El informe de Delegación alertó del bloqueo de Marruecos a los retornos de sus nacionales

El informe elaborado por la Delegación del Gobierno en Ceuta el pasado 24 de julio, cuyo contenido completo ha podido conocer El Pueblo de Ceuta, dibuja un escenario de presión migratoria mucho más amplio que el ya adelantado este jueves. El documento enviado por el ex delegado del Gobierno, Perez Triano, al Ministerio de Política Territorial, no solo advertía de la posibilidad de “entradas masivas” y de un eventual “colapso de las administraciones”, sino que detallaba las dificultades que ya entonces se estaban produciendo para gestionar a las personas que alcanzaban la ciudad, especialmente en los procesos de triaje, la capacidad del CETI, los retornos a Marruecos y la atención a los menores extranjeros no acompañados.

Uno de los principales problemas identificados por la Delegación se encontraba precisamente en la ejecución de los retornos. El nuevo marco derivado de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ya contemplaba procedimientos destinados a agilizar la salida de aquellas personas con escasas posibilidades de obtener protección internacional.

Sin embargo, el informe advertía de una dificultad especialmente relevante en el caso de Ceuta: “la negativa de Marruecos a aceptar la repatriación de sus nacionales”. La Delegación señala expresamente que existían dificultades para ejecutar los acuerdos de retorno que puedan dictarse “durante los procesos de Triaje o tras el rechazo de las solicitudes de asilo”, precisamente porque Marruecos no aceptaba “la repatriación de sus nacionales”.

El problema adquiere especial dimensión teniendo en cuenta que una mayoría muy importante de las personas que están entrando irregularmente en Ceuta son de nacionalidad marroquí. Concretamente, Delegación señala que “en nuestro caso, una gran parte de la migración irregular que recibe nuestra ciudad, es de origen marroquí, que integran a su vez, la mayor parte de la población de residentes del CETI.” Según el documento, “en torno al 80% de la capacidad del CETI” estaba conformada en ese momento por migrantes de nacionalidad marroquí.

Hasta 70 menores llegados en tres días

Uno de los apartados más preocupantes del informe está dedicado a los menores extranjeros no acompañados. La Delegación advertía de un incremento muy significativo de las llegadas y señalaba que “en tan solo tres días” habían llegado a las costas de Ceuta “hasta 70 menores no acompañados”, una cifra que, según el documento, mostraba una tendencia al alza coincidiendo con el periodo estival.

El informe relaciona este fenómeno con el aprovechamiento de las nieblas para intentar alcanzar Ceuta sin ser detectados por las fuerzas de seguridad. Una práctica que, además del problema asistencial, entraña un elevado riesgo para la vida de los propios menores. La Delegación incorpora al informe un dato especialmente dramático: “a finales de 2025 fueron 46 los cuerpos rescatados y en lo que va de año 25” en el contexto de estos intentos de entrada por mar.

El documento también recoge el impacto de esta situación en las familias de los menores. La Delegación explica que cada vez eran más las familias que, “de manera desesperada”, contactaban con el organismo o acudían a medios de comunicación y redes sociales para intentar averiguar “si sus hijos habían logrado alcanzar tierras españolas o habían perdido la vida en el mar”.

La llegada de menores ralentiza además los triajes de adultos

La presión de los menores tenía también una consecuencia directa sobre el conjunto del dispositivo migratorio. A su llegada, los menores siguen en ocasiones la misma ruta que los adultos y se dirigen a las puertas del CETI, circunstancia que, según el informe, aumentaba su exposición al riesgo y obligaba al personal del centro y a las fuerzas de seguridad a intensificar las labores de detección.

Además, los protocolos obligan a diferenciar la actuación con menores de la correspondiente a los adultos y a garantizar “la primacía de su interés superior”. Esto hace que los recursos policiales tengan que priorizar la atención de los menores, ralentizando el triaje del resto de migrantes.

