Igualdad refuerza con 1,35 millones la protección de mujeres y niñas que permanecen en Ceuta

CEUTA/ La crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde finales de julio mantiene la necesidad de disponer de recursos especializados para atender a las mujeres, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad. Más de 100 días después de las entradas masivas, el Ministerio de Igualdad refuerza la respuesta institucional mediante una financiación extraordinaria de hasta 1.345.584,83 euros, destinada a mejorar la detección de situaciones de riesgo, la atención especializada y los mecanismos de protección.

La medida está recogida en el Real Decreto 856/2026, de 21 de octubre, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, que regula subvenciones para cinco entidades sociales que trabajan en la atención a personas vulnerables en Ceuta.

La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Livia Rosales, considera que esta financiación representa una de las respuestas más importantes a las necesidades identificadas desde el comienzo de la emergencia, cuando la llegada de numerosas mujeres y menores puso de manifiesto la insuficiencia de algunos recursos disponibles.

La responsable institucional explica a El Pueblo de Ceuta que la protección de esta población requiere actuaciones que van más allá de garantizar un alojamiento, especialmente cuando existen posibles situaciones de violencia sexual, explotación, trata o circunstancias personales que exigen una atención diferenciada.

El Real Decreto 856/2026 regula subvenciones extraordinarias para reforzar la atención a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad

Cinco entidades y más de 1,3 millones

La mayor dotación máxima corresponde a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con 486.735,90 euros, seguida de Mujeres en Zona de Conflicto, con 418.758,06 euros.

Cruz Roja Española dispone de una asignación máxima de 209.018,49 euros; Médicos del Mundo, de 185.234,14 euros; y Fundación Cruz Blanca, de 45.838,24 euros.

Las subvenciones reguladas por el Gobierno contemplan actuaciones de detección de posibles víctimas, atención psicológica y psicosocial, acompañamiento especializado, reducción de riesgos y recursos habitacionales de emergencia, entre otras medidas destinadas a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de las organizaciones sociales y mejorar la atención de quienes necesitan protección mientras permanecen en Ceuta.

Rosales destaca especialmente el papel que desempeñan estas entidades, cuya cercanía a las mujeres permite identificar necesidades que no siempre llegan directamente a conocimiento de las instituciones.

"Muchas veces fueron ellas quienes estaban más cerca de las mujeres, quienes conocían sus circunstancias y quienes nos trasladaban situaciones que, de otra manera, difícilmente habríamos podido conocer", explica.

CEAR y Mujeres en Zona de Conflicto concentran las mayores dotaciones económicas entre las cinco entidades beneficiarias

Una unidad multidisciplinar para mejorar la atención

Entre las medidas contempladas figura la posibilidad de constituir una unidad multidisciplinar dirigida por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Ceuta, con participación de profesionales y entidades especializadas.

La estructura está concebida para facilitar una respuesta coordinada ante situaciones que requieren conocimientos específicos de psicología, trabajo social y mediación intercultural.

Rosales explica que disponer de este tipo de profesionales fue una de las necesidades que la Unidad trasladó desde los primeros días de la emergencia, especialmente ante las dificultades para comunicarse con algunas mujeres y detectar posibles situaciones de violencia.

"Necesitábamos profesionales especializados en psicología, trabajo social y mediación intercultural que pudieran trabajar de forma coordinada y dar respuesta a situaciones que, por su complejidad, requerían una atención mucho más especializada", señala.

La previsión de esta estructura supone incorporar a la respuesta humanitaria mecanismos de atención específicos para las mujeres y menores que requieren protección, sin limitar la intervención a los recursos generales de acogida.

Las medidas contemplan atención psicológica, acompañamiento especializado, detección de violencia y recursos habitacionales de emergencia

Una coordinación que comenzó en agosto

La respuesta institucional tiene su origen en los primeros días de la crisis. Rosales sitúa el comienzo de los contactos directos con el Ministerio de Igualdad el 3 de agosto, cuando la magnitud de la emergencia ya había puesto de manifiesto la necesidad de prestar una atención específica a la población femenina.

La responsable de la Unidad destaca el seguimiento realizado por la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro; la subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres, Zulema Altamirano; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez.

También reconoce la implicación de la ministra Ana Redondo, quien, según relata, mantuvo contactos frecuentes para conocer las circunstancias de las mujeres y niñas y las necesidades que estaban apareciendo.

Uno de los primeros pasos para organizar la respuesta tuvo lugar el 6 de agosto, cuando la Delegación del Gobierno acogió una reunión de coordinación con representantes institucionales y organizaciones sociales presentes sobre el terreno.

En aquel encuentro participaron, entre otras, Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, Sur Acoge, Mujeres en Zona de Conflicto, Elín, CEPAIM, Médicos del Mundo, UNICEF y No Name Kitchen.

La reunión permitió compartir información sobre situaciones de vulnerabilidad, identificar dificultades y establecer canales de comunicación para trasladar incidencias a los organismos competentes.

Desde entonces, según explica Rosales, la Unidad ha desarrollado una labor continuada de seguimiento y coordinación dentro de sus competencias, en contacto con las entidades sociales, los servicios policiales, el Área de Menores y los recursos especializados.

Rosales destaca la colaboración del Ministerio de Igualdad y las organizaciones sociales en una crisis cuyas necesidades de protección continúan.

Recursos para una emergencia que sigue abierta

La continuidad de la crisis mantiene la importancia de disponer de mecanismos de atención adaptados a las necesidades de mujeres que permanecen en los dispositivos de acogida, algunas acompañadas de sus hijos y otras en situaciones de especial vulnerabilidad.

Rosales considera que una de las principales enseñanzas de esta emergencia es que la protección de las mujeres debe estar prevista desde el comienzo de cualquier dispositivo humanitario, con profesionales especializados, espacios seguros y procedimientos claros de detección y derivación.

"La protección de las mujeres y las niñas no puede improvisarse cuando llega una emergencia, sino que tiene que estar prevista y formar parte de la respuesta desde el primer momento", sostiene.

Las subvenciones reguladas por el Real Decreto 856/2026 establecen una financiación máxima para reforzar esa atención, aunque su aprobación no implica por sí misma que todas las cantidades estén ya abonadas ni que la totalidad de las actuaciones previstas se encuentren ejecutadas.