Una juez quiere saber si la Guardia Civil tuvo información previa sobre el asalto a Ceuta

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Guardia Civil que aclare si recibió alguna información en los días previos que hubiese podido alertar de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta entre los pasados 30 y 31 de julio. Según informa Europa Press, la magistrada ha requerido a la Jefatura de Información del Instituto Armado un informe en el que detalle si existió algún tipo de aviso previo sobre la llegada irregular de miles de personas desde Marruecos, un episodio que desencadenó la mayor crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma.

Además de esa cuestión, Tardón reclama información sobre el dispositivo desplegado por la Guardia Civil durante aquellos días, especialmente en lo relativo a las operaciones de rescate desarrolladas en aguas territoriales españolas.

La instructora también solicita que se facilite la información disponible sobre las personas localizadas durante la crisis. En el caso de los fallecidos, pide conocer si consta la causa y la fecha de la muerte, mientras que respecto a los supervivientes interesa su identidad y los datos de localización que hayan podido ser recabados por los agentes.

La petición a la Guardia Civil se suma a otra diligencia acordada esta misma semana por la magistrada, en la que requirió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para determinar si la entrada masiva de inmigrantes fue una acción concertada y si pudo estar impulsada por una organización criminal.

La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa contra funcionarios, integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran resultar responsables de los hechos.

La organización atribuye la presunta comisión de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y del tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Antes de decidir si la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos, la magistrada ha solicitado también el criterio de la Fiscalía sobre esta cuestión.