Un informe del 24 de julio ya advertía de una posible entrada masiva y colapso

La Delegación del Gobierno en Ceuta ya manejaba, seis días antes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, un escenario de extrema gravedad. Un informe elaborado el 24 de julio por el entonces jefe de gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, y remitido por Miguel Ángel Pérez Triano al Ministerio de Política Territorial destacaba que era “altamente probable” que se produjeran intentos de “entrada masiva” e incluía una advertencia literal sobre un posible “colapso de todas las administraciones e instituciones” si llegaban a producirse.

El documento, cuya existencia ha trascendido ahora en el marco de la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, constituye una nueva pieza en la cronología de las advertencias trasladadas al Gobierno central antes de la crisis del 30 y 31 de julio. Sanz confirmó ante la magistrada que fue él quien redactó el informe del 24 de julio, que calificó de “muy contundente”, y que Pérez Triano lo remitió al Ministerio de Política Territorial.

El informe ha sido requerido por la jueza de la Audiencia Nacional con el objetivo de comprobar si la versión final remitida por el delegado del Gobierno incluía todas las advertencias formuladas por Sanz. Su contenido dibuja un escenario especialmente severo: no solo no se descartaban intentos de entrada masiva, sino que se advertía de que esa posibilidad era “altamente probable”.

La existencia de ese informe añade un elemento hasta ahora no incorporado al relato público de las comunicaciones previas a la entrada masiva. El Gobierno publicó en septiembre 40 documentos, informes, alertas y comunicaciones correspondientes al mes de julio para reconstruir la información de la que dispusieron las distintas administraciones. Sin embargo, el informe de la Delegación elaborado el 24 de julio no figura entre esa documentación hecha pública.

Una advertencia anterior a los avisos del CNI del 29 de julio

La fecha del documento resulta especialmente relevante. El informe se elaboró el 24 de julio, cuando todavía faltaban seis días para la entrada masiva que acabaría llevando a unas 80.000 personas a cruzar a Ceuta durante los días 30 y 31, según la documentación y los testimonios incorporados a la investigación. Para entonces, la Delegación ya había constatado un incremento extraordinario de los intentos de entrada a nado y las dificultades que la sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera estaba generando para la gestión de la presión migratoria.

El contenido del informe del 24 de julio, según ha podido conocer este periódico, iba más allá de una descripción de la evolución de las entradas. La Delegación advertía de posibles intentos de entrada masiva y señalaba que las próximas semanas podían registrar un serio “desborde migratorio”, hasta el punto de que la situación podía llegar a ser “similar a la vivida en 2021”.

La advertencia incluía además una previsión explícita sobre las consecuencias que podría tener un episodio de estas características. El documento alertaba literalmente de un posible “colapso de las administraciones e instituciones” como consecuencia de entradas masivas, en un momento en el que las capacidades de acogida y gestión ya estaban sometidas a una presión creciente.

Riesgo para los agentes y petición de refuerzos

Una de las advertencias más relevantes recogidas en el documento afecta directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El informe contemplaba la posibilidad de un colapso de sus capacidades operativas y advertía de que una situación de entradas masivas podía llegar a suponer “un riesgo grave para la vida de los propios agentes”. Ante ese escenario, se solicitaban formalmente refuerzos “a todos los niveles”, con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del conjunto de las administraciones implicadas.

El informe planteaba también una medida concreta ante la presión migratoria: la habilitación urgente de un CATE provisional que permitiera realizar los correspondientes triajes y gestionar la llegada de personas migrantes. A ello se sumaba la petición de explorar vías legales que permitieran agilizar los retornos a Marruecos en aquellos casos de entradas irregulares.

El conjunto de estas advertencias muestra que el documento no se limitaba a recoger una evolución de la presión migratoria, sino que planteaba distintos escenarios de respuesta ante una eventual entrada masiva y sus consecuencias sobre la capacidad operativa de Ceuta.

Del informe interno al comunicado del 27 de julio

La secuencia de los días siguientes resulta especialmente relevante. Tres días después del informe, el 27 de julio, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma hicieron público un comunicado conjunto en el que advertían de la presión extraordinaria sobre los servicios de acogida y de la necesidad de una respuesta urgente.

