Investigadores de la UGR idean un plan para afrontar el curso

El inicio del curso escolar se plantea en Ceuta bajo el impacto de la crisis fronteriza. Ante este escenario, el grupo de investigación de la Universidad de Granada “Conocimiento abierto para la acción social” ha elaborado una propuesta de plan de actuación destinado a proteger el bienestar laboral y psicosocial del personal docente y garantizar la continuidad de la actividad educativa.

El documento, del que es responsable el profesor Fernando Trujillo, parte de la premisa de que los centros educativos deben continuar siendo espacios seguros y de aprendizaje tanto para el alumnado como para el profesorado. Para ello, plantea un conjunto de medidas temporales, coordinadas y evaluables que pretenden reducir la incertidumbre, la sobrecarga laboral y la exposición innecesaria a situaciones de tensión.

Una de las principales propuestas consiste en reducir de manera inmediata las tareas no esenciales durante el primer mes de curso. Los centros deberán identificar y suspender, simplificar o aplazar aquellas tareas administrativas, reuniones e iniciativas que no resulten indispensables para la seguridad, la docencia, la evaluación inicial, la comunicación con las familias o la atención de incidencias.

El documento también contempla adaptar temporalmente las programaciones y dar prioridad a actividades destinadas a recuperar rutinas, seguridad, escucha, convivencia y cohesión de los grupos. Esta adaptación, advierte, no debe convertirse en una nueva carga burocrática para los docentes.

Bienestar docente

Otra de las medidas centrales es la designación en cada centro de un enlace de bienestar docente bajo la supervisión de la dirección.

Esta figura tendría entre sus funciones recibir y canalizar de forma confidencial las preocupaciones laborales y psicosociales del profesorado, informar sobre los recursos disponibles, facilitar espacios voluntarios de apoyo entre iguales y trasladar a las autoridades educativas únicamente información agregada sobre necesidades y barreras.

El plan establece expresamente que esta persona no realizará valoraciones clínicas, no custodiará información sanitaria y no sustituirá a los servicios de prevención de riesgos laborales, sanitarios, sindicales o de dirección.

El documento propone poner a disposición del personal educativo un circuito de apoyo psicológico profesional, confidencial y voluntario, vinculado al Colegio Oficial de Psicología de Ceuta o a la Universidad de Granada.

El sistema debería ofrecer información sobre los recursos existentes, establecer plazos de respuesta y facilitar la derivación a atención especializada cuando exista malestar persistente, deterioro funcional o necesidad de intervención profesional. El informe recoge además que distintas investigaciones han observado mejoras posteriores a las intervenciones psicológicas dirigidas a docentes en aspectos como estrés, ansiedad, burnout y bienestar.

El plan subraya que el profesorado no debe asumir funciones clínicas. Los docentes pueden detectar cambios en el alumnado, ofrecer apoyo pedagógico de primera línea y activar los mecanismos de derivación, pero no diagnosticar ni realizar terapia.

Formación ante emergencias

Durante las dos primeras semanas se plantea ofrecer formación práctica en primeros auxilios psicológicos y en estrategias de aula informadas por el trauma. El objetivo sería dotar al profesorado de herramientas para escuchar, informar, estabilizar, prestar apoyo práctico, detectar cambios y derivar situaciones que requieran atención especializada.

El informe insiste, no obstante, en que esta formación no habilita a los docentes para diagnosticar ni realizar terapia.

Una de las recomendaciones más explícitas del documento es no obligar al personal a narrar experiencias potencialmente traumáticas, ni en sesiones grupales ni individuales.

“Los espacios de grupo se orientarán a información, apoyo práctico, resolución de problemas y derivación -precisan los investigadores-. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es no utilizar el debriefing psicológico para prevenir estrés postraumático, ansiedad o depresión después de un evento traumático reciente”.

Seguridad, movilidad y convivencia

El plan también aborda las condiciones físicas y de seguridad de los centros. Propone elaborar mapas de riesgos y, cuando la evaluación lo justifique, establecer rutas escolares seguras, puntos de encuentro, regulación exterior del tráfico y protocolos de incidencias.

En materia de seguridad exterior, plantea que los cerramientos, controles de acceso y otras medidas físicas respondan a una valoración técnica y tengan responsables, fechas de implantación y criterios para su retirada. El documento subraya que estas medidas deben ser proporcionales al riesgo y compatibles con la accesibilidad y la convivencia.

La comunicación también ocupa un lugar destacado. Durante las dos primeras semanas, el plan propone que la Dirección Provincial de Educación y los centros emitan un parte diario breve, a través de un canal único y reconocible. Posteriormente, la frecuencia pasaría a ser semanal.

Cuatro fases

Antes de la apertura de los centros se plantea designar a los referentes de bienestar docente, elaborar el mapa de riesgos, preparar los mecanismos de derivación, definir las tareas no esenciales y habilitar el buzón de preocupaciones.

Durante las semanas primera y segunda comenzarían la comunicación diaria, la formación inicial, la adaptación curricular, el apoyo confidencial y la cobertura prioritaria de ausencias. En las semanas tercera y cuarta se revisarían la carga de trabajo, las sustituciones y los indicadores. A partir de la quinta semana se plantea un retorno progresivo a la programación ordinaria, manteniendo los apoyos que sigan siendo necesarios.