El Gobierno plantea movilizar todos los polideportivos y el Hospital Militar para acoger migrantes
Acogida de migrantes
El borrador del real decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta contempla la utilización de numerosas instalaciones civiles y militares de Ceuta para hacer frente a la presión migratoria
El Gobierno prevé movilizar una amplia red de infraestructuras repartidas por toda Ceuta, incluidos los principales polideportivos de la ciudad y el antiguo Hospital Militar, para reforzar la capacidad de acogida de migrantes en el marco de la declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. Así se recoge en un borrador de real decreto que declara esta situación excepcional en la ciudad autónoma ante la crisis derivada de la llegada masiva de personas migrantes desde finales de julio.
El documento justifica la medida por la permanencia en Ceuta de un elevado número de migrantes en situación irregular, una circunstancia que, según el texto, está “alterando el funcionamiento ordinario de las administraciones públicas y ha superado las capacidades habituales de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana”.
Entre los recursos que podrían ponerse a disposición de la gestión de la crisis figuran numerosos terrenos de titularidad estatal y municipal repartidos por distintos puntos de la ciudad. El borrador incluye espacios del Ministerio de Defensa en Loma Margarita, la Hípica, la antigua fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y zonas disponibles del acuartelamiento Coronel Fiscer, además de la explanada del Guano y el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo.
A estas instalaciones se suman recursos dependientes de la Ciudad Autónoma, entre ellos el parking de embolsamiento de Loma Colmenar y el Hospital Militar, actualmente cedido por Defensa al Gobierno local. El texto también contempla la utilización de los polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor.
La inclusión de estas infraestructuras abre la puerta a que la Administración disponga de espacios adicionales para alojamiento temporal, atención humanitaria y cobertura de necesidades básicas de los migrantes mientras se tramitan los procedimientos administrativos correspondientes. El propio borrador prevé movilizar recursos destinados a acogida temporal, alojamiento, alimentación y gestión de dispositivos asistenciales.
La declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podría ser prorrogada por el Gobierno en función de la evolución de la crisis.
El texto designa al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como autoridad funcional encargada de coordinar la respuesta de todas las administraciones implicadas, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional asumiría la dirección y coordinación general de la gestión de la crisis. El ministro anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que en cuestión de horas regresaría a Ceuta para coordinar desde allí la situación.
Los ministerios implicados
Más allá de la puesta a disposición de instalaciones, el decreto diseña una respuesta que implica de forma coordinada a buena parte del Gobierno central. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumiría un papel clave al aportar los recursos destinados a la recepción y atención humanitaria, la acogida temporal, el alojamiento, la alimentación, la cobertura de necesidades básicas y la gestión de centros y traslados dentro del sistema estatal de acogida.
El Ministerio de Defensa también tendría una participación destacada. El borrador pone a disposición de la gestión de la crisis sus capacidades humanas, logísticas, sanitarias, de transporte, vigilancia, comunicaciones, infraestructura y alojamiento, además de varios terrenos militares repartidos por la ciudad.
Por su parte, el Ministerio del Interior concentraría las actuaciones relacionadas con el control de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la seguridad ciudadana, la identificación y documentación de los migrantes, los procedimientos de protección internacional y la lucha contra las redes de inmigración irregular y tráfico de personas. El texto también incorpora todos los recursos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados o vinculados funcionalmente a Ceuta, incluidos los refuerzos que puedan enviarse.
Sanidad aportaría los recursos necesarios para garantizar la coordinación sanitaria, la salud pública, la sanidad exterior y el apoyo extraordinario que pueda requerirse para mantener la respuesta asistencial en la ciudad ante el incremento de la presión sobre los servicios sanitarios.
El decreto también asigna funciones específicas al Ministerio de Juventud e Infancia, que deberá poner a disposición los recursos del sistema de protección de menores y de acogida para hacer frente a la presencia de menores extranjeros no acompañados.
En el ámbito diplomático, el Ministerio de Asuntos Exteriores se encargará de la coordinación con Marruecos, la Unión Europea y las organizaciones internacionales, además de colaborar en los procesos de identificación, documentación, readmisión y retorno de migrantes.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible deberá facilitar las capacidades vinculadas al transporte marítimo, aéreo y terrestre, así como la utilización de infraestructuras logísticas para movimientos y traslados de personas.
La coordinación política de todo el operativo recaería en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El titular de este departamento sería designado autoridad funcional de la crisis, con capacidad para dirigir y coordinar los recursos movilizados, fijar prioridades y garantizar la cooperación entre todas las administraciones implicadas.
La declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podría ser prorrogada por el Gobierno en función de la evolución de la crisis.
