Marruecos reivindica sus pretensiones territoriales sobre Ceuta y Melilla: "Planteamos el tema en cada reunión con España"
CRISIS MIGRATORIA
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, también pidió la repatriación de sus menores para reunirlos con sus familias
La entrada masiva de migrantes que sufrió -y sufre- Ceuta desde el pasado 30 de julio todavía se sigue haciendo notar en la Ciudad Autónoma, aunque la tensión haya ido bajando con el paso de los días. Sin embargo, la sombra de la amenaza de una nueva crisis migratoria en torno al día 15 de agosto se hace cada día más grande mientras unos y otros se preguntan qué intereses ocultos puede haber tras esta situación.
Una de las principales hipótesis siempre ha girado alrededor de las reivindicaciones -sin fundamento histórico- de Marruecos respecto a la soberanía de Ceuta y Melilla. Muchos han llegado a pensar que la crisis migratoria desatada en territorio español no era más que un aviso de los planes expansionistas marroquíes, y podrían estar en lo cierto.
Así lo transmiten las recientes palabras del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que ha asegurado este martes que el país norafricano mantiene una estrategia a largo plazo para insistir con esta cuestión al Gobierno español y lograr la “recuperación” de ambas ciudades: “Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión”.
Ouahbi, en declaraciones a la cadena televisiva Al-Sharq News, ha explicado que no se espera una solución inmediata al conflicto territorial desde Rabat, pero que no piensan mover su posición ni cambiar de opinión al respecto: “Nuestra política respecto a este asunto es de largo aliento. Seguimos reivindicando nuestros territorios y queremos resolver el problema mediante el diálogo”.
“Nosotros nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta”, ha añadido el alto cargo marroquí, intentando quitar presión sobre el asunto en un contexto en el que España y Marruecos todavía siguen intentando cooperar para resolver la situación de los menores marroquíes que aún permanecen en Ceuta.
“No renunciamos a nuestros niños. Queremos y exigimos que nuestros niños regresen a Marruecos”, ha reclamado, defendiendo que los menores deben volver con sus familias y ser considerados más como víctimas del sistema que como meros migrantes, ya que muchos son engañados para ser separados de sus seres queridos.
En ese sentido, además, desde Rabat rechazan contundentemente que los niños marroquíes puedan servir para solucionar el problema demográfico en España; un papel que no corresponde a Marruecos: “No somos un Estado destinado a resolver el problema demográfico de ningún otro país. No podemos arrancarlo de su familia para educarlo conforme a valores, una moral o unas creencias diferentes de los valores, la moral y las creencias marroquíes”.
Así, Ouahbi ha intentado zanjar las acusaciones que señalaban el tema de la inmigración masiva como una táctica de presión sobre la soberanía española para conseguir concesiones políticas, económicas o territoriales. El ministro ha sido tajante en su rechazo a dichas insinuaciones, reiterando las buenas relaciones tanto con el vecino español como con la Unión Europea: “Nosotros nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta y no tenemos intención de hacerlo”.
Lo que sí ha cuestionado, no obstante, es la política migratoria europea y española, remarcando una contradicción entre lo que se le pide a Marruecos y lo que realmente sucede con los migrantes. Mientras se reclama que se ponga freno a las salidas irregulares desde suelo marroquí, los migrantes que alcanzan España optan a ciertas ayudas para legalizar su situación y estar protegidos: “¿Quieren combatir la inmigración irregular o simplemente lanzar consignas que contradicen lo que hacen en la práctica?”.
“No pueden pedirme que impida la inmigración irregular y, cuando una persona migra irregularmente a España, ustedes le conceden una situación legal allí”, ha reprochado el ministro marroquí, cuyo gobierno considera que se deben establecer canales oficiales y procedimientos comunes con España y el resto de países europeos, que deben participar en una estrategia coordinada que determine qué ocurre antes, durante y después de una entrada irregular.