El Gobierno prepara la vía rápida para devolver migrantes de Ceuta a Marruecos

El Gobierno trabaja en un decreto ley extraordinario con el que pretende reducir de forma sustancial los tiempos necesarios para resolver las solicitudes de protección internacional y facilitar el retorno a Marruecos de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.

La preparación de esta nueva norma ha sido adelantada este sábado por el diario El País, que apunta a que la intención del Ejecutivo es llevar el texto al Consejo de Ministros del próximo martes. El decreto continúa todavía en fase de elaboración y podría experimentar modificaciones antes de su aprobación, aunque Interior habría asumido un papel protagonista en unos trabajos en los que han participado varios departamentos ministeriales.

La medida tendría un ámbito excepcional y estaría especialmente vinculada a las peticiones de asilo formuladas en Ceuta a raíz de la crisis migratoria. El objetivo pasa por acortar los procedimientos administrativos y judiciales que actualmente pueden prolongar durante meses la resolución definitiva de los expedientes y, con ello, retrasar las devoluciones.

Uno de los cambios que se estudian afectaría al procedimiento previo de las solicitudes de protección internacional. El borrador contempla prescindir en determinados supuestos del examen de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), lo que permitiría al Ministerio del Interior avanzar con mayor rapidez en la resolución de los expedientes.

La nueva regulación también tendría especial incidencia mientras permanezca activa en Ceuta la situación de interés para la Seguridad Nacional, declarada por el Gobierno el pasado 25 de agosto. En este contexto, el Ejecutivo estudia introducir un régimen específico para determinados solicitantes, entre ellos ciudadanos procedentes de países considerados seguros, personas que hayan presentado peticiones sucesivas o aquellos casos relacionados con amenazas para el orden público o la seguridad nacional.

El planteamiento permitiría que algunas devoluciones pudieran materializarse sin esperar a que finalicen todas las vías de recurso. En esos supuestos, la tramitación de la petición de protección internacional podría continuar incluso después de que la persona hubiera abandonado territorio español.

Otro de los aspectos que recoge el borrador es el recorte de los plazos judiciales. Para determinadas denegaciones de asilo se estudia establecer un periodo de cinco días naturales para recurrir, además de otorgar carácter preferente a estos procedimientos con el propósito de evitar que los expedientes permanezcan paralizados durante largos periodos.

Interior también plantea qué hacer con las solicitudes correspondientes a personas que abandonen voluntariamente los recursos de acogida habilitados en Ceuta. Entre las posibilidades que siguen sobre la mesa figura el archivo de esos expedientes, una cuestión que todavía está siendo analizada por los ministerios implicados antes de cerrar definitivamente el decreto.

El Ejecutivo lleva semanas reforzando los medios destinados a identificar a las personas que permanecen en Ceuta y resolver su situación administrativa. Ya a principios de septiembre se desplazaron más policías y funcionarios para acelerar las entrevistas, los expedientes de asilo y los procedimientos de devolución. El Gobierno ha defendido reiteradamente que solo podrán permanecer en España quienes tengan reconocido legalmente ese derecho.

La Moncloa considera que el elevado número de solicitudes de protección internacional constituye uno de los principales factores que ralentizan los retornos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había reclamado además a las instituciones europeas mecanismos que permitan acelerar estos procedimientos cuando se produzcan crisis migratorias extraordinarias como la registrada en Ceuta.

El decreto deberá, en cualquier caso, superar un delicado encaje jurídico. La reducción de plazos y garantías procesales tendrá que ser compatible con la legislación española, la normativa europea y las obligaciones internacionales relacionadas con el derecho de asilo. Además, algunas de las materias sobre las que se pretende actuar están vinculadas a legislación de carácter orgánico.

Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han advertido en anteriores ocasiones de los riesgos que, a su juicio, supone reducir excesivamente los tiempos para resolver las solicitudes, al entender que cada petición debe contar con un examen individualizado y con garantías suficientes.

El Gobierno busca precisamente blindar jurídicamente la futura norma para evitar que una avalancha de recursos termine dejando sin efecto práctico la aceleración de las devoluciones. El contenido definitivo dependerá de los últimos ajustes que se realicen antes de su eventual aprobación por el Consejo de Ministros.

La iniciativa supondría un nuevo paso extraordinario del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio. El Gobierno ya declaró el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y posteriormente aprobó medidas urgentes de apoyo económico y social para la ciudad.

Ahora el foco se desplaza directamente hacia uno de los asuntos que permanecen pendientes casi dos meses después de la crisis: resolver con mayor rapidez la situación administrativa de quienes continúan en Ceuta y ejecutar el retorno a Marruecos de aquellos que, una vez examinados sus expedientes, no tengan derecho a permanecer en España.