Iniciada la cuenta atrás para vaciar las playas de Ceuta

Han transcurrido 60 días desde que Ceuta vivió los días 30 y 31 de julio una entrada masiva y simultánea de miles de migrantes procedentes de Marruecos. Dos meses después, la ciudad ha pasado de afrontar una emergencia prácticamente inabarcable a disponer de una red de recursos temporales con más de 6.000 personas acogidas. Sin embargo, la fotografía que ofrecen las playas del Trampolín, hasta ayer la de Benítez, y la zona de la antigua fábrica de guano, demuestra que la crisis continúa abierta.

El propio Gobierno reconoció oficialmente la excepcionalidad de la situación cuando el 25 de agosto declaró Ceuta zona de interés para la Seguridad Nacional. El Real Decreto 681/2026 describe una permanencia de un elevado número de migrantes en situación irregular que había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad de las administraciones. La declaración permanece vigente, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre.

En estos 60 días, que hoy se cumplen, se han habilitado instalaciones, trasladado miles de personas, realizado filiaciones y triajes, ejecutado expulsiones y multiplicado los retornos voluntarios. Pero sigue existiendo un cuello de botella: miles de personas permanecen fuera de los recursos y las plazas disponibles no son suficientes para absorber de una sola vez a todos los que continúan en asentamientos improvisados.

Ese es precisamente el desafío al que se enfrenta ahora el mando único que dirige el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El horizonte político y operativo comienza a tener una fecha: mediados de octubre.

Torres trasladó este jueves a un grupo de vecinas que hará “todo lo posible” para que las playas puedan estar desalojadas para entonces. No fue una garantía matemática, pero sí el horizonte temporal más concreto expresado hasta ahora por el responsable de coordinar la respuesta del Estado.

Y llegar a esa fecha con el Trampolín y Benítez vacíos exige actuar simultáneamente sobre varias piezas de un mismo puzle.

EL GRAN ATASCO ESTÁ EN LA ROTACIÓN

La primera vía es probablemente la más importante: acelerar los expedientes y los retornos a Marruecos.

Cada persona que abandona un dispositivo provisional deja una plaza libre. Y cada plaza que queda disponible puede ser ocupada por alguien que actualmente duerme en el Trampolín, Benítez o cualquier otro punto de Ceuta. Por eso el problema ha dejado de ser exclusivamente una cuestión de capacidad estática y se ha convertido también en una cuestión de rotación.

Los últimos datos apuntan precisamente en esa dirección. El 22 de septiembre, Torres cifró en “6.791 las personas que habían regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto” y en “318 las expulsadas”. Dos días después, el ministro elevó los retornos voluntarios a “7.099 y las expulsiones a 364”, asegurando que el ritmo de regreso había aumentado hasta situarse entre “150 y 200 personas diarias”.

El Gobierno vincula ese incremento con la intensificación de los triajes. El jueves ya se habían efectuado 2.742, según Torres, y el Ejecutivo está estudiando fórmulas que permitan acortar los tiempos de los procedimientos, cuyo plazo máximo puede alcanzar las doce semanas. Torres sostiene que buena parte de las personas afectadas terminarán siendo devueltas y que el conocimiento de esa circunstancia está favoreciendo también los regresos voluntarios.

Ahí puede encontrarse una de las claves de las próximas tres semanas.

Si el ritmo de retornos se mantiene o aumenta, las plazas de los recursos temporales comenzarán a liberarse progresivamente. Si, por el contrario, los expedientes se ralentizan, las instalaciones permanecerán prácticamente llenas y será imposible absorber únicamente mediante rotación a las más de 3.000 personas que todavía se encuentran fuera.

MÁS DE 6.000 PLAZAS Y TODAVÍA NO BASTAN

El esfuerzo realizado durante septiembre ha incrementado considerablemente la capacidad de acogida.

Uno de los movimientos más importantes se produjo el 18 de septiembre, cuando un amplio operativo policial trasladó a migrantes desde Benítez y el Trampolín hasta el nuevo dispositivo levantado en el Muelle de Poniente. El recurso terminó acogiendo a unas 1.700 personas y alcanzó su capacidad durante aquella misma jornada.

La operación dejó además una conclusión evidente. Había más personas que plazas.

Una vez completado el dispositivo portuario, parte de quienes habían acudido al traslado tuvieron que regresar a los lugares donde se encontraban anteriormente. El problema, por tanto, no desapareció: simplemente se redujo.

Y mientras tanto, el asentamiento del Trampolín ha seguido ocupando prácticamente toda la arena y las construcciones improvisadas se extendieron durante septiembre también por Benítez. El 12 de septiembre, este periódico contabilizaba ya más de un centenar de chabolas solamente en la zona próxima a la Desalinizadora.

La paradoja resume perfectamente el momento actual: Ceuta dispone de miles de plazas que no existían hace unas semanas y, aun así, necesita más.

CABALLERÍA, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO

La siguiente pieza del dispositivo está ya en preparación.

