la elevada llegada de menores extranjeros, una presión que llevó a situar a la ciudad entre los territorios españoles más afectados por este fenómeno y a declararla en situación de contingencia migratoria.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2025, presentada hace unos días, dedica un apartado específico a la problemática de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y señala expresamente que durante aquel ejercicio se produjo una “llegada masiva de menores extranjeros”, cuya entrada se concentró mayoritariamente en Ceuta y Canarias.

La presión migratoria tuvo consecuencias directas sobre el sistema de protección. Aunque a escala nacional los expedientes de menores en situación de riesgo descendieron respecto al ejercicio anterior, la Fiscalía advierte de que esa tendencia se invirtió en determinados territorios debido a la mayor afluencia de menores extranjeros.

Entre ellos menciona expresamente a Ceuta, junto a Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Baleares, Cataluña y Madrid, donde esa mayor llegada provocó una “sobresaturación del sistema de protección y en especial de la acogida inmediata”.

La Memoria también coloca a Ceuta entre los territorios donde se registró un mayor número de medidas de tutela debido al flujo migratorio. Fiscalía explica que esta protección resulta especialmente necesaria cuando niños y adolescentes extranjeros llegan solos a las fronteras españolas y deben ser declarados en situación de desamparo. Canarias, Madrid, Ceuta, Cataluña y Baleares aparecen como las zonas donde este fenómeno tiene una mayor incidencia.

Uno de los principales problemas está en la determinación de la edad de los extranjeros indocumentados que manifiestan ser menores. Durante 2025 se incoaron en España 7.999 expedientes de determinación de edad, un volumen que Fiscalía relaciona directamente con las llegadas migratorias. El Ministerio Fiscal admite además que la tramitación de estos expedientes está condicionada por la falta de medios personales y materiales.

La declaración de contingencia migratoria de Ceuta y Canarias abrió además la puerta al traslado y reparto de menores hacia otras comunidades autónomas con el objetivo, según explica la propia Fiscalía, de “aliviar el colapso del sistema de protección” en los territorios sometidos a mayor presión.

Fiscalía introduce, además, una advertencia especialmente significativa sobre la respuesta institucional a estas situaciones. Las llegadas masivas, sostiene, pueden favorecer la aparición de macrocentros con un elevado número de plazas, un modelo que dificulta el trabajo individualizado con cada menor y perjudica posteriormente su integración y desarrollo educativo.

El documento reconoce, no obstante, que durante 2025 la situación mejoró respecto a la crisis reflejada en la Memoria del año anterior. El descenso de las llegadas permitió, según Fiscalía, recuperar parcialmente la función socioeducativa de los recursos y garantizar la cobertura de las necesidades básicas, además de agilizar la documentación de los menores gracias a una mayor coordinación entre las entidades públicas y las autoridades policiales.

La situación de Ceuta había despertado suficiente preocupación como para que la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores se desplazase personalmente a la ciudad entre los días 28 y 30 de abril de 2025. Durante esa visita mantuvo reuniones con los fiscales de la Sección de Menores y con otras instituciones para conocer directamente sus “inquietudes y propuestas de mejora”.

La Fiscalía de Ceuta también ha planteado cambios para agilizar la respuesta penal cuando los menores cometen infracciones leves. Entre sus propuestas está acelerar estas causas incluso sin disponer inicialmente del informe del Equipo Técnico, que podría incorporarse durante la fase intermedia, con el objetivo de responder con mayor rapidez y evitar que los reducidos plazos de prescripción dificulten su tramitación.

En materia de justicia restaurativa, la Memoria señala igualmente que Ceuta figura entre las fiscalías donde se recurre a equipos externos para desarrollar programas de soluciones extrajudiciales dirigidos a menores infractores, evitando en determinados casos una respuesta estrictamente judicial.

La fotografía que deja la Fiscalía sobre Ceuta en 2025 es, por tanto, especialmente significativa: elevada presión migratoria de menores, acogida inmediata sobresaturada, mayor necesidad de tutelas, miles de expedientes de determinación de edad a escala nacional y el riesgo de que una respuesta basada en grandes centros termine dificultando la atención individualizada.