El Gobierno frena el decreto de Ceuta ante las dudas jurídicas sobre las expulsiones exprés
CRISIS MIGRATORIA
El borrador permitiría devolver a quienes no soliciten asilo en los siete días hábiles posteriores a la notificación de una orden de devolución
Ceuta/ El Gobierno ha frenado, por el momento, la aprobación del decreto con el que pretendía agilizar las expulsiones y la tramitación de las solicitudes de protección internacional en Ceuta. Las dudas jurídicas sobre algunas de las medidas previstas han llevado al Ejecutivo a continuar estudiando el texto con sus servicios jurídicos y la Abogacía del Estado antes de decidir si puede ser elevado al Consejo de Ministros.
Medios de comunicación como Artículo 14, que han tenido acceso al borrador, señalan que los principales interrogantes se refieren al posible conflicto con el principio de no devolución, el derecho a la tutela judicial efectiva y la normativa nacional e internacional sobre asilo y derechos humanos.
El Ejecutivo tenía previsto llevar este martes la norma al Consejo de Ministros. Sin embargo, el ministro responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, reconoció tras la reunión que todavía no existía “el ok definitivo” para hacerlo; de acuerdo con el referido medio.
“No es sencillo, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, de protección, de derechos internacionales”, afirmó Torres, según recoge el referido medio de comunicación. El ministro explicó que el Gobierno continúa analizando jurídicamente la posibilidad de reducir los plazos para agilizar los retornos y admitió que podría ser necesario introducir modificaciones legislativas.
Siete días para solicitar protección internacional
Uno de los principales cambios contemplados en el borrador afecta al plazo para solicitar asilo después de recibir una orden de devolución, una denegación de entrada o una sanción de expulsión. El texto establece que las solicitudes presentadas una vez transcurridos siete días hábiles desde esa notificación podrán ser inadmitidas.
La misma previsión ha sido recogida en informaciones de Europa Press y de la Cadena SER sobre el proyecto, que permanece pendiente de aprobación y sujeto a posibles modificaciones.
El borrador también reduce los plazos para recurrir determinadas resoluciones desfavorables y establece excepciones al derecho de permanencia en España mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Ceuta.
La propuesta contempla asimismo la pérdida del derecho de permanencia para personas consideradas un peligro para el orden público o la seguridad nacional, para quienes presenten una segunda solicitud de protección internacional o para quienes formulen nuevas peticiones con el objetivo de retrasar una expulsión. En determinados supuestos, esa pérdida podría producirse automáticamente.
Un cambio en el procedimiento de asilo
Otra de las modificaciones previstas afecta a la tramitación de las solicitudes de protección internacional. El proyecto elimina el examen previo de cada expediente por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), en la que participa ACNUR.
La competencia para elevar las propuestas de resolución pasaría directamente a la Dirección General de Protección Internacional, que informaría posteriormente a la comisión de las resoluciones adoptadas.
El proyecto tendría además carácter retroactivo sobre las solicitudes formuladas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que permanezcan sin resolver cuando la norma entre en vigor, según la documentación difundida sobre el borrador.
Las organizaciones de derechos humanos piden al Gobierno que dé marcha atrás
Las modificaciones han generado rechazo entre organizaciones vinculadas a la defensa del derecho de asilo. Entidades como CEAR, Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes han reclamado al Ejecutivo que retire o modifique las medidas para evitar que la aplicación del mecanismo de emergencia resulte lesiva para las garantías de protección internacional.
El director general de CEAR, Mauricio Valiente, expresó a Artículo 14 su “preocupación” por los planes del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo estaría priorizando acelerar las expulsiones frente a la respuesta humanitaria pendiente.
Valiente calificó el proyecto como un “régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo” y aseguró que las organizaciones no habían sido consultadas sobre la propuesta. También señaló que, a juicio de CEAR, antes de acelerar las expulsiones debería procederse al traslado de los solicitantes de asilo a la Península dentro del sistema ordinario de protección internacional.
El decreto sigue pendiente de aprobación
La norma no está en vigor. El borrador continúa en fase de estudio y el Gobierno puede introducir cambios antes de decidir si lo presenta al Consejo de Ministros. Fuentes de Interior ya habían señalado que el texto estaba sujeto a modificaciones por la intervención de distintos ministerios.
El freno anunciado este martes deja, por tanto, en suspenso las medidas destinadas a acortar los plazos de solicitud y recurso y a facilitar las devoluciones en Ceuta, mientras el Ejecutivo analiza su encaje jurídico.
