Proponen retirar los móviles a los migrantes en Ceuta desde la asociación de directores de seguridad
INVASIÓN
La propuesta plantea la retención de los teléfonos como medida para dificultar una eventual coordinación entre las personas que permanecen en la ciudad y facilitar su identificación y control.
La Asociación de Directores de Seguridad de Ceuta ha elaborado un documento en el que plantea la retención temporal de los teléfonos móviles de las personas migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
El texto parte de la consideración de que el uso generalizado de teléfonos móviles permitiría mantener una comunicación permanente entre estas personas y, según sus autores, facilitar tanto su dispersión como una eventual concentración rápida ante determinadas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La asociación sostiene que la medida podría contribuir también a identificar a las personas que se encuentran irregularmente en Ceuta, mediante los datos que deberían aportar para recuperar posteriormente sus dispositivos. El documento apunta, además, que la retirada de los teléfonos limitaría el uso de servicios bancarios a través de estos aparatos y favorecería que los afectados acudieran a los puntos de entrega de ayuda humanitaria.
Una propuesta que sus autores consideran legal
El documento dedica buena parte de su contenido a justificar jurídicamente la medida. Sus autores distinguen entre la retención física del teléfono y el acceso a la información almacenada en él. En relación con el derecho a la intimidad, recogido en el artículo 18 de la Constitución, sostienen que la mera retirada del dispositivo no supone acceder a sus comunicaciones. Recuerdan que, para consultar su contenido, sería necesaria la correspondiente autorización judicial.
Respecto al derecho de propiedad, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, la asociación argumenta que puede ser limitado por razones de utilidad pública o interés social y considera que la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada para Ceuta permitiría adoptar esta medida.
El documento cita expresamente la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en relación con Ceuta. A partir de estas normas, sus autores sostienen que la retención podría acordarse mediante una resolución de la autoridad funcional encargada de gestionar la situación.
Recogida, custodia y devolución
La propuesta no se limita a plantear la retirada de los terminales. También incluye un procedimiento para su gestión. En primer lugar, propone una recogida inicial de carácter masivo, acompañada de un formulario en el que queden registrados tanto los datos de la persona como los del teléfono. Posteriormente, se establecería un dispositivo de seguridad para realizar nuevas retenciones si fueran necesarias.
Los móviles deberían permanecer individualizados y almacenados de forma que se garantice que no sean manipulados, salvo en los supuestos previstos legalmente. La asociación calcula que, incluso ante más de 10.000 dispositivos, el volumen físico necesario para almacenarlos sería relativamente reducido, aunque habría que habilitar espacios y contenedores seguros para su custodia.
La devolución quedaría vinculada, según el documento, a la salida de España de las personas afectadas. Para ello se plantea preparar un dispositivo que permita entregar los teléfonos de manera rápida en caso de retorno voluntario. El texto contempla también un escenario de protestas o reclamaciones violentas y reclama que, en ese supuesto, se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de ciudadanos y agentes.
La propuesta constituye, en definitiva, una iniciativa de una organización del ámbito de la seguridad que plantea utilizar la retirada temporal de los teléfonos como herramienta de control y prevención ante la situación generada en Ceuta. Su aplicación efectiva dependería, en todo caso, de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de la interpretación y aplicación de la normativa vigente.