JUCIL sale en defensa de los agentes españoles ante las acusaciones de Marruecos

JUCIL ha expresado su “apoyo inequívoco” a los agentes que prestaron servicio durante la crisis fronteriza de Ceuta y que continúan desplegados para contribuir a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. En un comunicado de prensa, la asociación profesional de guardias civiles ha rechazado de este modo y “categóricamente” las acusaciones contenidas en un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, en el que se atribuyen a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles responsabilidades generales por supuestos malos tratos.

La asociación considera que estos señalamientos no se corresponden con la actuación profesional de los agentes y reclama que cualquier acusación se sustente en pruebas y se tramite por las vías institucionales y judiciales correspondientes.

La organización sostiene que los guardias civiles han desarrollado su labor en un contexto de “alta exigencia operativa”, con el objetivo de proteger a la población, prestar auxilio humanitario y garantizar la integridad de una frontera que forma parte de España y de la Unión Europea. JUCIL recuerda que la actuación de la Guardia Civil está sometida al control de los tribunales, el Parlamento, el Defensor del Pueblo y los organismos de supervisión nacionales e internacionales. La asociación reclama además medios adecuados, instrucciones claras y respaldo institucional para los agentes destinados en la frontera con Marruecos.

El secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, ha defendido una posición firme frente a cualquier intento de atribuir a los guardias civiles responsabilidades por situaciones operativas que, según la organización, no han generado ellos. La asociación reclama a las instituciones españolas un respaldo explícito a los agentes y que la cooperación migratoria y fronteriza se base en “el rigor, el principio de veracidad y la vía institucional”.

Los responsables de JUCIL concluye reiterando su compromiso con los derechos humanos y la legalidad, al tiempo que anuncia que defenderá el honor profesional de los agentes ante “valoraciones globales que carezcan del debido sustento probatorio”.