Interior ya ha identificado a 2.500 menores y 1.800 adultos extranjeros
Crisis migratoria
Las cifras han sido facilitadas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
El Ministerio del Interior ha identificado hasta ahora a 2.500 menores de edad en Ceuta tras la entrada irregular de personas procedentes de Marruecos registrada el pasado 30 de julio. La cifra ha sido facilitada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista publicada este domingo por El País.
Saiz ha explicado que Interior ha dado prioridad a la identificación de los menores y ha destacado la complejidad de un procedimiento que, según ha señalado, requiere tiempo y personal especializado. La ministra ha subrayado que las filiaciones no se realizan de manera automática, sino que necesitan profesionales formados que puedan reconstruir y comprobar la historia personal de cada migrante.
La movilidad de las personas que permanecen en las calles de Ceuta dificulta además estas labores, según ha indicado Saiz. Aun así, Interior ha conseguido identificar también a 1.800 ciudadanos marroquíes mayores de edad y prevé ampliar estas cifras durante los próximos días.
Un plan para los menores
Mientras continúan las labores de identificación, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. Entre las medidas que contempla se encuentra el traslado de alrededor de 500 niñas a la Península, sin que ello implique necesariamente transferir su tutela a las comunidades autónomas.
La propuesta ha sido cuestionada por el PP. La formación sostiene que debe prevalecer el interés superior del menor y defiende que este pasa por el reencuentro con sus familias. Los populares también argumentan que existe una petición de Marruecos para que los menores regresen a su país.
La posición de la formación conservadora ha provocado la respuesta del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de plantear medidas que supondrían “incumplir la ley con los menores” y ha defendido que cualquier actuación debe ajustarse al ordenamiento jurídico y a las garantías propias de un Estado de derecho.
