Oenegés reclaman garantías para la protección de los derechos de los menores extranjeros

Un grupo de organizaciones de infancia y derechos humanos ha trasladado al Gobierno de España su preocupación por la situación de los menores que han llegado a Ceuta desde Marruecos durante los últimos días y ha reclamado una respuesta coordinada que sitúe el interés superior de la infancia en el centro de todas las actuaciones.

Las entidades han remitido cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior, Defensa e Infancia y Juventud, y al delegado del Gobierno en Ceuta para pedir que se dé prioridad la atención inmediata a todos los niños y adolescentes llegados a la ciudad autónoma. En el escrito recuerdan que todos los menores tienen derecho a ser protegidos, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, tal y como recogen la legislación española y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las organizaciones consideran prioritario garantizar la identificación de los menores, proporcionarles un alojamiento digno y seguro y cubrir sus necesidades básicas de alimentación, atención sanitaria y protección. También reclaman que se realice una evaluación individualizada de cada caso para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, como necesidades de protección internacional, víctimas de trata u otras circunstancias que requieran una atención específica. Del mismo modo solicitan que todos los menores reciban información comprensible sobre su situación, asistencia jurídica especializada e interpretación cuando sea necesario.

No a las repatriaciones automáticas

Uno de los principales motivos de preocupación expresados por las organizaciones son las denuncias sobre posibles repatriaciones de menores sin las garantías legales exigidas. Las entidades recuerdan que la legislación española impide expulsar de forma automática a niños y adolescentes en contra de su voluntad y subrayan que cualquier decisión debe adoptarse tras escuchar al menor, analizar sus circunstancias personales y determinar cuál es la solución que mejor responde a su interés superior.

En caso de que el menor se oponga al retorno, sostienen que la repatriación solo puede llevarse a cabo mediante el procedimiento legal establecido, garantizando asistencia letrada independiente, la posibilidad de recurrir ante los tribunales y una valoración de las condiciones existentes en el país de origen. Las oenegés defienden que los menores en situación de desamparo sean inscritos de forma automática en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y asuman la tutela de las administraciones competentes.

Menores en la calle

Las organizaciones también muestran su preocupación por la situación de las personas que permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en distintas zonas de la ciudad, donde advierten de que podría haber menores aún no identificados y otras personas especialmente vulnerables. Por ello, reclaman que se garantice de forma inmediata el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y asistencia humanitaria, al tiempo que alertan especialmente de la situación de vulnerabilidad de las niñas que permanecen en la calle sin protección.

Además, recuerdan la importancia de aplicar el principio de presunción de minoría de edad, de forma que, en caso de duda, las personas sean consideradas menores hasta que se determine lo contrario, y defienden que quienes soliciten protección internacional puedan acceder al procedimiento de asilo sin ser objeto de repatriación mientras su situación no haya sido evaluada.

Las entidades consideran igualmente necesario habilitar los recursos de acogida que sean precisos en Ceuta, reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y activar los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas para facilitar el traslado de menores y garantizar una atención adecuada.

Finalmente, las organizaciones trasladan sus condolencias por las personas fallecidas durante la crisis migratoria -que las entidades cifran en 140- y ponen sus recursos a disposición de las administraciones para colaborar en la protección de la infancia, insistiendo en que los derechos de los menores "no pueden quedar condicionados por el contexto migratorio".

Entre las entidades firmantes figuran Plataforma de Infancia, Save the Children, Fundación Raíces, Asociación Elín, Asociación EXMENAS, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, Extranjeristas en Red, FAPMI-ECPAT, Servicio Jesuita a Migrantes y otras organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de la infancia.