José Miguel Morales, director de Andalucía Acoge: “Europa ya es rehén de la ultraderecha”

Hace apenas una semana que entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ya son muchas las críticas que ha suscitado entre organizaciones sociales, juristas y colectivos especializados. Las principales objeciones apuntan al endurecimiento de la política migratoria, a las dificultades para acceder a la protección internacional, a la agilización de los retornos y a la posibilidad de que los países de la UE articulen acuerdos con terceros Estados para gestionar fuera del territorio comunitario parte de esos procedimientos. El director de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, en una entrevista con este diario, pone en cuestión el nuevo acuerdo y advierte del giro de la organización que alberga 27 Estados. “Europa ya es rehén de la ultraderecha”.

Cinco años llevan desde Andalucía Acoge analizando coma a coma el Pacto Europeo de Migración y Asilo y, desde las primeras pinceladas, la conclusión siempre ha sido la misma. “Consideramos que es muy negativo”, explica Morales. El director de la conocida organización asegura que el acuerdo va “contra la lógica del derecho internacional, incluso de los intereses de la ciudadanía de la UE”. 

“Se están aprobando unas políticas de gestión de fronteras afines a discursos extremistas. En realidad son rehenes del discurso de la ultraderecha y responden más a que gobiernos y grandes partidos europeos se sienten amenazados por esa ola de ultraderecha que a la lógica de pensar en los derechos humanos. Ni siquiera se piensa en la gestión más inteligente para los intereses a medio y largo plazo de la Unión Europea”, lamenta Morales. 

El director de Andalucía Acoge adelanta que en Europa se van a empezar a ver situaciones “absurdas” de personas que ya han llegado al territorio y que van a ser expulsadas a países que no son los suyos. “Puede pasar que una familia de Perú llegue a Italia y sea enviada a Albania, a un centro de externalización de fronteras y se quede un tiempo indefinido”.

Recuerda Morales que el Gobierno de España ya cuenta con dos centros abiertos en Mauritania que, aunque actualmente no se utilizan para albergar migrantes retornados, podrían servir para ello en caso de que el Ejecutivo decidiera tomar ese ‘comodín’ que muchos Estados están ya organizando. Eso sí, la nueva normativa “permite”, no “obliga”, algo que alivia al director de Andalucía Acoge. 

“El pacto contempla varios reglamentos y alguna directiva. En muchos casos lo que dice es que el Gobierno de cada país podrá, pero no obliga. Podrá crear o hacer uso de esos centros, pero es decisión del país, por ello creo que España será responsable en este aspecto y garantizará que se respeten los derechos humanos”.

Lagunas en Ceuta

Uno de los puntos controvertidos del acuerdo impacta de lleno en Ceuta, territorio que soporta una fuerte presión migratoria al ser la frontera europea con el continente africano. Hasta este 12 de junio, día que entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, eran muchos los marroquíes que conseguían entrar de forma irregular y, a posteriori, pedían protección internacional y con el resguardo podían desplazarse a la península y circular libremente por el espacio Schengen. 

Con la nueva normativa, Marruecos ya ha pasado a ser país seguro, por lo que la petición de asilo se concederá a cuentagotas y siempre bajo una fuerte argumentación como que la vida del migrante corra realmente peligro, que sea homosexual u otra serie de cuestiones.

Por ello, los marroquíes mayores de edad que lleguen a Ceuta ya no lo tendrán fácil para conseguir asilo y España tendrá 12 semanas para hacer efectivo su retorno. ¿Pero dónde se quedarán durante esos tres meses? ¿Los aceptará el reino alauita desde la ciudad autónoma sin problemas? Estas preguntas aún no las ha resuelto el Ejecutivo, a pesar de las preguntas de este diario al Ministerio correspondiente. 

“Suponemos que ese tiempo estarán en el CETI o un centro análogo dependiente del Gobierno de España. El problema empezará, efectivamente, cuando pasen esas semanas y su solicitud sea denegada. Ahí es donde entraremos en terreno que todavía desconocemos y que no sabemos cómo se va a concretar. El Pacto Europeo nos parece, además de muy duro, muy poco constructivo”, expresa Morales. 

El director de Andalucía Acoge, que recuerda que el pacto deja margen para la decisión de los gobiernos nacionales, confía en que el Ejecutivo actual, en la línea con el discurso que lleva haciendo desde que Pedro Sánchez está en el poder, lleve a cabo una aplicación “garantista con los derechos humanos y con el conjunto de la población”. 

“A nadie nos interesa crear bolsas de gente que esté en tierra de nadie. Que ni siquiera se piense en el proceso de desarrollo personal del ciudadano, ni pueda volver a su país de origen. Eso no le interesa a nadie”, apunta.

La infancia como línea roja

Morales sitúa la protección de la infancia entre los puntos más delicados del nuevo marco europeo. A su juicio, el pacto puede abrir la puerta a situaciones que chocan con acuerdos internacionales de protección de menores, especialmente si niños solos o acompañados por sus familias acaban siendo enviados a países que no son los suyos. “No parece que sea el modelo de sociedad de la Europa de los derechos y de la Europa del bienestar que supuestamente queremos construir”, sostiene.

El director de Andalucía Acoge pone como ejemplo el caso de Italia y el centro habilitado en Albania, una fórmula que considera especialmente preocupante si termina afectando a menores. “Un chaval que venga con sus padres, por el hecho de no tener papeles, puede ser sacado de un país europeo para ser enviado incluso a un continente que no es el suyo”, advierte. Para Morales, no se trata solo de una discrepancia política, sino de un riesgo objetivo para la protección internacional de la infancia.

La organización espera que la aplicación del pacto en España sea “lo menos lesiva posible” para los derechos. Morales defiende que la política migratoria debe partir de una “evidencia”: las migraciones han tenido un papel fundamental en el desarrollo del país.

 “España no estaría en el momento económico en el que está hoy día si no fuese por la inclusión que se ha hecho de millones de personas migrantes”, afirma. Por eso, sostiene que el tiempo que transcurre entre la llegada de una persona y la normalización de su situación debe gestionarse de la forma “menos dañina posible”, con “garantías para quien migra, para la convivencia y con una mirada de futuro”.