El Gobierno trabaja en la explanada de Caballería, en las inmediaciones de Benítez, donde está acondicionando un nuevo recurso. Las primeras previsiones apuntaban a una capacidad aproximada de entre 500 y 700 personas.

Torres precisó posteriormente que este emplazamiento se destinará fundamentalmente a mujeres, con la intención de proporcionarles unas condiciones de alojamiento más adecuadas.

La puesta en funcionamiento de Caballería permitirá aliviar parte de la presión, pero las matemáticas vuelven a imponerse: incluso incorporando medio millar largo de plazas, seguiría quedando un número importante de personas fuera si no se produce paralelamente una liberación considerable de capacidad mediante retornos.

Por eso Caballería difícilmente puede ser el último movimiento.

La apertura de Caballería aliviará la presión, pero por sí sola no resolverá el problema: con más de 3.000 personas todavía fuera de los recursos, la velocidad de los retornos será determinante

GUANO Y K8 CONTINÚAN EN EL MAPA

El Real Decreto que articula la respuesta a la crisis contempla otros terrenos que podrían entrar en funcionamiento.

Entre ellos figuran espacios en el Guano, próximo al Trampolín, y la antigua instalación militar conocida como Batería K-8, en Benzú. El Gobierno los ha manejado como posibles emplazamientos posteriores a Caballería.

No todos los proyectos se encuentran, sin embargo, en el mismo grado de desarrollo. En una crisis de estas características existe además un factor que explica parte del hermetismo institucional: hacer pública con demasiada antelación la apertura exacta de un recurso puede generar desplazamientos espontáneos de personas hacia el lugar, concentraciones, protestas o problemas para organizar posteriormente un traslado controlado.

De ahí que en varias fases de la crisis las administraciones hayan evitado concretar públicamente determinadas ubicaciones hasta disponer de los dispositivos operativos y de seguridad necesarios.

Pero si Caballería no basta y los retornos no liberan plazas a suficiente velocidad, será inevitable activar nuevas capacidades.

FUERTE MENDIZÁBAL VUELVE A ESCENA

En ese escenario aparece una de las posibilidades con mayor capacidad potencial: los terrenos situados en las inmediaciones del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal.

La Ciudad confirmó a mediados de septiembre que el Estado estudiaba un recurso en esa zona, aunque las estimaciones iniciales difundidas entonces hablaban de unas 800 personas.

Posteriormente, el Ejecutivo ceutí confirmó que había propuesto terrenos próximos tanto a Fuerte Mendizábal como a Piniers, mientras Torres reconoció este jueves que habilitar un nuevo dispositivo junto a la prisión sigue siendo “una posibilidad”.

La explanada disponible permitiría estudiar un dispositivo de mayores dimensiones si técnicamente se considera viable. Cualquier ampliación de los espacios movilizables tendría, además, que encajarse en el marco normativo de la situación de interés para la Seguridad Nacional. El Real Decreto 681/2026 ya fue modificado el 1 de septiembre precisamente para actualizar sus anexos de capacidades y recursos.

Fuerte Mendizábal tiene, además, oposición. CCOO ya se manifestó contra la instalación de un asentamiento próximo a la cárcel al considerar que podría generar problemas en el entorno penitenciario.

Por tanto, la opción existe, pero todavía no puede darse por decidida.

LOS MENORES, EL OTRO GRAN FRENTE

Hay otra variable que puede modificar significativamente las cifras de ocupación: los menores que todavía se encuentran en dispositivos destinados inicialmente a adultos o que continúan pendientes de incorporación al sistema de protección.

El 22 de septiembre, el Gobierno contabilizaba 2.321 menores filiados y estimaba que todavía podía haber entre 500 y 700 sin incorporar plenamente a los recursos de protección.

Su situación jurídica es completamente diferente a la de los adultos.

La tutela corresponde a la Ciudad Autónoma y cada menor debe ser identificado y atendido dentro del sistema de protección. El Gobierno sostiene que la prioridad es intentar la reagrupación familiar cuando resulte legal y materialmente posible. Cuando no pueda producirse, los menores deberán permanecer bajo protección en Ceuta o ser trasladados a otros territorios mediante los mecanismos previstos legalmente.

La Ciudad ya ha tenido que ampliar extraordinariamente sus recursos.

El 1 de septiembre fueron trasladadas entre 67 y 68 niñas desde el campamento de Sidi Embarek hasta un centro habilitado en una nave del polígono del Tarajal. Apenas cuatro días después se produjo otro traslado mucho mayor: cerca de 290 menores abandonaron el dispositivo provisional instalado en el polideportivo Reina Sofía para ser alojadas igualmente en instalaciones del Tarajal.

Entidades especializadas como Engloba y SAMU participan en la gestión de recursos de protección de menores en Ceuta, dentro de un sistema sometido durante estas semanas a una presión extraordinaria.

La posible ampliación de instalaciones específicas para menores —incluidas alternativas planteadas por la Ciudad en el entorno de Piniers y otros espacios— permitiría separar definitivamente ambos circuitos: el de protección infantil y el de acogida temporal de adultos.