El comunicado conjunto del día 27 no fue bien recibido en La Moncloa una vez enviado públicamente. La elaboración del comunicado se produjo durante la mañana del día 27, en una reunión entre los equipos de comunicación de la Ciudad Autónoma y de la Delegación. El texto reclamaba una respuesta “extraordinaria e inmediata” ante la situación que atravesaba Ceuta. La relevancia de la fecha reside también en que el comunicado se produjo apenas tres días después de las advertencias más graves recogidas en el informe del 24 de julio.

La diferencia fundamental entre aquel escenario advertido el 24 de julio y lo ocurrido seis días después está en la magnitud de la entrada. Ninguno de los documentos públicos anteriores al 29 de julio permite afirmar que las autoridades hubieran previsto una llegada de 80.000 personas, aunque sí una posible entrada masiva.

La diferencia, por tanto, no está necesariamente en que la Delegación hubiera anticipado las cifras finales de la avalancha, sino en que seis días antes ya había trasladado al Gobierno central que una entrada masiva era “altamente probable” y podía provocar un escenario de desbordamiento de las capacidades de Ceuta.

El informe contemplaba además de manera expresa la posibilidad de que las administraciones e instituciones quedaran colapsadas, advertía del riesgo para los agentes encargados del control fronterizo, reclamaba refuerzos a todos los niveles, planteaba un CATE provisional para realizar triajes y pedía estudiar vías legales para agilizar los retornos a Marruecos.

La propia respuesta institucional adoptada posteriormente ofrece una referencia sobre la dimensión de aquel riesgo. El 25 de agosto, el Gobierno declaró Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional y justificó la decisión por la presión “inédita” sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida, así como por la afectación al funcionamiento ordinario de servicios públicos. El decreto estableció expresamente la necesidad de evitar que estos servicios alcanzaran una situación de colapso.

La cuestión que queda ahora en manos de la investigación judicial es analizar la información concreta que contenía el informe del 24 de julio, quién recibió cada una de sus advertencias y qué medidas se adoptaron —o no— a partir de ellas durante los seis días que precedieron a la entrada masiva del 30 de julio.

Un documento que no está entre los publicados

La existencia del informe del 24 de julio adquiere especial relevancia porque el Gobierno presentó la publicación de sus documentos como una reconstrucción de la información disponible antes y durante la crisis. El repositorio oficial incluye informes de la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS, junto con comunicaciones de distintos organismos, y especifica las fechas, horas, canales y destinatarios de cada documento.

Pero el informe elaborado por la Delegación el 24 de julio no aparece en esa relación. La jueza Tardón ha pedido precisamente reconstruir el flujo de información previo a la entrada masiva. En el marco de esa investigación, ha reclamado a distintos organismos las alertas, informes, comunicaciones y documentación operativa relacionada con el riesgo de una entrada masiva, así como la fecha, hora, destinatarios y respuesta dada a cada una de ellas. En este sentido, tanto el exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, como ex jefe de gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, ya han entregado dicho informe a la jueza de la Audiencia Nacional.

Entrada masiva "altamente probable"

El contenido de informe requerido por la jueza de la Audiencia Nacional dibuja un escenario especialmente severo: no solo no se descartaban intentos de entrada masiva, sino que se advertía de que esa posibilidad era “altamente probable”. Sin embargo, no figura entre la documentación hecha pública por el Gobierno.

Advertencia de un "serio episodio migratorio"

El contenido del informe del 24 de julio va más allá de una descripción de la evolución de las entradas. La Delegación advertía de posibles intentos de entrada masiva y señalaba que las semanas siguintes podían registrar un serio “desborde migratorio”, hasta el punto de que la situación podía llegar a ser “similar a la vivida en 2021”.

"Colapso de las administraciones y las instituciones"

La advertencia incluía una previsión explícita sobre las consecuencias que podría tener un episodio de estas características. El documento alertaba literalmente de un posible “colapso de las administraciones e instituciones” como consecuencia de entradas masivas, en un momento en el que las capacidades de acogida ya estaban sometidas a una presión creciente.

"Riesgo grave para la vida de los agentes"

Una de las advertencias más relevantes recogidas afecta directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El informe contemplaba la posibilidad de un colapso de sus capacidades operativas y advertía de que una situación de entradas masivas podía llegar a suponer “un riesgo grave para la vida de los propios agentes”.