El futuro incierto sobre el reparto de menores migrantes

CEUTA/ El futuro sobre el reparto de menores migrantes entre comunidades desde zonas tensionadas como Ceuta o Canarias continúa siendo incierto este 2026. Aunque el Gobierno sacara adelante la reforma de la Ley de Extranjería a través de un Real Decreto, la nueva norma se debe tramitar como proyecto de ley ordinaria en el Parlamento y, posteriormente, ser votada en el Congreso. La situación actual de crispación política, la ruptura con Junts, la reticencia de las comunidades autónomas para acoger y la posibilidad de que el Partido Popular no apoye la iniciativa dibujan un horizonte complejo sobre una medida que está aliviando los territorios más colapsados, pero que aún es provisional.

Desde Moncloa no hay prisa en tramitar como proyecto de ley ordinaria el Real Decreto que ha permitido, de forma urgente, proceder al reparto de menores migrantes desde territorios sobreocupados a pesar de los obstáculos de partidos políticos y comunidades autónomas. A la reciente ruptura con uno de sus principales socios, Junts Per Cat, que acusa al Gobierno de no cumplir sus compromisos, se le une un clima nacional complejo y una oposición del PP cada vez más dura y cercana a Vox, sobre todo en el aspecto migratorio. 

Por ello el Gobierno se aferra al Real Decreto que salió adelante en el Congreso el pasado abril gracias al apoyo de Junts, pero por el momento nada indica que vaya a precipitarse en convertirlo en ley ordinaria para evitar otra derrota política de las muchas que cosechó en 2025. El sistema actual funciona, y desde Moncloa no tienen la obligación de someterlo a otra votación que supondría debates y enmiendas, por lo que el procedimiento podría demorarse meses o incluso años -mínimo hasta que acabe la legislatura-.

El Gobierno publicó criterios y un decreto posterior para poner en marcha la distribución según capacidades de acogida y otros indicadores, algo que causó indignación en muchas comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, que recurrieron al Tribunal Constitucional por considerar los parámetros subjetivos -quedaban prácticamente fuera del reparto País Vasco y Cataluña- y que invadían competencias. 

Hasta la fecha, las comunidades autónomas que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional -que las ha admitido a trámite- contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo (reforma que habilita el reparto de menores extranjeros no acompañados) son diez: la Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia. 

Precisamente el Tribunal Constitucional es la única forma viable de que se paralizarán total o parcialmente los repartos si concluye que las reubicaciones que se han puesto en marcha a través del Real Decreto son inconstitucionales e invaden competencias. Ni en un poco probable movimiento del Gobierno para someter a voto la iniciativa y que fuera rechazada por Junts y el PP se bloquearían las derivaciones. Sería una derrota política, pero continuaría activada la normativa que sacó adelante en abril a través del procedimiento urgente. 

El escenario más probable a la vista del debate los últimos meses es el del bloqueo de facto de algunas comunidades autónomas a través de resistencia administrativa, más recursos, retrasos o trabas que mermen el cumplimiento de las reubicaciones establecidas. 

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, durante su balance del año el pasado mes de diciembre agradeció la implementación del Real Decreto y confirmó que a través del nuevo mecanismo habían sido trasladados a la península 184 niños. “No se ha producido ningún efecto llamada”, aclaró lanzando una pulla a Vox y argumentando que en 2025 entraron a la ciudad autónoma un 20% menos de menores que el año anterior. 

Aunque de forma lenta y pausada debido a la complejidad del proceso, Ceuta está notando cómo de forma progresiva va bajando el número de menores acogidos, aunque el futuro sigue siendo una incógnita. En su última comparecencia del año, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, garantizó la “solidaridad” de su partido a la hora de aceptar las derivaciones, pero los mandatarios de la formación azul que gobiernan diferentes comunidades ya han mostrado a través de los medios de comunicación sus dudas ante una hipotética votación para que el Real Decreto actual se convierta en ley definitiva. 

La ciudad autónoma necesita que se sigan llevando a cabo las reubicaciones ante una presión migratoria que, aunque va por épocas, no cesa. De momento, el Real Decreto y la situación de contingencia migratoria declarada en septiembre garantizan el procedimiento, pero la sombra del Constitucional asoma por los territorios colapsados.