Interior evita detallar cómo aplicará en Ceuta el nuevo Pacto de Migración y Asilo

La información sobre la organización y puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo que entra en vigor el próximo 12 de junio llega con cuentagotas a poco más de seis semanas de su aplicación. La nueva normativa, clave para el futuro de Ceuta, plantea importantes incógnitas que el Ministerio del Interior, al menos por ahora, no está resolviendo públicamente pese al cambio de escenario que supone y a las preguntas de los medios de comunicación.

Desde esa fecha, Marruecos figurará en la lista común europea de países de origen seguros. Esto no impide a sus nacionales solicitar protección internacional, pero sí modifica de forma sustancial el marco: sus peticiones podrán tramitarse por procedimientos acelerados o en frontera y el interesado deberá aportar elementos individuales que justifiquen por qué, pese a esa presunción general, necesita protección.

El Ministerio del Interior respondió a la consulta con una escueta declaración en la que asegura que informará "puntualmente" sobre la entrada en vigor del Pacto y sus implicaciones, pero admite que "en este momento no es posible adelantar detalles". La Delegación del Gobierno en Ceuta tampoco ha trasladado avances a este diario sobre cómo se aplicará el nuevo marco en la ciudad autónoma.

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo fue adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 14 de mayo de 2024, con un plazo de dos años para su implementación. El nuevo sistema se articula, entre otras normas, a través del Reglamento (UE) 2024/1348, que regula el procedimiento común de protección internacional, y del Reglamento (UE) 2024/1349, que establece el procedimiento fronterizo de retorno tras la denegación de una solicitud.

A ello se suma el Reglamento (UE) 2026/464, publicado en febrero de este año, que fija por primera vez una lista común europea de países de origen seguros, en la que se incluye a Marruecos junto a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo y Túnez.

La consecuencia práctica es una inversión parcial del enfoque en la tramitación: la solicitud sigue siendo examinada individualmente, pero la carga de justificar la necesidad de protección recae en mayor medida en el interesado. Sin esos elementos, el procedimiento podrá resolverse de forma más ágil y con mayores probabilidades de rechazo en un plazo breve.

Para Ceuta, donde la mayoría de las personas que acceden de forma irregular son de nacionalidad marroquí, el cambio no es baladí. El nuevo marco incorpora además salvaguardas específicas para menores y familias, por lo que su aplicación no opera de la misma manera que en el caso de adultos solos.

¿El fin de una práctica extendida?

Hasta ahora, una práctica habitual entre quienes accedían a Ceuta era solicitar protección internacional nada más entrar en territorio español. El resguardo de esa solicitud les permitía moverse con relativa libertad mientras el procedimiento, que podía prolongarse durante meses o años, seguía su curso.

El nuevo modelo pretende acotar esa dinámica. El Reglamento establece que las solicitudes tramitadas en procedimiento fronterizo deberán resolverse en plazos mucho más cortos y que, en caso de denegación, el retorno se ejecute en un máximo de doce semanas. Durante ese tiempo, la persona permanecerá en ubicaciones próximas a la frontera, zonas de tránsito u otros lugares designados, sin estar formalmente autorizada a entrar en el territorio del Estado miembro.

El sistema incorpora además una base de datos biométrica compartida que permitirá detectar solicitudes previas en otros países, lo que dificultará la presentación de nuevas peticiones en distintos Estados miembros.

Jordi Cañas, exeurodiputado de Ciudadanos y actualmente vinculado a la consultora The Grey en Bruselas, lo resume así: “La ley permite resolver con más agilidad procedimientos de asilo que se estaban utilizando para permanecer en Europa mientras el expediente se alargaba”. El sistema biométrico, añade, permitirá que una denegación quede registrada desde el primer momento.

El papel de Marruecos

El principal interrogante aparece en la fase de retorno. Si la solicitud es rechazada, la devolución del migrante depende de que Marruecos acepte su readmisión, algo que no está garantizado.

“Si no hay voluntad política, no hay norma que lo resuelva”, apunta Cañas, que sitúa el problema en el plano de la relación bilateral. La normativa europea fija el procedimiento, pero su eficacia depende de la cooperación entre Estados.

Teniendo todo esto en cuenta, surge otra incógnita a tener en cuenta en Ceuta: qué infraestructura se utilizará para albergar a estas personas durante el procedimiento. La normativa europea habla de ubicaciones próximas a la frontera o centros designados, pero no concreta cómo se articulará en la práctica en ciudades como Ceuta ni confirma si seguirá siendo el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o un lugar diferente.

Dudas sobre la preparación

A pocas semanas de la entrada en vigor, la falta de información pública sobre los protocolos que deberán aplicar Policía Nacional y Guardia Civil es un síntoma de la poca transparencia o de una planificación que llega tarde teniendo en cuenta un cambio delicado y drástico que tendrá que empezar a plantearse la Ciudad Autónoma. 

Cañas advierte de que la clave no está solo en la norma, sino en su aplicación efectiva: “Cuando entra en vigor una normativa, tienes que estar preparado para cumplirla desde el primer día”, apunta, al mismo tiempo que muestra sus dudas sobre la previsión.

A poco más de un mes de que entre en vigor el tan esperado Pacto de Migración y Asilo de la UE, la ausencia -al menos pública- de directrices concretas sobre cómo aplicarlo o cómo se gestionará uno de los cambios más relevantes en materia migratoria de los últimos años sigue creando incertidumbre en Ceuta, una de las principales puertas de entrada de ciudadanos de forma irregular desde España a la Unión Europea.