Y esa separación tendría una consecuencia adicional: cada menor correctamente derivado desde un dispositivo de adultos hacia el sistema de protección libera una plaza que puede utilizar otra persona que continúa en la calle.

DE 11.300 PLAZAS POSIBLES A UNA RED CONSTRUÍDA SOBRE LA MARCHA

La búsqueda de emplazamientos no comenzó ahora.

Ya el 26 de agosto, la Ciudad trasladó al Gobierno central una propuesta con una decena de ubicaciones que, conjuntamente, podían alcanzar unas 11.300 plazas. Entre ellas figuraban la Hípica, naves del Tarajal y distintos terrenos militares.

Aquella relación era un catálogo de posibilidades, no 11.300 camas disponibles de manera inmediata.

Desde entonces, cada emplazamiento ha tenido que superar condicionantes de titularidad, seguridad, accesibilidad, suministro de agua y electricidad, saneamiento, montaje, convivencia con los barrios próximos y disponibilidad de personal.

Algunos espacios fueron descartados o encontraron una fuerte oposición. El borrador inicial del Real Decreto llegó a contemplar numerosos polideportivos y el antiguo Hospital Militar, provocando el rechazo de la Ciudad y de organizaciones sindicales.

Otros terminaron convirtiéndose en recursos reales.

Así se ha construido, prácticamente semana a semana, una red provisional que hoy supera las 6.000 personas atendidas en instalaciones.

EL PRECEDENTE DEL PUERTO

La experiencia del Muelle de Poniente explica también por qué cada nuevo recurso exige planificación.

El traslado del 18 de septiembre movilizó un importante dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil. Miles de personas fueron agrupadas, identificadas y conducidas hacia el nuevo emplazamiento. Finalmente, unas 1.700 pudieron acceder al recinto.

Aquella mañana demostró que disponer físicamente de una explanada y levantar carpas es solamente una parte del problema.

Después hay que controlar los accesos, identificar a cada persona, establecer quién debe ocupar el recurso, organizar la asistencia, mantener la seguridad interior y exterior y, sobre todo, iniciar el procedimiento administrativo que determine qué ocurrirá después con cada uno de sus ocupantes.

Porque los campamentos no pueden convertirse en almacenes de personas.

Su utilidad depende precisamente de que sean temporales.

EL RELOJ CORRE HACIA MEDIADOS DE OCTUBRE

El objetivo marcado ahora obliga a mirar el calendario.

Desde este 25 de septiembre hasta mediados de octubre quedan aproximadamente tres semanas. El ritmo actual de retornos voluntarios, situado según Torres entre 150 y 200 diarios, supondría varios miles de salidas si pudiera mantenerse durante todo ese periodo.

Pero una proyección aritmética no equivale a una previsión. Los retornos dependen de decisiones individuales, procedimientos administrativos, solicitudes de protección internacional, identificaciones y cooperación con Marruecos.

Por eso el Gobierno necesita trabajar simultáneamente en dos direcciones.

Vaciar plazas y crear plazas.

Acelerar triajes, expedientes, retornos y expulsiones cuando legalmente procedan para generar rotación dentro de los dispositivos; y mantener preparados nuevos emplazamientos para absorber a quienes continúan en las playas si esa rotación resulta insuficiente.

Una estrategia sin la otra difícilmente permitirá cumplir el objetivo.

EL OBJETIVO FINAL SIGUE SIENDO MARRUECOS

Más allá de carpas, terrenos y traslados, el planteamiento expresado por el Gobierno continúa teniendo un destino final: Marruecos para aquellos adultos cuya situación administrativa determine que deben regresar.

Los dispositivos temporales no solucionan por sí mismos la crisis. La desplazan de las calles y playas hacia espacios controlados donde pueden desarrollarse los procedimientos administrativos, sanitarios y policiales.

Torres lo resumió esta semana al defender que primero es necesario acoger para posteriormente tramitar la situación de cada persona. También aseguró que los campamentos serán desmontados cuando dejen de ser necesarios.

Ahí se encuentra la diferencia entre gestionar la emergencia y resolverla.

Ceuta ha avanzado considerablemente en lo primero. Miles de personas han dejado las calles, existen más recursos, los retornos han aumentado y la maquinaria administrativa funciona ahora a mayor velocidad que durante las primeras semanas.

Pero lo segundo continúa pendiente.

A 57 días del 30 de julio, las chabolas del Trampolín y Benítez siguen siendo la prueba más evidente. Mientras permanezcan allí miles de personas, difícilmente podrá darse por superada la crisis.

Mediados de octubre aparece ahora señalado en rojo en el calendario.

Para entonces se comprobará si la combinación de más retornos, más rotación, más plazas y una mejor distribución de los menores ha sido suficiente para devolver las playas a su uso habitual o si, por el contrario, Ceuta tendrá que seguir ampliando una red de acogida que nació como excepcional y que todos los implicados aseguran que debe seguir siendo temporal.