La Plataforma de Infancia pide garantizar los derechos de los niños y adolescentes llegados a Ceuta

Ceuta/ Ante la llegada en los últimos días de alrededor de 7.000 niñas, niños y adolescentes a Ceuta y la pérdida de vidas humanas durante el intento de alcanzar territorio español, la Plataforma de Infancia pide a las administraciones públicas que sitúen la protección de la infancia en el centro de todas las actuaciones y garanticen plenamente sus derechos teniendo en cuenta el interés superior del niño. Así lo ha hecho saber a través de una nota de prensa remitida a este medio.

"Toda niña, niño o adolescente tiene derecho a ser protegido, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, al igual que con los tratados internacionales y en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En un contexto de crisis humanitaria, resulta imprescindible asegurar en un primer momento una respuesta coordinada entre las distintas administraciones que garantice la atención inmediata, el acceso a alimentación, alojamiento, atención sanitaria, apoyo psicosocial, asistencia lingüística y representación legal cuando sea necesaria", afirma la entidad.

La Plataforma de Infancia recuerda que cualquier decisión que afecte a una niña o un niño debe adoptarse atendiendo a su interés superior. Esto exige identificar a cada niña o niño, escucharle, evaluar de manera individualizada sus circunstancias y detectar posibles necesidades específicas de protección, incluyendo aquellas relacionadas con la solicitud de protección internacional o con situaciones de especial vulnerabilidad. En este proceso deben participar diferentes profesionales con formación especializada, enfoque de infancia, género y derechos humanos, además de proteger de forma adecuada la salud mental de estas niñas, niños y adolescentes y dotarles de atención especializada y el apoyo psicosocial necesario.

Asimismo, la organización recuerda que las devoluciones de niñas, niños o adolescentes no pueden realizarse de forma colectiva ni sin las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier procedimiento de retorno debe respetar los derechos de la infancia, estar motivado individualmente y valorar cuál es la solución que mejor protege el bienestar y el desarrollo de cada niña o niño.

El Tribunal Supremo ratificó en sus sentencias de 2024 ante las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes desde Ceuta a Marruecos que los procedimientos de rechazo en frontera y devoluciones no están legalmente previstos para las niñas, niños y adolescentes. El Tribunal Constitucional ha exigido la identificación y determinación de las necesidades específicas de las personas migrantes en el marco del procedimiento de devolución.

Igualmente, es fundamental que el procedimiento de determinación de la edad se inicie exclusivamente cuando existan dudas sobre la minoría de edad de las niñas o niños. Debe reconocerse la validez de la documentación oficial de estas niñas y niños. Este debe llevarse a cabo siguiendo las garantías estipuladas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Como ha vuelto a confirmar el Tribunal Supremo en una sentencia del 30 de julio, una niña o niño no acompañado no puede ser sometido a pruebas médicas cuando dispone de un pasaporte válido.

La Plataforma de Infancia muestra también su preocupación por el aumento de los discursos que criminalizan a la infancia migrante y recuerda que detrás de cada llegada hay niñas, niños y adolescentes que huyen y que cruzan fronteras muy peligrosas y mortíferas, en este caso, a nado, debido a la voluntad de querer mejorar sus vidas y las de sus familias. Su protección constituye una obligación legal y ética que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos.

Además, la organización insiste en que la respuesta a esta situación debe llevarse a cabo desde el respeto a los derechos de la infancia, garantizando procedimientos individualizados, protección especializada y soluciones duraderas que respondan al interés superior de cada niña, niño y adolescente.