La presión sobre el sistema de protección de menores tampoco era nueva. Desde la aprobación del Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, “521 menores habían sido trasladados a la península”, según los datos incluidos en el informe. La Delegación recuerda que Ceuta dispone únicamente de 27 plazas residenciales para menores y que la ciudad lleva años funcionando de forma permanente por encima de esa capacidad, llegando a triplicarla.

El nuevo triaje, sin espacios ni medios suficientes

El informe también pone el foco en la falta de previsión para afrontar los nuevos procedimientos de triaje que introducía el PEMA. La Delegación advertía de que no existían “espacios, infraestructuras ni medios” suficientes para desarrollar el sistema con garantías.

El nuevo marco obliga, además, a realizar el triaje antes de que las personas migrantes puedan acceder al CETI. La consecuencia que ya estaba observando la Delegación era la aparición de “migrantes durmiendo en la calle ante la imposibilidad de la Policía Nacional de gestionar el elevado número de entradas diarias”. El documento recoge que se habían llegado a acumular ”150 pendientes de triaje”, una cifra que, según las previsiones trasladadas en el informe, podía incrementarse de manera exponencial.

La capacidad operativa comunicada entonces por la Policía Nacional era de aproximadamente “30 triajes/día”, siempre que no se produjera simultáneamente la llegada de menores, cuyo protocolo de atención requiere una actuación diferenciada y prioritaria. La situación tenía además una consecuencia directa sobre el CETI.

Un sistema sometido a presión antes de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes

El contenido completo del documento permite apreciar que la preocupación del ex delegado del Gobierno, Miguel Ángel Perez Triano, no se limitaba al riesgo de una entrada masiva. El informe describía también un sistema de acogida y gestión que ya se encontraba sometido a una fuerte presión y que podía verse rápidamente desbordado si aumentaban las llegadas.

A la presión sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los procedimientos de triaje se sumaban la imposibilidad de ejecutar determinados retornos, el incremento de las llegadas de menores y la limitada capacidad de la ciudad para atender a estos últimos.

Todo ello llevó a la Delegación a reclamar actuaciones urgentes de varios ministerios y una coordinación específica con Marruecos antes de que se produjera el escenario de entradas masivas que el propio informe calificaba como “altamente probable”.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ya superaba su capacidad ordinaria

La capacidad máxima ordinaria del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se situaba en 512 personas, una cifra que ya había sido superada cuando se elaboró el informe. La presión era tal que, según la Delegación, “se habían tenido que eliminar espacios destinados a actividades de integración, como aulas, para instalar literas y poder atender la sobreocupación”.

El documento recuerda que durante el mes de enero, antes incluso de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo y de la aplicación del PEMA, el CETI había llegado a “superar los 1.000 residentes”, obligando a utilizar aulas, garajes e incluso zonas exteriores, con personas que llegaron a pernoctar en la calle de acceso al centro. La Delegación advertía entonces de que en el nuevo escenario la ciudad se enfrentaría a “un frente de olas de calor que está asolando el mediterráneo”, frente a la situación registrada durante el invierno.

La Delegación del Gobierno reclamó seis actuaciones urgentes

Ante este escenario, el informe concluye con una serie de medidas que considera prioritarias para evitar que un incremento de las entradas termine desbordando completamente la capacidad de respuesta de las administraciones.

La primera reclamación se dirige al Ministerio del Interior y consistía en la “instalación de infraestructura provisional y urgente” que permitiera cumplir el sistema de triaje establecido por el PEMA, incluyendo alojamiento y manutención durante el periodo previsto por la normativa.

La segunda pasaba por activar el “plan de contingencia“ del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para situaciones de sobreocupación del CETI, utilizando espacios alternativos para instalar literas. La Delegación reclamó asimismo “agilización de los traslados a otros centros de la península” de las personas solicitantes de asilo o que se encuentren en España por motivos humanitarios.

El cuarto punto consistía en un “refuerzo de personal en CETI, Guardia Civil y Policía nacional” para afrontar la situación de emergencia migratoria. También se solicitaba un “refuerzo de medios para el servicio marítimo de la Guardia Civil”, con el objetivo de mejorar su presencia y coordinación con la Marina Real marroquí ante los intentos de entrada por vía marítima.