El Pacto Migratorio Europeo y la reubicación de menores dibujan un horizonte positivo para Ceuta en 2026

PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN

El plan que la UE tiene previsto poner en marcha para junio del año que viene plantea un apoyo imprescindible, aunque persisten dudas sobre su implementación a corto plazo

Un migrante que porta un flotador en una playa de Ceuta
Un migrante que porta un flotador en una playa de Ceuta | REDUAN

CEUTA/ El horizonte para 2026 en materia migratoria en Ceuta se perfila más favorable que en los últimos años, pese a que el drama persiste y las muertes de jóvenes siguen apareciendo en la costa. A mediados de mes, la Comisión Europea activó el “primer ciclo anual de gestión de la migración en el marco del Pacto Migratorio Europeo y de Asilo”, aprobado en junio de 2024 y que entrará en vigor, salvo imprevisto, a principios del próximo verano. Este paso, que obligará a una mayor solidaridad entre los Estados miembros -ya sea mediante apoyo económico o reubicaciones-, unido a la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en España el pasado marzo, que ya está aliviando la presión sobre los centros de menores en los territorios más saturados, alimenta el optimismo de cara al próximo ejercicio tras un periodo crítico que ha llevado al límite a la ciudad autónoma y a Canarias.

En plena disputa entre el Gobierno y las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular, que han recurrido al Constitucional la obligación de acoger menores de Ceuta, Canarias y Melilla alegando “invasión de competencias” y criterios subjetivos, el Estado recibió buenas noticias el 12 de noviembre. La Comisión Europea declaró a España, Italia, Grecia y Chipre como países “bajo presión migratoria”, por lo que podrán activar los mecanismos previstos en el Pacto Migratorio que salió adelante en 2024 y que entrará plenamente en vigor en junio de 2026.

Para Jordi Cañas, eurodiputado catalán de Ciudadanos entre 2019 y julio de 2024 e integrante por aquel entonces del grupo liberal Renew Europe en las comisiones relacionadas con el acuerdo, el hecho de haber logrado un entendimiento que califica de “histórico” tras casi cuatro años de negociación es positivo, especialmente para Ceuta, aunque admite que mantiene dudas sobre su implementación a corto plazo.

“Fue uno de los debates más duros y complejos de la legislatura 2019-2024 por su dimensión técnica, jurídica y política. Conseguir ese acuerdo fue un éxito y es un avance importante, aunque podría haber ido más lejos, sobre todo en la parte de la migración legal”, subraya en conversación con este diario.

Según la información oficial, la solidaridad entre Estados miembros podrá adoptar múltiples formas: reubicación de personas, ayuda operativa, recursos materiales, apoyo en la gestión de fronteras o asistencia financiera hacia los países bajo presión migratoria.

Jordi Cañas
Jordi Cañas | Redes Sociales

El objetivo es “aliviar la carga sobre los países de primera llegada, asegurar que no haya un Estado solo ante la crisis y repartir responsabilidad”. Un planteamiento que afecta directamente a Ceuta, que ya está notando un alivio significativo en sus centros de menores tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

El Pacto Migratorio Europeo ofrece además a los países bajo presión la posibilidad de que otros Estados miembros acojan a parte de los solicitantes de asilo. En la ciudad autónoma este punto es especialmente relevante, dada la frecuente sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), destinado únicamente a personas adultas, y el habitual requerimiento de dicho mecanismo por diferentes razones. El Gobierno también evitaría los recurrentes conflictos para reubicar a los migrantes en comunidades reticentes, especialmente las gobernadas por el PP.

Pilares y dudas

El antiguo eurodiputado, muy implicado con Ceuta durante su etapa en primera línea política, admite cierto escepticismo sobre la puesta en marcha práctica de un acuerdo que define como necesario, pero cuyos engranajes aún no se perciben en la ciudad.

Cañas destaca tres pilares que afectan directamente a Ceuta: el screening en frontera y el registro biométrico “desde el minuto uno”, los procedimientos acelerados para quienes tienen “muy pocas opciones de asilo” y la solidaridad obligatoria -reubicaciones o pagos- que evita que España “cargue sola” con la presión migratoria.

“Es verdad que el pacto busca reducir los flujos irregulares y que haya una mayor solidaridad entre los países; eso es clave para territorios en primera línea como Ceuta”, señala. Y remarca lo que, a su juicio, es más relevante de cara a la ciudad: “Lo más importante es que se hace el ‘screening’ desde el primer momento y se comparten los datos biométricos para evitar que alguien pida asilo en España, se lo denieguen y luego recorra Europa repitiendo el proceso”.

La implementación del nuevo mecanismo es precisamente lo que alimenta sus dudas. El acuerdo entra en vigor en junio de 2026 y, según recuerda, “quedan solo seis meses”. Explica Cañas que ha visto obras y adaptaciones en aeropuertos como Madrid y Barcelona, pero “nada parecido en Ceuta, ni en el puerto ni en la frontera”.

“El pacto obliga a tener centros de ‘screening’ fronterizo, sistemas biométricos y espacios específicos para las personas que llegan irregularmente; yo no veo que eso se esté preparando en Ceuta. España ha sido muy rápida en adaptar la normativa, pero ahora hay que ejecutarla, y ahí es donde tengo dudas, sobre todo en zonas calientes como Ceuta y Melilla”, advierte.

“Mapa definitivo”

Aunque la Comisión ya propuso y aprobó el llamado “contingente de solidaridad anual”, aún quedan cuestiones clave por cerrar en los próximos meses para dibujar el mapa definitivo del procedimiento.

El tamaño del contingente, la cuota por país o qué porcentaje corresponderá a reubicaciones, fondos u otras formas de apoyo son aspectos que todavía no han sido decididos por los Veintisiete. Será el Consejo de la UE quien lo determine, por lo que aún no existe un documento final.

Aunque el marco legal esté prácticamente listo y España ya esté reconocida como país con derecho a activar el mecanismo, falta por concretar el número de derivaciones, la cuantía de los fondos u otros aspectos como edades, perfiles o nacionalidades.

“El pacto deja claro que tiene que haber acuerdos específicos con los países emisores y una condicionalidad real en la ayuda y en los acuerdos comerciales si no colaboran en los retornos”, concluye Cañas, en referencia implícita a Marruecos.

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